Las imágenes de Semana Santa de C-LM podrían estar en riesgo por las termitas

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla) ha advertido este martes sobre el “riesgo real” que sufren muchas de las tallas que procesionan en Semana Santa debido a la acción de las termitas, insectos que se alimentan de la celulosa presente en la madera. La entidad ha solicitado un refuerzo en los controles para proteger este patrimonio, subrayando la dificultad de detectar la plaga hasta que el daño es avanzado.

En su comunicado, Anecpla recuerda que “la gran mayoría de imágenes” religiosas que participan en las procesiones están fabricadas en madera y muchas “podrían estar ya afectadas por esta plaga sin que sus responsables lo sepan”. La asociación advierte que las termitas poseen un “poder destructivo enorme” y deterioran el interior de las piezas mientras mantienen intacta su apariencia exterior, lo que dificulta su detección “hasta fases avanzadas del daño”.

Las imágenes procesionales presentan condiciones que favorecen la proliferación de termitas, como su antigüedad y la exposición a condiciones ambientales variables, especialmente en lo referente a temperatura y humedad.

El director general de Anecpla, Manuel García Howlett, insiste en que se está “ante un riesgo real que muchas veces pasa inadvertido hasta que el daño es irrecuperable” y señala que en algunos casos las termitas pueden deteriorar una pieza “en muy poco tiempo”.

García Howlett subraya la capacidad destructiva de estos insectos, difíciles de detectar a simple vista por su pequeño tamaño, y advierte que pueden dañar “no solo elementos estructurales de edificios históricos, sino también obras de arte de incalculable valor”. Por ello, sostiene que “la única herramienta realmente eficaz” de protección es la prevención.

Anecpla también apunta que factores como el cambio climático y el aumento de las temperaturas contribuyen a la aparición de estos insectos xilófagos, por lo que “el riesgo podría ir en aumento”.

Ante esta situación, la asociación hace un llamamiento a las administraciones públicas y a los responsables del patrimonio religioso para que refuercen “los controles y la vigilancia institucional” con el objetivo de proteger unas tallas “de incalculable valor histórico, artístico y cultural”.

Castilla-La Mancha sumó 7.446 denuncias por violencia de género en 2025

Los órganos judiciales de Castilla-La Mancha con competencias en violencia sobre la mujer recibieron en 2025 un total de 7.446 denuncias, de las que la mayoría (6.489) fueron presentadas por mujeres víctimas, según los datos publicados este martes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La tasa de víctimas en la región se situó en 61,3 por cada 10.000 mujeres, la séptima más baja entre las comunidades autónomas y más de diez puntos por debajo de la media nacional, que fue de 74.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ recoge que, a nivel nacional, en 2025 se presentaron 204.342 denuncias, lo que supone un incremento del 2,64 % respecto a 2024. El número de víctimas ascendió a 185.188, un 0,70 % más, mientras que las órdenes de protección adoptadas descendieron un 2,68 %, situándose en 47.944.

Durante el pasado año, en España se registró una media diaria de 559 denuncias, frente a las 544 de 2024, y 507 mujeres víctimas cada día, cifra ligeramente superior a los 502 casos diarios del año anterior. El 71,61 % de las denuncias fueron interpuestas por la propia víctima, el 16,25 % por la policía, el 7,07 % se debieron a partes de lesiones, el 3,11 % fueron presentadas por terceros y el 1,96 % por familiares de la víctima.

En cuanto al perfil de las víctimas, el 61,64 % eran españolas y el resto extranjeras. Un dato significativo es el aumento de víctimas que renunciaron a declarar contra su agresor: en 2025 fueron 20.977, un 12,60 % más que en 2024, lo que equivale a once de cada cien mujeres (11,33 %). De ellas, un 10,17 % eran españolas y un 13,19 % extranjeras.

Las órdenes de protección solicitadas por las víctimas descendieron un 2,68 % en 2025. De las 47.944 solicitudes, se acordaron 32.840 y se denegaron 14.851, lo que supone un descenso del 1,22 % y del 6,2 % respectivamente respecto al año anterior. El 61,4 % de las víctimas que solicitaron protección eran españolas y un 0,9 % del total eran menores de edad.

En el ámbito judicial, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se dictaron 60.942 sentencias por asuntos de violencia de género en España. Las condenas aumentaron del 80,55 % en 2024 al 82,36 % en 2025, con 50.190 sentencias condenatorias y 10.752 absolutorias. El mayor porcentaje de condenas se registró en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer (92,93 %), seguidos de las audiencias provinciales (79,96 %) y los juzgados de lo penal (72,2 %).

Los juzgados de menores enjuiciaron 417 delitos relacionados con violencia contra la mujer, 75 más que en 2024, imponiendo medidas en el 91,85 % de los casos. En total, las medidas judiciales penales de protección a víctimas (mujeres y menores) alcanzaron las 59.158, siendo las más frecuentes la prohibición de comunicación (22.951) y la orden de alejamiento (22.845).

En el ámbito civil, se dictaron 19.127 medidas cautelares de protección de mujeres y menores mientras se resolvía el proceso penal, cifra inferior a las 19.745 del año anterior. Las más habituales fueron la prestación de alimentos (5.939), la atribución de la vivienda (3.912), la suspensión del régimen de visitas (3.911) y la suspensión de la guardia y custodia (2.583).

