El reciente Decreto publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que regula la formación en sanidad animal e higiene para personas que participen en actividades cinegéticas, ha generado un rechazo unánime por parte del Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla-La Mancha. El colectivo denuncia que la nueva normativa permite a los cazadores asumir funciones propias de los veterinarios tras una formación de solo 28 horas, que podría reducirse a 22,5 horas con la asistencia mínima exigida.
El Decreto establece que los cazadores podrán realizar tareas como la categorización de subproductos, la obtención de información sanitaria y la comunicación de sospechas de enfermedades animales de declaración obligatoria, muchas de ellas transmisibles al ser humano. Además, les habilita para revisar las condiciones de higiene de los locales de manipulación de piezas de caza, supervisar los medios de transporte y autorizar la venta en pequeñas cantidades de carne de caza sin la supervisión de un veterinario.
El Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla-La Mancha ha manifestado su rechazo al Decreto, afirmando que “permite a cazadores, sin la adecuada formación, realizar actuaciones que no garantizan la sanidad animal, la seguridad alimentaria y por tanto, ponen en peligro la salud de las personas”. Desde el Consejo, consideran que “no debería existir un interés superior a la salud pública y a la sanidad animal que haya llevado a legislar en este sentido”.
El colectivo veterinario advierte que la nueva normativa no asegura la sanidad animal de las especies cinegéticas, lo que consideran especialmente grave dada la relación de estas especies con la producción de alimentos y la expansión de enfermedades como la tuberculosis o la peste porcina africana. “Están limitando el comercio nacional e internacional y la actividad económica de los sectores ganaderos, dejando fuera del control veterinario a enfermedades como la tuberculosis o la peste porcina africana, aún sin controlar”, señalan.
En octubre de 2025, el Consejo presentó alegaciones científicas al borrador del Decreto ante la Consejería de Sanidad, en línea con la normativa europea y nacional. Sin embargo, lamentan que “dichas alegaciones no sólo no han sido tenidas en cuenta por la citada Consejería, sino que, desde la misma no nos han comunicado las razones técnicas o políticas de su no consideración”.
El Consejo recuerda que la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias atribuye a los veterinarios el control de la higiene y la tecnología en la producción y elaboración de alimentos de origen animal, así como la prevención de zoonosis. “Ninguna de estas materias puede dejarse a merced de personas con insuficiente formación que ponga en juego la salud pública”, advierten.
Asimismo, alegan la nulidad de pleno derecho de la figura del ‘cazador formado’, por estar fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto 50/2018, y recuerdan que los cotos ya están registrados como explotaciones ganaderas y cuentan con un veterinario encargado de comunicar patologías y enfermedades, “no debiendo permitirse que estas funciones las asuma el cazador”.
El Consejo subraya que la normativa europea, como el Reglamento 853/2004, exige el cumplimiento de estrictas normas sanitarias en la manipulación de alimentos de origen animal, especialmente en el caso de la carne de caza, que puede ser portadora de enfermedades transmisibles al hombre y tiene una alta capacidad de proliferación bacteriana.
Por todo ello, el Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla-La Mancha manifiesta su indignación porque “se está regulando en contra del interés general y de la defensa y garantías de la sanidad animal y la seguridad alimentaria, objetivos que, en cualquier caso, debería primar la Administración”. Finalmente, denuncian “que se ha atendido a los intereses de otros colectivos y no se vela por la seguridad de los consumidores ya que existe un enorme riesgo de que se comercialicen canales de piezas de caza sin la supervisión de un veterinario”.
