La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará la próxima semana, entre los días 14 y 17 de octubre, a siete personas acusadas de integrar una red dedicada a la trata de seres humanos, la prostitución coactiva y los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
El Ministerio Fiscal pide para los dos principales acusados, B.N.A.C. y J.R.A., 39 años de prisión cada uno, aunque establece un máximo de cumplimiento efectivo de 18 años, conforme al artículo 76.1 del Código Penal.
Según el escrito de acusación, ambos acusados, pareja sentimental y de nacionalidad española, captaron a nueve mujeres en Colombia, aprovechándose de su situación de necesidad y prometiéndoles trabajo o libertad para ejercer la prostitución en España.
Una vez en el país, eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día, sin poder salir de las viviendas sin permiso y bajo el control constante de los procesados.
Las víctimas, según el fiscal, fueron trasladadas a viviendas de Valdepeñas (Ciudad Real) y Motril (Granada), donde eran explotadas sexualmente para saldar una deuda ficticia de 4.000 euros por el viaje y la documentación.
Los acusados se quedaban con la mitad de los beneficios y además les vendían preservativos, lubricantes, fármacos sexuales y cocaína, sustancia que también se ofrecía a los clientes.
Durante la investigación policial se intervinieron más de 9.000 euros en efectivo, libretas con anotaciones, teléfonos móviles y cientos de preservativos, además de medicamentos para mejorar el rendimiento sexual.
El fiscal les imputa a los cabecillas tres delitos de trata de seres humanos en concurso con tres delitos de prostitución coactiva, seis delitos de prostitución, dos delitos continuados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, uno más de la misma tipología y otro delito contra la salud pública, al haberse acreditado que distribuían cocaína y fármacos sexuales entre las víctimas y los clientes.
Junto a los dos cabecillas están acusadas cinco personas más, entre ellas la hija de la principal acusada, M.N.A., que controlaba la vivienda de Motril; R.A.G.A., que vigilaba a las víctimas y gestionaba el cobro de los servicios; y M.J.A.C., que asumió esas tareas posteriormente.
También figuran J.D.F.N. y M.R.R.R., acusados de facilitar cartas de invitación que permitieron la entrada en España de las víctimas.
El fiscal solicita además 12 años de prisión para M.N.A., 10 años y medio para R.A.G.A. y penas menores para el resto de los procesados.
Reclama igualmente indemnizaciones de 30.000 euros para cada una de las tres principales víctimas.