Durante 2025, los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron 7.337 juicios sobre delitos leves, de los que 3.530 (el 48 %) fueron de enjuiciamiento inmediato. El número de personas enjuiciadas en estos órganos judiciales fue de 30.099, de las cuales el 99,4 % fueron hombres, con un 92,9 % de condenas. Entre las mujeres enjuiciadas, que sumaron 180, el porcentaje de condenas fue del 93,9 %.

El informe del CGPJ destaca la disparidad territorial en la incidencia de la violencia machista. La ratio de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 74 en el conjunto del país, igual que en 2024.

Las tasas más altas se registraron en Baleares (115,8), Navarra (100,3), Comunitat Valenciana (92,7), Canarias (90,3), Murcia (89,8), Andalucía (81,9) y Comunidad de Madrid (78,9). Por el contrario, las más bajas correspondieron a Castilla y León (48,4), Galicia (49,8), La Rioja (55,8), Asturias (58), Extremadura (58,5), País Vasco (59,9), Castilla-La Mancha (61,3), Cataluña (61,5), Aragón (64,9) y Cantabria (73,4).

Se buscan los mejores talentos de Castilla-La Mancha para participar en ‘La Voz Kids’

El conocido programa ‘La Voz Kids’ ha iniciado la búsqueda de nuevos talentos para su próxima temporada, dirigida a niños y niñas de entre 7 y 15 años cumplidos en 2026, y también en Castilla-La Mancha. El programa, que se ha consolidado como uno de los formatos familiares más populares de la televisión, abre así el proceso de selección para encontrar las mejores voces infantiles del país.

El casting está dirigido tanto a solistas como a agrupaciones vocales, incluyendo dúos, tríos, cuartetos y bandas. Según la información facilitada por la organización, el proceso de selección se llevará a cabo de forma online entre los meses de marzo y abril de 2026, a través del envío de materiales audiovisuales por parte de los aspirantes.

Para participar en el casting, es imprescindible que los menores sean inscritos por sus padres o tutores legales, quienes deben contar con el consentimiento de ambos progenitores. La inscripción oficial se realiza a través de la web de Antena 3 Televisión, en la dirección antena3.com/lavozkids. Además, para agilizar el proceso, los interesados pueden contactar directamente con Ariadna López en el teléfono 609 800 863 o a través del enlace proporcionado.

La organización destaca que el objetivo principal del programa es “fomentar el amor a la música y la amistad a través de la música”, así como ofrecer a los niños “la oportunidad de compartir la alegría de cantar y disfrutar la convivencia con otros niños, intercambiar experiencias y divertirse, además de conocer a grandes artistas nacionales e internacionales”.

Se buscan los mejores talentos de Castilla-La Mancha para participar en 'La Voz Kids'

PP critica la gestión económica del Gobierno regional: “Más del 50 % de las familias no llega a fin de mes”

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha criticado duramente la gestión económica del Ejecutivo regional, al que acusa de “llenar las arcas” mientras “más del 50 % de las familias no llega a fin de mes”. Así lo ha manifestado en una comparecencia en la que ha puesto el foco en la situación económica y social de la región.

Durante su intervención, Agudo ha subrayado que Castilla-La Mancha “tiene que ser una tierra donde merezca la pena trabajar, donde el esfuerzo de los castellanomanchegos merezca la pena y sea recompensado”, algo que, en su opinión, no ocurre con el actual Gobierno regional.

Según la portavoz popular, “hoy el Gobierno socialista de Page ha hecho de Castilla-La Mancha una región con los salarios más bajos de toda España y con la pobreza más alta de toda España. Este es el resultado de más de una década de Page en el Gobierno”.

Agudo ha criticado tanto al Gobierno regional como al nacional por “marcar récord histórico en cuanto a la recaudación”, lo que, según ha afirmado, se traduce en que “las arcas se están llenando a costa de los bolsillos de los castellanomanchegos”. En este sentido, ha señalado: “Más dinero en las arcas, menos dinero en los bolsillos de los ciudadanos. Y desde el PP nos preguntamos a dónde va ese dinero, porque no está llegando donde tiene que llegar”.

La portavoz del PP en las Cortes ha advertido sobre la situación que atraviesan las familias de la región, asegurando que “más del 50% de las familias castellanomanchegas tienen dificultades para llegar a final de mes”.

Además, ha puesto el acento en los problemas de los jóvenes, quienes, según Agudo, “ni tienen empleo, ni tienen acceso a la vivienda”, lo que les obliga a “huir de esta tierra a otras comunidades autónomas donde puedan desarrollar su proyecto de vida”.

Agudo también ha denunciado la falta de apoyo a autónomos y pequeñas empresas, afirmando que “no hay ningún apoyo para ese pequeño autónomo o esa pequeña empresa que cada día le cuesta más sacar adelante su negocio”. Ha añadido que esta situación se ve agravada por “el infierno fiscal” y los “altos impuestos”, que, según ha dicho, “dificultan el acceso a servicios públicos esenciales”.

En relación con la sanidad, Agudo ha asegurado que “los castellanomanchegos que pagan de los impuestos más altos de España acaban condenados en listas de espera sanitarias, las más altas de toda España”.

Por último, la portavoz popular ha reclamado un cambio en el modelo productivo de Castilla-La Mancha. Frente al actual modelo, ha defendido uno que “apueste por los autónomos, por la industria” y que permita que Castilla-La Mancha sea “una región donde merezca la pena trabajar y donde el esfuerzo obtenga recompensa”. “Donde ganarse la vida cada día, merezca la pena”, ha concluido.

