(A mi amiga, Sole Capote Raya,
que anda por los mismos parámetros
ideológicos que yo)
La coyuntura política actual, lejos de ofrecer certezas, plantea una disyuntiva histórica que no puede resolverse desde la complacencia ni desde la aritmética parlamentaria entendida como un fin en sí mismo: tras décadas de luchas, avances parciales y retrocesos calculados, no basta con celebrar que el bloque conservador encabezado por el Partido Popular no alcance la mayoría absoluta; hacerlo sería aceptar como horizonte estratégico la mera contención del adversario, cuando lo que está en juego es la transformación estructural de las condiciones materiales de existencia de la clase trabajadora. En este sentido, la lectura superficial de los resultados electorales conduce a un callejón sin salida: asumir que impedir una mayoría absoluta equivale a una victoria es, en el fondo, asumir que el marco político vigente es inmutable, que las relaciones de poder están dadas y que la izquierda sólo puede aspirar a gestionar los márgenes del sistema. Pero la historia enseña lo contrario: ninguna conquista social relevante ha sido fruto de la resignación, sino de la confrontación organizada y sostenida contra los intereses de las élites económicas y políticas.
Desde esta perspectiva, los 41 escaños obtenidos no deben interpretarse como un techo, sino como una base de acumulación política que, si se trabaja con coherencia ideológica y voluntad transformadora, puede abrir paso a una reconfiguración del tablero institucional. No se trata de una cifra anecdótica ni de un simple dato electoral: es la expresión concreta de un espacio político que, pese a las divisiones, sigue contando con un respaldo social significativo. La cuestión, por tanto, no es cuantitativa sino cualitativa: ¿qué proyecto se construye sobre esa base?, ¿qué horizonte estratégico se propone a la mayoría social?, ¿qué tipo de alianzas se articulan y en torno a qué programa?. Porque sin una orientación clara hacia la defensa de lo público, hacia la redistribución de la riqueza y hacia la ruptura con las dinámicas privatizadoras, cualquier representación institucional corre el riesgo de diluirse en la gestión rutinaria del statu quo.
El avance de las políticas neoliberales en las últimas décadas ha demostrado que la ofensiva contra lo público no es un fenómeno coyuntural, sino un proyecto de clase perfectamente articulado: la externalización de servicios, la mercantilización de derechos básicos como la sanidad o la educación, y la subordinación del interés general a la lógica del beneficio privado no son errores de gestión, sino decisiones políticas orientadas a transferir recursos desde la mayoría social hacia una minoría privilegiada. En este contexto, el papel del Partido Popular ha sido el de ejecutor disciplinado de ese programa, consolidando un modelo en el que el Estado actúa como garante de los intereses del capital. Que no haya alcanzado la mayoría absoluta en Andalucía, no implica que su proyecto esté derrotado; simplemente indica que necesita apoyos adicionales para seguir avanzando en la misma dirección.
Y es precisamente en la búsqueda de esos apoyos donde se evidencia otra de las claves del momento político: la normalización de alianzas con fuerzas de extrema derecha. Los pactos en comunidades como Extremadura, Aragón, Castilla y León o Valencia no son anomalías, sino la expresión de una convergencia ideológica en torno a un mismo eje: la recentralización del poder, el recorte de derechos y la construcción de un relato reaccionario que señala a los sectores más vulnerables como responsables de las crisis. Este desplazamiento del centro de gravedad hacia posiciones cada vez más autoritarias no puede analizarse al margen de la crisis del modelo económico, que necesita reforzar mecanismos de control social para sostener niveles crecientes de desigualdad. En este sentido, el bloque conservador no sólo busca gobernar, sino redefinir las reglas del juego en favor de una agenda profundamente regresiva.
Frente a esta ofensiva, el PSOE, se encuentra ante una encrucijada que no puede seguir postergando: o asume que el avance social sólo es posible mediante la articulación de una mayoría política claramente orientada a la izquierda, o continuará oscilando entre discursos progresistas y prácticas de gestión que, en última instancia, reproducen las lógicas neoliberales del sistema. La experiencia reciente demuestra que las políticas de moderación, presentadas como pragmatismo, terminan desmovilizando a la base social y dejando espacio para el crecimiento de opciones reaccionarias. La idea de que es posible avanzar en derechos sin confrontar con los intereses del capital ha demostrado ser, en el mejor de los casos, ingenua y, en el peor, funcional a la perpetuación de las desigualdades.
Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en el socialismo institucional. La izquierda situada a la izquierda del Partido Socialista arrastra sus propias contradicciones, muchas de ellas derivadas de dinámicas internas que priorizan el protagonismo individual sobre la construcción colectiva. Los personalismos, las disputas orgánicas y la fragmentación del espacio político han debilitado la capacidad de intervención en un momento en el que la unidad no es una opción táctica, sino una necesidad estratégica. No se trata de una unidad vacía o meramente electoral, sino de una convergencia basada en un programa común de transformación social que permita articular una alternativa real al modelo dominante.
