El Pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado hoy por unanimidad de todos los grupos políticos solicitar a la Junta de Comunidades que establezca una moratoria de al menos cinco años en la aplicación del canon por pérdidas de agua, recogido en la Ley 2/2022 de Aguas de Castilla-La Mancha.
La propuesta, presentada por el Grupo Popular y defendida por el Equipo de Gobierno, busca dar un respiro a los ayuntamientos para que puedan acometer inversiones en la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, sin verse obligados a pagar por el agua que se pierde debido al mal estado de las infraestructuras.
La portavoz del Gobierno, Rocío Zarco, ha explicado que “la aplicación inmediata de este canon sobre el agua no registrada o pérdida por fugas está generando una grave carga económica para muchos ayuntamientos, especialmente los del ámbito rural, donde las infraestructuras son muy antiguas y requieren importantes inversiones”.
Ha subrayado, además, que la Diputación es la única administración que está asumiendo inversiones reales y constantes para la mejora de las redes municipales, con más de 20 millones de euros invertidos durante la actual legislatura “sin copago” y otros 35 millones incluidos en el plan de obras e infraestructuras de 2025.
“Nuestra prioridad es estar del lado de los ayuntamientos. Si el 1 de enero se empieza a cobrar este canon por pérdidas en las redes, va a significar la ruina de muchos ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real. Por eso pedimos que la Junta acuerde un régimen transitorio que permita a los consistorios adaptarse y acometer sus inversiones, con una moratoria no inferior a cinco años”, ha afirmado.
Durante el debate, el portavoz socialista José Manuel Bolaños ha anunciado el voto favorable de su grupo, aunque ha considerado que la aportación de la Diputación resulta “insuficiente” y ha pedido que el plan de renovación de redes sea “más ambicioso”.
“El Grupo Socialista ya dijo en su momento que era un plan sin planificar. Hoy pedimos un plan técnico coordinado y creemos que esta institución puede hacer mucho más que aprobar una propuesta. Le pedimos al presidente que aborde un plan de al menos 130 millones de euros para la renovación de redes”, ha manifestado en diversos momentos de su intervención.
Bolaños también ha querido poner en valor que “el Gobierno de Castilla-La Mancha ya está trabajando en esta materia” y ha recordado que “ha puesto a disposición de los ayuntamientos más de 10 millones de euros para abordar la renovación de redes, sobre todo en las localidades pequeñas”.
Aun así, ha valorado positivamente el acuerdo diciendo que cree que “todos compartimos el objetivo. Hoy estamos haciendo un ejercicio de unanimidad, porque lo importante es ayudar a los ayuntamientos a cumplir con la Directiva Marco del Agua sin poner en riesgo su economía”.
Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha intervenido al término del debate para dejar claro que el Gobierno de la Diputación de Ciudad Real no está de acuerdo con el canon del agua. “Creemos que es un canon que ya está agravado con otras liquidaciones que ya pagan los ayuntamientos porque pagan por la disponibilidad del agua y por la depuración. Por tanto, entendemos que este canon es una doble imposición”, ha dicho para reiterar, acto seguido, que este nuevo impuesto “acaba repercutiendo en los ciudadanos”. Y no ha dudado en pedir “sensatez y tiempo” para que los ayuntamientos puedan adaptarse.
“Estamos defendiendo a los ayuntamientos y a los vecinos. Lo que pedimos es que se dé un plazo razonable, al menos de cinco años, para que los municipios puedan acometer las obras necesarias y reducir sus pérdidas de agua. No se puede penalizar a quienes no tienen recursos suficientes para renovar sus redes”, ha añadido.
Ha querido poner de manifiesto, asimismo, que la Diputación ha movilizado recursos históricos en apoyo de los municipios. En este sentido, se ha referido a los casi 20 millones ya ejecutados del Plan de Renovación de Redes, a la puesta en marcha de otro plan, junto con Aqualia y Emaser, dotado con 8 millones de euros y al Plan Edifica que se está desarrollando en la provincia, que aplica el 80 por ciento de sus actuaciones a la mejora de redes de abastecimiento y saneamiento.
Por otro lado, Valverde considera “muy escaso” el esfuerzo de la Junta en toda la región. “Diez millones de euros para una región como Castilla-La Mancha son insuficientes para afrontar la magnitud del problema y la capacidad financiera que tiene el Gobierno regional. Lo que pedimos es un mayor esfuerzo inversor y que los 70 u 80 millones que se recauden con este canon se destinen directamente a los ayuntamientos para inversiones hidráulicas”, ha añadido.
Ha recordado que ya trasladó personalmente al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la necesidad de una moratoria. Ha añadido que le plateó “que los ayuntamientos no pueden asumir de golpe este coste. Y me respondió que las diputaciones tenemos mucho que decir. Y sí, tenemos mucho que decir, pero no de golpe, porque los municipios necesitan tiempo y recursos”.
No obstante, Valverde ha querido dejar claro que “lo importante hoy es el acuerdo unánime, porque creo que todos los ayuntamientos de la provincia y de la región estarán de acuerdo con esta solicitud. Ojalá el Gobierno regional la escuche y dé ese respiro que los municipios necesitan para seguir avanzando hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua”.
II Plan de Igualdad para el Personal al Servicio de la Diputación de Ciudad Real (2025-2029)
Otro tema relevante que ha obtenido el visto de la Corporación provincial ha sido la aprobación II Plan de Igualdad para el Personal al Servicio de la Diputación de Ciudad Real (2025-2029) y la modificación del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral de la institución provincial.
Se trata de una herramienta clave para promover la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral de la institución provincial y para cumplir con los compromisos adquiridos en materia de equidad y no discriminación. Desde 2009 que se aprobó el primer documento con un vigencia para cuatro años, no se había trabajado en esta materia hasta que no se inició el presente mandato.