Ya es oficial: C-LM demanda al Estado por las reglas de explotación del trasvase

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido dar un paso más en su enfrentamiento con el Estado por la gestión del trasvase Tajo-Segura y ha aprobado la interposición de un recurso contencioso-administrativo para exigir la aplicación de las nuevas reglas de explotación. Una decisión que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha calificado de “dura”, al implicar denunciar a un Ejecutivo del mismo signo político.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado que esta medida busca “darle un empujón al Estado” ante la falta de avances, denunciando además la ausencia de interlocución directa con la ministra Sara Aagesen. Según ha señalado, el presidente regional lleva más de seis meses esperando una reunión, mientras que ella misma afirma llevar más de un año sin ser recibida.

El Ejecutivo autonómico justifica la demanda por el deterioro ambiental del río Tajo y el incumplimiento de los caudales ecológicos, así como por un balance hídrico negativo derivado del trasvase. Gómez ha advertido de que esta situación está provocando “un daño ecológico irreparable” en varios espacios protegidos de la Red Natura 2000.

En este sentido, ha detallado que en el último trimestre de 2025 se registraron caudales por debajo de los mínimos establecidos, con cifras de 6,39 m³/s y 5,68 m³/s frente a los 7,9 m³/s fijados, lo que evidencia, a su juicio, “un modelo de gestión no sostenible”.

Por su parte, García-Page ha ido más allá al alertar de que la falta de cumplimiento de las sentencias podría interpretarse incluso como “delito ecológico”, subrayando que la Junta ha esperado “más de un año” antes de recurrir a los tribunales. “Estamos rozando el delito ecológico”, ha afirmado.

A pesar del conflicto, el presidente regional ha mostrado su deseo de que se alcance una solución que permita incluso retirar el recurso: “ojalá haya solución”.

Desde la Junta insisten en la necesidad de modificar las reglas de explotación para garantizar la recuperación del Tajo. Según sus cálculos, la aplicación de estas normas permitiría reducir hasta un 40 % el volumen trasvasado en 2027, preservando recursos hídricos y mejorando el estado de los ecosistemas.

En los 47 años de funcionamiento del trasvase, se han derivado más de 15.148 hectómetros cúbicos —equivalentes a 15.148 piscinas olímpicas—, una cifra que el Gobierno regional considera insostenible a largo plazo. Además, advierten de que, pese a la actual situación de lluvias, la disponibilidad de agua es “un espejismo”.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto a la espera de resoluciones judiciales y posibles negociaciones, en un escenario en el que Castilla-La Mancha eleva la presión para cambiar el modelo de gestión del Tajo.

La Junta asegura que la teleasistencia de C-LM alcanza a más del 99 % de la población

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha consolidado su Servicio Público de Teleasistencia como el de mayor implantación y cobertura de toda España, con 85.959 personas beneficiarias y presencia en el 93 por ciento de los municipios, lo que supone llegar a más del 99 por ciento de la población regional. Así lo ha destacado el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez, durante la presentación del balance anual del servicio para 2025.

Durante el acto, Javier Pérez subrayó que la teleasistencia es actualmente “una herramienta clave para garantizar que las personas, especialmente las mayores, puedan seguir viviendo en su hogar, con seguridad, autonomía y apoyos públicos de calidad”. El viceconsejero recordó que este servicio “forma parte del catálogo de la dependencia de Castilla-La Mancha” y lo definió como “una de las señas de identidad del Gobierno del presidente García-Page”.

Pérez también señaló que “recientemente hemos obtenido la mejor calificación, en este caso además en solitario, de todas las comunidades autónomas”, lo que, en sus palabras, permite afirmar que “si podemos presumir de que Castilla-La Mancha tiene los mejores datos en dependencia, hoy también podemos presumir de que también los tenemos en teleasistencia”.

El servicio, de carácter público, universal y gratuito, está disponible las 24 horas y dirigido a personas en situación de dependencia, mayores de 70 años y colectivos en situación de vulnerabilidad. Cuenta con más de 200 profesionales y 20 unidades móviles de apoyo.

Castilla-La Mancha se sitúa a la cabeza del país en implantación del servicio, con uno de cada cinco mayores con teleasistencia en su domicilio. La cobertura alcanza el 20,47 por ciento de la población mayor de 65 años y supera el 50 por ciento en personas mayores de 90 años. El 46 por ciento de las personas usuarias viven solas, lo que, según Pérez, “refuerza el papel de la teleasistencia como instrumento clave, de ahí la importancia de este servicio de prevención y atención de las situaciones de soledad no deseada”.

En los últimos diez años, el servicio ha experimentado un crecimiento sostenido, con un incremento del 80 por ciento en personas atendidas desde 2015. Solo en el último año se han incorporado 7.432 nuevos usuarios, lo que supone una media de 20 nuevas altas al día.

Durante 2025, el servicio ha gestionado más de dos millones de llamadas, entre las que destacan 22.160 emergencias sanitarias, con un tiempo medio de respuesta de tan solo nueve segundos. Además, se han realizado 17.600 visitas domiciliarias, más de 37.700 intervenciones técnicas y cerca de 12.000 instalaciones en el último año.

