Les piden 12 años de cárcel por fabricar y traficar con armas en Hellín

Tras localizar más de un centenar de armas y miles de cartuchos en una nave industrial

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La Audiencia Provincial de Albacete juzgará este martes, 19 de mayo, a A.C.B.M. y V.L.G. por la creación y gestión de un negocio ilegal de fabricación y tráfico de armas en Hellín. La Fiscalía solicita para ambos acusados una pena de 12 años de prisión, tras una investigación que permitió localizar más de un centenar de armas de distinto calibre, así como miles de cartuchos y material para la fabricación de armamento.

Según el escrito de la acusación, V.L.G. organizó entre 2012 y 2013 un negocio de fabricación y venta de armas y munición ilegal en una nave alquilada en Hellín. El acusado carecía de cualquier tipo de autorización legal y las instalaciones no cumplían con la normativa vigente. V.L.G. figuraba como administrador único de la empresa, sin que constara la contratación legal de más personal.

La investigación detalla que el acusado utilizaba la maquinaria e infraestructura de la nave para construir armas por encargo y modificar otras, optimizándolas según las peticiones de los clientes. Los encargos llegaban tanto de particulares como de emisarios o incluso de fábricas de armas, aunque de forma sintetizada. En algunos casos, las armas eran enviadas bajo el amparo de la guía de circulación de alguna armería o cedidas en uso al acusado o a su esposa, con el objetivo de dar apariencia de legalidad y permitir las modificaciones necesarias. Para ello, V.L.G. empleaba herramientas que él mismo fabricaba o adquiría en el extranjero.

Además, el acusado realizaba labores de recarga de cartuchería metálica para terceros, pese a no contar con la autorización de la Intervención Central de Armas y Explosivos. Según la acusación, adquiría la cartuchería en países europeos o a particulares en España, utilizando servicios de mensajería y la colaboración de terceros. La Fiscalía también le atribuye la importación de componentes y armas, principalmente fusiles, desde otros países europeos, utilizando servicios de paquetería y empresas pantalla para repararlos y comercializarlos ilegalmente tanto en España como en el extranjero.

En esta actividad, V.L.G. contaba con la colaboración de A.C.B.M., con quien compartía una sociedad mercantil. Este último dirigía y participaba en las actividades, mediando en el pago del alquiler de la nave, los gastos y el uso de vehículos de alquiler para el transporte y recogida de armas en otras provincias, donde se realizaban las modificaciones. Posteriormente, las armas eran publicitadas a través de foros especializados en armamento.

El 29 de julio de 2013, el Juzgado de Instrucción nº2 de Hellín autorizó la entrada en el domicilio de uno de los acusados y en la nave industrial, donde se localizaron casi un centenar de fusiles, carabinas y escopetas, 11 armas cortas, una ametralladora pesada inservible, cerca de 5.000 cartuchos de diversas categorías, 35 kilos de pólvora y numerosas herramientas y accesorios armamentísticos, como silenciadores.

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