La jornada electoral en Andalucía ofrece elementos de análisis que no pueden ser ignorados. El aumento de la participación, lejos de beneficiar automáticamente al bloque conservador, ha contribuido a ampliar la representación de las fuerzas de izquierda, con un incremento de seis escaños que, en un escenario de mayor coordinación, podrían haber sido aún más. Este dato desmonta uno de los mitos recurrentes del discurso político: que la movilización electoral favorece siempre a la derecha. Lo que realmente determina el resultado es la capacidad de las fuerzas progresistas para ofrecer un proyecto creíble, coherente y capaz de interpelar a amplios sectores de la población.
En este sentido, la fragmentación electoral tiene consecuencias directas sobre la representación política. La existencia de múltiples candidaturas que compiten por un mismo espacio social no sólo dispersa el voto, sino que transmite una imagen de división que debilita la confianza de los electores. La suma de voluntades no puede entenderse como una simple operación aritmética, sino como un proceso político que requiere generosidad, visión estratégica y capacidad de síntesis. La unidad, cuando se construye sobre bases programáticas sólidas, no diluye las identidades políticas, sino que las potencia al situarlas en un marco común de acción.
De cara a las próximas elecciones generales, previstas para el próximo año, las lecciones de esta jornada deben ser asumidas con rigor. Aunque las dinámicas autonómicas no son plenamente extrapolables al ámbito estatal, sí ofrecen indicios claros sobre las tendencias de fondo: la polarización creciente, la consolidación de un bloque conservador dispuesto a pactar con la extrema derecha y la existencia de un espacio de izquierda que, pese a sus limitaciones, mantiene una base social significativa. Ignorar estos elementos sería un error estratégico de primer orden.
La construcción de una alternativa capaz de frenar el avance de políticas regresivas pasa, necesariamente, por la articulación de un frente amplio de izquierdas que supere las lógicas de competencia interna. Este frente no debe limitarse a una coalición electoral, sino que debe proyectarse como un sujeto político capaz de disputar la hegemonía cultural y económica. Para ello, es imprescindible recuperar un discurso que sitúe en el centro la cuestión de clase, que denuncie las desigualdades estructurales y que proponga medidas concretas para revertirlas: fortalecimiento de los servicios públicos, reforma fiscal progresiva, control democrático de sectores estratégicos y ampliación de derechos laborales.
Al mismo tiempo, es necesario reconstruir los vínculos con los movimientos sociales, que han sido históricamente el motor de las transformaciones. La institucionalización de la política no puede implicar la desconexión con las luchas que se desarrollan en el ámbito cotidiano: en los centros de trabajo, en los barrios, en las plataformas en defensa de la sanidad y la educación públicas. Sin esta conexión, cualquier proyecto político corre el riesgo de convertirse en una estructura burocrática alejada de las necesidades reales de la población.
El avance del autoritarismo no es un fenómeno aislado, sino la respuesta de las élites a una crisis sistémica que cuestiona la sostenibilidad del modelo actual. En este contexto, la defensa de la democracia no puede reducirse a la preservación de sus formas institucionales, sino que debe implicar una profundización de sus contenidos: más participación, más control ciudadano y más capacidad de decisión sobre los recursos colectivos. La democracia, entendida en estos términos, es incompatible con la concentración de poder económico en manos de unos pocos.
Por ello, la tarea de la izquierda no es únicamente resistir, sino construir una alternativa que permita avanzar hacia un modelo de sociedad más justo e igualitario. Esto implica asumir que los cambios necesarios no serán el resultado de acuerdos puntuales, sino de un proceso sostenido de acumulación de fuerzas. La política, en este sentido, no es un ejercicio de gestión, sino un terreno de disputa en el que se enfrentan proyectos de sociedad antagónicos.
La apelación a la unidad no debe entenderse como un eslogan vacío, sino como una estrategia consciente orientada a maximizar la capacidad de intervención política. La historia del movimiento obrero está llena de ejemplos que demuestran que la división sólo beneficia a quienes detentan el poder. Superar las diferencias no significa ignorarlas, sino integrarlas en un marco común que permita avanzar hacia objetivos compartidos.
En definitiva, el momento actual exige claridad política y determinación. No basta con impedir que la derecha gobierne en solitario; es necesario construir una mayoría social y política que haga posible un cambio real. Esto implica asumir riesgos, abandonar inercias y apostar decididamente por la transformación. El futuro no está escrito, pero sí condicionado por las decisiones que se tomen en el presente.
La consigna es clara: no conformarse, no retroceder, no fragmentarse. La lucha continúa, no como una consigna retórica, sino como una necesidad histórica. Porque frente a quienes pretenden consolidar un modelo basado en la desigualdad y la exclusión, existe una alternativa que, si logra articularse con inteligencia y coherencia, puede convertirse en una barrera efectiva contra el retroceso y en un motor de avance hacia una sociedad más justa. El futuro, lejos de ser una promesa abstracta, es un campo de batalla en el que la izquierda debe decidir si quiere ser espectadora o protagonista.