El modelo de teleasistencia combina atención telefónica y presencial con seguimiento personalizado, campañas preventivas, apoyo emocional y recordatorios para mejorar la calidad de vida. Además, avanza hacia un modelo de teleasistencia avanzada, con 5.575 dispositivos tecnológicos instalados, como detectores de caídas, humo o gas, sistemas de geolocalización y dispositivos adaptados. El sistema está digitalizado en un 98,5 por ciento, lo que permite desarrollar una atención proactiva y predictiva.

Más de 7.000 personas han participado en programas de envejecimiento activo vinculados al servicio, centrados en la promoción de la salud, la seguridad y la participación social. Este desarrollo se apoya en una inversión sostenida, con el mayor contrato de teleasistencia del país, dotado con 42,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 74,75 por ciento respecto al anterior. El coste anual del servicio supera los nueve millones de euros y cuenta con 15,6 millones de euros de financiación europea en el periodo 2024-2028, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En cuanto a la satisfacción, el servicio presenta niveles muy elevados, con entre el 98 y el 99 por ciento de las personas usuarias que se declaran satisfechas o muy satisfechas, y valoraciones medias superiores al 4,5 sobre 5 en la mayoría de los indicadores. Javier Pérez ha destacado que Castilla-La Mancha “se consolida como la Comunidad Autónoma que mejor gestiona el sistema de dependencia en España”.

El objetivo del Gobierno regional es seguir creciendo en los próximos años con la incorporación de 5.000 nuevos usuarios y 3.500 terminales anuales, así como avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de seguimiento que permitan anticipar situaciones de riesgo. “Queremos consolidar un modelo de cuidados que combina cercanía, innovación y garantía de derechos”, concluyó el viceconsejero.

En la presentación han estado presentes también la jefa de Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Ana Rosa Muñoz Río-Pérez, y el coordinador regional de Valoración, Rodrigo del Cerro Fernández.

Castilla-La Mancha, entre las CCAA donde más crece el precio de la vivienda

La provincia de Toledo encabeza el aumento del precio de la vivienda a nivel nacional, mientras que Castilla-La Mancha se coloca en el tercer puesto entre las regiones con mayores incrementos, según el último informe de Tinsa by Accumin. El precio de la vivienda nueva y usada en la comunidad ha subido un 18,8 % en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior.

Por provincias, Toledo registra un crecimiento del 23,2 %, seguido de Albacete con un 19,6 %. Guadalajara experimenta una subida del 13,6 %, Cuenca del 6,4 % y Ciudad Real del 2,1 %. En cuanto a las capitales, Albacete lidera el ranking nacional con un aumento del 20,8 % en el precio de la vivienda. Toledo capital sube un 11,9 %, Ciudad Real un 11 %, Guadalajara un 9,8 % y Cuenca un 6,1 %. Entre los municipios, Talavera de la Reina (Toledo) ocupa el noveno puesto nacional, con una subida del 20,4 %.

A nivel nacional, el precio de la vivienda en España ha crecido un 14,3 % en el primer trimestre del año, lo que supone un avance del 11,8 % en términos reales, hasta alcanzar los 1.987 euros por metro cuadrado. Desde el mínimo registrado tras la crisis inmobiliaria de 2015, la vivienda nueva y usada se ha encarecido un 68 %, aunque sigue un 4,5 % por debajo de los máximos de 2007. En términos reales, el valor ha aumentado un 32 % desde 2015 y se mantiene un 34 % por debajo de los máximos de 2007.

El informe destaca que los mayores incrementos se localizan en la cornisa norte, Madrid, capitales del interior peninsular y la costa mediterránea. Entre enero y marzo, el encarecimiento trimestral fue del 3,2 %. La variación interanual, tres décimas superior a la del último trimestre de 2025, ha ido intensificándose desde finales de 2024, cuando el incremento interanual era del 4,2 %.

Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, ha señalado que «a comienzos de 2026, el impacto de las pasadas bajadas de tipos, que sí estaba muy presente en enero de 2025, ha sido ya absorbido por el mercado y la tendencia hacia una estabilización de las transacciones resulta razonable».

El informe también advierte de la incertidumbre que genera el conflicto en Oriente Medio, especialmente por su posible impacto en la inflación y los tipos de interés de referencia, lo que podría afectar a la demanda residencial. «La inestabilidad geopolítica podría alimentar un nuevo encarecimiento de la vivienda de obra nueva y acentuar las dificultades de acceso a la vivienda para la población general», ha apuntado Arias.

En el primer trimestre del año, 14 de las 19 comunidades y ciudades autónomas han registrado subidas interanuales superiores al 10 %. Los mayores crecimientos se han dado en Comunidad de Madrid (19,2 %), Comunidad Valenciana (19,1 %), Castilla-La Mancha (18,8 %), Canarias (17,8 %), Cantabria (16,2 %), Región de Murcia (16 %) e Islas Baleares (15,5 %).

Por el contrario, Extremadura, Ceuta, La Rioja y Melilla presentan crecimientos inferiores al 8 %. El crecimiento trimestral supera el 4 % en Castilla-La Mancha, Canarias, Castilla y León, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

En términos nominales, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Melilla y, como novedad este trimestre, Canarias, superan los niveles máximos alcanzados durante la burbuja de 2007. En términos reales, solo Baleares está a punto de rebasar este máximo, situándose un 0,1 % por debajo.

A nivel provincial, 40 de las 52 provincias han intensificado el aumento de precios, con variaciones interanuales superiores al 10 % en 34 de ellas. Los mayores aumentos se encuentran en Madrid y provincias limítrofes, las islas, la costa mediterránea y la cornisa cantábrica.

En cuanto a la accesibilidad, la tasa de esfuerzo promedio a nivel nacional se sitúa en el 33,9 %, frente al 33,3 % del trimestre anterior. Ocho provincias superan el 35 %, considerado el nivel razonable: Islas Baleares, Málaga, Madrid, Barcelona, Alicante, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife y Cádiz. El mayor tensionamiento se da en Islas Baleares, donde la tasa de esfuerzo alcanza el 54 %, seguida de Málaga y Madrid, ambas con un 49 %.

Se buscan empleados en C-LM para trabajar en la campaña de verano del Consum

Consum ha anunciado la apertura de un centenar de puestos de trabajo en Castilla-La Mancha para reforzar su plantilla durante la campaña de verano y cubrir sustituciones por vacaciones en los próximos meses. Las vacantes se distribuyen entre Albacete (64), Ciudad Real (28) y Cuenca (8), y forman parte de las cerca de 3.800 ofertas que la cooperativa ha publicado esta semana en su página web para sus más de 500 tiendas propias.

La campaña de contratación se desarrollará desde principios de abril hasta finales de septiembre. Según la cooperativa, existe la posibilidad de que los contratos se prolonguen más allá de este periodo en función del desempeño de los trabajadores. “Más de 1.300 personas de las contratadas en la campaña de verano del año pasado (un 38 %) continúan trabajando hoy en Consum”, han señalado desde la empresa.

Las ofertas de empleo están dirigidas principalmente a cubrir tareas operativas en supermercados, aunque también se requiere personal para centros logísticos y oficinas. Consum ofrece tanto jornadas completas como parciales, con una retribución de acceso para el personal operativo superior a los 1.400 euros brutos mensuales, cantidad que puede incrementarse según el puesto.

Además, una vez que el trabajador pasa a ser socio, el salario base aumenta hasta superar los 1.600 euros brutos. Los socios también perciben anualmente el retorno cooperativo correspondiente a los resultados y los intereses por sus aportaciones obligatorias al capital social.

En cuanto a los requisitos, Consum solicita a los candidatos tener el título de la ESO, orientación al cliente, ganas de aprender, actitud para el trabajo en equipo y residencia cercana al lugar donde se oferta el puesto. No es necesario contar con experiencia previa, ya que la cooperativa facilitará formación a las personas contratadas. Para acceder a las ofertas, los interesados deben registrarse en la web (CLIC AQUÍ).

C-LM, entre las regiones con más deuda pública: supera el 28 % del PIB

La deuda de Castilla-La Mancha alcanzó al cierre de 2025 el 28,3 % de su PIB, situándose por encima del umbral del 13 % establecido en la Ley de Estabilidad y posicionándose entre las regiones con mayores niveles de endeudamiento, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

A nivel nacional, la deuda de las administraciones públicas cerró 2025 en 1,698 billones de euros, lo que supone un incremento del 4,8 % respecto al año anterior, aunque la ratio respecto al PIB descendió hasta el 100,7 %, un punto porcentual menos que en 2024 y el nivel más bajo desde 2020.

En términos absolutos, el saldo de la deuda aumentó en 77.652 millones de euros en el cuarto trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, un 4,8 % más, aunque se registró un descenso del 0,7 % respecto al récord alcanzado en el tercer trimestre, cuando la deuda pública superó por primera vez los 1,7 billones de euros.

La ratio de deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) se situó en el 100,7 % en diciembre de 2025, lo que representa una bajada de 0,9 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

Las previsiones del Gobierno situaban inicialmente la deuda en el 101,4 % del PIB en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo de octubre de 2024, revisándose posteriormente al 101,7 % en el Informe de Progreso Anual de 2025. A lo largo del año, el Ejecutivo ya adelantó que la tasa se situaría finalmente más cerca del 101 % del PIB.

De cara al futuro, el Gobierno estima que la deuda se situará en el 100,9 % del PIB en 2026. Desde el Ministerio de Economía han confirmado que «ahora mismo se están actualizando y revisando las previsiones macroeconómicas sobre las que se asentarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, debido al impacto de la guerra en Irán y a las medidas anticrisis».

Las proyecciones oficiales prevén una senda descendente: 100 % en 2027, 99,1 % en 2028, 90,6 % en 2031 y 76,8 % en 2041. Sin embargo, no se especifica cuándo se logrará reducir la deuda por debajo del 60 % recomendado por Bruselas.

La deuda de la Seguridad Social creció un 7,9 % en 2025, alcanzando los 136.179 millones de euros, lo que representa un 8,1 % del PIB. El Banco de España ha explicado que «esta variación de la deuda se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte sustancial de su desequilibrio presupuestario». Estos préstamos no afectan al total de la deuda pública por tratarse de operaciones financieras entre subsectores.

En cuanto a las comunidades autónomas, la deuda ascendió a 341.642 millones de euros (20,2 % del PIB), con un crecimiento interanual del 1,7 %. Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13 %: Navarra (9,4 %), Canarias (10,8 %), Madrid (11,3 %), País Vasco (11,5 %) y Asturias (12,3 %). Por el contrario, los mayores niveles relativos de deuda correspondieron a la Comunidad Valenciana (40,7 %), Región de Murcia (31,2 %), Castilla-La Mancha (28,3 %) y Cataluña (28,2 %).

La deuda de las Corporaciones Locales se situó en 20.729 millones de euros (1,2 % del PIB), un 9,3 % menos que el año anterior. Los ayuntamientos capitales de provincia concentraron 7.000 millones de euros, los que no son capitales acumularon 10.000 millones y el resto de corporaciones sumaron 4.000 millones.

Entre los municipios con más de 300.000 habitantes, la deuda conjunta se redujo un 16,5 %, hasta los 4.500 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid registró el mayor volumen de deuda (1.600 millones), seguido por Barcelona (1.300 millones) y Zaragoza (500 millones). En términos de deuda por habitante, Zaragoza presentó la cifra más elevada con 767 euros, seguida de Barcelona (743 euros) y Murcia (523 euros). Las menores ratios correspondieron a Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene deuda, Alicante (62 euros) y València (83 euros).

En cuanto a los instrumentos de deuda, la deuda materializada en valores a largo plazo creció un 5,1 % interanual, mientras que los préstamos a más de un año aumentaron un 7,2 %. Por el contrario, los instrumentos a corto plazo descendieron un 3,5 %. A finales de 2025, el 94,8 % de la deuda estaba materializada en pasivos a largo plazo, destacando los valores a largo plazo, que representaron el 84,8 % del total, mientras que la deuda a corto plazo suponía un 5,2 %.

ASAJA C-LM denuncia un trato desigual a agricultores y ganaderos frente a otras comunidades

ASAJA Castilla-La Mancha ha denunciado públicamente el trato desigual que, según la organización, están recibiendo los agricultores y ganaderos de la región en comparación con otras comunidades autónomas a la hora de afrontar las consecuencias de las recientes borrascas y la propagación de la lengua azul.

La organización ha trasladado esta preocupación tanto al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha como al consejero de Agricultura, exigiendo un trato justo y equivalente al que ya se aplica en otras regiones.

Según ASAJA Castilla-La Mancha, el Real Decreto-ley 5/2026, publicado el pasado 19 de febrero y que establece ayudas extraordinarias por daños causados por fenómenos meteorológicos adversos, ha dejado fuera a Castilla-La Mancha, a pesar de que las pérdidas registradas en la región son equiparables a las sufridas en comunidades como Andalucía y Extremadura.

La organización agraria recuerda que ese mismo día ya advirtió de esta situación mediante un escrito acompañado de un informe técnico detallando los daños y las comarcas más afectadas. Sin embargo, denuncian que, hasta la fecha, no han recibido respuesta alguna por parte de las administraciones.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció el pasado 27 de febrero en Valdepeñas, durante el Foro de diálogo local: el relevo generacional en el campo, que el Ministerio estudiaría posibles ayudas a la agricultura de Castilla-La Mancha a través de los fondos de la reserva agrícola de la Unión Europea, para paliar los daños ocasionados por las últimas borrascas. No obstante, ASAJA CLM señala que este anuncio aún no se ha traducido en medidas concretas.

La organización también ha puesto de relieve que esta situación de agravio comparativo se repite en el caso de la lengua azul. ASAJA CLM asegura que lleva meses reclamando ayudas para los ganaderos afectados por esta enfermedad, sin que hasta ahora se hayan puesto en marcha medidas compensatorias en Castilla-La Mancha, a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades autónomas.

En este sentido, ASAJA CLM subraya que regiones como Andalucía y Extremadura ya han articulado importantes líneas de apoyo económico para sus ganaderos, lo que, a juicio de la organización, evidencia un trato desigual que perjudica gravemente al sector en Castilla-La Mancha.

La organización insiste en que no se puede permitir que los profesionales del campo de la región queden sistemáticamente al margen de las ayudas, soportando pérdidas similares sin ningún tipo de respaldo institucional.

Por todo ello, ASAJA CLM exige tanto al Gobierno central como al Ejecutivo regional que actúen con urgencia para corregir esta situación y pongan en marcha medidas que compensen de forma real las pérdidas que están sufriendo agricultores y ganaderos.

“Castilla-La Mancha no puede quedarse atrás”, han reiterado desde la organización, reclamando el fin de los agravios comparativos y la garantía de un trato justo e igualitario para el sector agrario de la región.

Cientos de empleados públicos en C-LM, afectados por no tener jubilación parcial

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles que se cumple un año desde la supresión del derecho a la jubilación parcial para el personal laboral en Castilla-La Mancha, una medida que, según el sindicato, ha afectado gravemente a cientos de trabajadores tras décadas de servicio.

En la región, más de 36.000 empleados forman parte de la categoría de personal laboral. Entre ellos, aquellos con 33 años cotizados podían hasta ahora reducir su jornada laboral hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación. Sin embargo, la aprobación del Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, que entró en vigor el 1 de abril de 2025, ha eliminado esta posibilidad.

El Real Decreto, firmado por el Gobierno de España junto a los sindicatos CCOO y UGT, no incluyó a los empleados públicos en su ámbito de aplicación. Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de CSIF Castilla-La Mancha, ha calificado esta exclusión como “un olvido que ha sido un auténtico atentado a los derechos adquiridos, son muchos los trabajadores que no han podido acogerse a una jubilación parcial que ya tenían consolidada”.

CSIF lamenta que, hasta la fecha, no se haya avanzado en la recuperación de este derecho fundamental. El sindicato señala que el Gobierno central ha aceptado este mes de marzo la propuesta de CSIF de realizar contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas puedan ser cubiertas en las correspondientes ofertas de empleo público (OPE), una medida que podría concretarse en las próximas semanas mediante otro Real Decreto-ley.

El Real Decreto-ley 11/2024 exige que la persona relevista tenga un contrato indefinido a jornada completa y mantenga su vínculo laboral durante al menos dos años tras la finalización de la jubilación parcial. Según CSIF, “esta condición, que en el sector privado supone un simple trámite de contratación, en el sector público provoca el bloqueo del acceso a la jubilación parcial hasta la convocatoria de una OPE”.

Joaquín Sánchez ha expresado el malestar del sindicato: “Un año después seguimos sin entender por qué se adoptó esta decisión, es sangrante que se elimine un derecho adquirido amargando los últimos años de trabajo de los empleados públicos tras toda una vida de servicio. Lo que sí tenemos claro es que no hay tiempo que perder”.

CSIF reitera su compromiso de lograr la recuperación de la jubilación parcial para el personal laboral y de ampliar este derecho al personal funcionario y estatutario, que lo tienen bloqueado desde 2012 como consecuencia de los recortes derivados de la crisis de 2010. Aunque este recorte se eliminó en 2023, el sindicato recuerda que, tras más de tres años, aún no se ha restituido este derecho.

Agricultores piden dejar de bajar «por la fuerza» el precio de la leche

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reclamado este lunes a la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) un cambio de actitud ante la bajada de los precios en origen de la leche, en un contexto de creciente indignación y protestas de los ganaderos en varias zonas del país. La organización agraria denuncia que las industrias están forzando una reducción de precios mientras los costes de producción aumentan, lo que, según UPA, pone en riesgo la viabilidad del sector.

Durante una reunión celebrada en Madrid entre responsables de UPA y la cúpula de Fenil, los ganaderos trasladaron su preocupación por la situación actual del sector lácteo. Según UPA, las industrias lácteas están tratando de bajar «por la fuerza» los precios de la leche en origen entre 7 y 8 céntimos por litro, mientras que los costes de producción han subido entre 5 y 7 céntimos. La organización considera que esta práctica es ilegal y supone un incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Los ganaderos han reclamado a las industrias un cambio de «actitud y de estrategia» para «evitar la ruina del sector». En palabras de UPA, «las industrias están derribando el precio con la importación masiva de leche procedente de Francia y Portugal. No pueden tratar de apañar las cuentas de resultados de las industrias con estas prácticas a todas luces abusivas».

La reunión se produce en un contexto de movilizaciones de los ganaderos en varias regiones, que protestan por los bajos precios en origen de la leche. UPA ha hecho también un llamamiento a los consumidores para que adquieran productos de origen español, con el objetivo de apoyar a un sector «del que viven miles de familias».

Por su parte, fuentes de Fenil han señalado que en el encuentro «se ha analizado la situación del sector a partir de datos públicos, constatando un contexto europeo de elevada producción de leche, en niveles que la demanda no es capaz de absorber, lo que está generando excedentes y presión en el mercado».

Según la patronal, «los ganaderos españoles perciben los precios más altos de la Unión Europea (UE) -, lo que impacta en la competitividad de las industrias nacionales y favorece la entrada de productos procedentes de otros Estados miembros a precios mucho más bajos». Fenil ha añadido que esta situación está desplazando los lácteos elaborados en España de los lineales en las tiendas.

La patronal ha subrayado que es ajena a las negociaciones comerciales individuales entre ganaderos e industrias y que el encuentro se ha desarrollado en «estricto cumplimiento de la normativa de competencia». Fenil ha expresado su confianza en que el diálogo entre todos los agentes del sector sirva para la «búsqueda de soluciones» a los retos que afronta la producción láctea en España.

C-LM aprueba este martes su recurso para exigir nuevas reglas del trasvase

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes, 31 de marzo, en Consejo de Gobierno, la presentación de un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El objetivo es reclamar la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, según ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page.

El anuncio se ha producido durante el acto de inauguración de las nuevas instalaciones de la Bodega Cooperativa Santiago Apóstol en Montealegre del Castillo (Albacete). García-Page ha calificado de «doloroso» tener que denunciar al Gobierno de España «por el incumplimiento de sentencias en relación con el agua», en referencia a las cinco sentencias favorables a Castilla-La Mancha dictadas por el Tribunal Supremo. «No se ganan así como así», ha subrayado el presidente regional.

Durante su intervención, García-Page ha recordado que la lucha por los derechos del agua en Castilla-La Mancha ha sido larga. «Son años peleando», ha lamentado, señalando además que, pese a las resoluciones judiciales, «ya han pasado otros cuatro años sin cumplir con las sentencias».

El recurso contencioso administrativo que aprobará el Consejo de Gobierno busca que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aplique de manera efectiva las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, tal y como establecen las sentencias del Tribunal Supremo.

Más de 11.000 personas trabajan en el sector de defensa en C-LM

La industria de la defensa en Castilla-La Mancha supone ya más de 11.000 empleos y aporta el 1,8 % del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma, con una facturación que supera los mil millones de euros. Así lo ha señalado este lunes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la presentación en Madrid del programa IN+DEF, una iniciativa conjunta de los ministerios de Defensa, Industria y Ciencia e Innovación destinada a coordinar el desarrollo y crecimiento del sector en España.

Franco ha subrayado que Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma en facturación dentro de la industria de la defensa, según datos facilitados por el Ejecutivo autonómico. Además, ha destacado que la región aporta el 7 % de la facturación total de la industria aeronáutica nacional.

Durante su intervención, la consejera ha puesto en valor la relevancia del nuevo programa para Castilla-La Mancha, “porque conjuga la industria y la innovación al servicio de la defensa, para cumplir y avanzar en los compromisos que el país ha adquirido con la OTAN”.

Franco ha incidido en la importancia de la participación de las empresas de la comunidad autónoma en las acciones y programas que se desarrollen en el marco de IN+DEF, “para que el crecimiento en la industria pueda revertir en la región en términos de riqueza y también de empleo”.

En este sentido, ha considerado fundamental que los ‘hackatones’ que va a impulsar la Escuela de Organización Industrial (EOI) en el marco de este acuerdo “sean un punto de convergencia y trabajo conjunto para las grandes empresas del sector y también para las pymes que integran la cadena de valor, que contribuyan de manera decisiva a alcanzar esa autonomía estratégica que persigue España como país”.

La consejera ha advertido que “de nada serviría ampliar el esfuerzo en inversión” si España no es capaz de desarrollar su propia tecnología, lo que supondría seguir “con una gran dependencia de terceros”.

En cuanto a la formación, Franco ha señalado que “jugará un papel esencial la formación de talento” y ha afirmado que la futura Ley de Formación Profesional de Castilla-La Mancha “busca dar respuesta a las necesidades de talento y de cualificación de perfiles” en este y en otros sectores en el territorio.

La consejera ha compartido la presentación con empresas con fuerte presencia en la región y ha citado proyectos como la ampliación de las instalaciones de Tecnobit en Valdepeñas o el nuevo proyecto de Airbus en Albacete, que va a generar alrededor de 300 nuevos empleos, y que “son ejemplos del crecimiento y el desarrollo hacia el que apunta un sector estratégico para la industria, como es la defensa”.

Por último, Franco ha remarcado la perspectiva de cohesión territorial del nuevo programa, “que tiene que revertir de manera directa en la generación de riqueza y empleo en la región, así como en el refuerzo de las capacidades industriales” de Castilla-La Mancha.

Paco Núñez reclama medidas urgentes contra la inflación en Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este lunes la adopción de medidas urgentes para frenar el impacto de la inflación en la región, señalando que los ahorros de los ciudadanos y la rentabilidad de las empresas familiares están en riesgo. Núñez ha realizado estas declaraciones durante una visita a la quesería artesana La Solana, donde ha puesto el foco en la situación que atraviesan familias, pymes, micropymes y autónomos.

Durante su intervención, Núñez ha subrayado que la inflación «se está comiendo» los ahorros de los vecinos de Castilla-La Mancha y ha insistido en la necesidad de actuar con rapidez.

«Hoy hacer la compra en Castilla-La Mancha es una odisea, porque la inflación, que está por las nubes, está provocando que cada día sea más complejo», ha afirmado. Según el líder popular, la subida de precios es «estratosférica», lo que complica tanto el consumo familiar como la viabilidad de los negocios.

Núñez ha recordado que el 94 por ciento de la industria regional es de carácter familiar y ha lamentado que muchas de estas empresas «no puedan más» debido a lo que ha calificado como el impuesto «más duro y más injusto» que existe: la inflación. En este sentido, ha explicado que los costes energéticos, de carburantes y laborales han reducido al mínimo los márgenes y la rentabilidad de los negocios.

El presidente del PP castellanomanchego ha alertado de que la situación está afectando tanto a los ciudadanos como al tejido empresarial. «La gente se ha dado cuenta de que, cada vez, puede hacer menos cosas con el salario que tiene, y las empresas, cada vez pueden invertir menos porque la rentabilidad no deja de bajar», ha señalado.

Además, ha advertido que «todo el dinero se va a impuestos y a las macrorecaudaciones que está habiendo por IVA o por IRPF, lo que limita la capacidad de inversión en la industria y de consumo en las familias».

Ante este escenario, Núñez ha propuesto revertir la situación mediante la puesta en marcha de medidas que frenen el avance de la inflación y protejan tanto los ahorros de los castellanomanchegos como la rentabilidad de las empresas. «Es urgente que se camine por la senda de permitir el consumo y la inversión», ha concluido.

La visita de Paco Núñez a la quesería artesana La Solana ha servido para poner de manifiesto la preocupación del Partido Popular por el impacto de la inflación en la economía regional y la urgencia de adoptar soluciones que alivien la presión sobre familias y empresas.

Más de 4.000 agentes velarán por la seguridad en Semana Santa en Castilla-La Mancha

Más de mil efectivos de la Policía Nacional y más de tres mil patrullas de la Guardia Civil conforman el dispositivo especial de seguridad para las procesiones de Semana Santa en Castilla-La Mancha. El delegado del Gobierno de España en la región, José Pablo Sabrido, ha revisado junto a responsables de ambos cuerpos el plan de actuación, que se activa en uno de los periodos con mayor afluencia de personas en calles y carreteras.

El operativo de la Policía Nacional contará con más de un millar de agentes, que reforzarán la seguridad en las principales localidades con mayor concentración de actos y procesiones, como Toledo, Talavera de la Reina, Albacete, Hellín, Ciudad Real, Valdepeñas, Alcázar de San Juan, Puertollano, Guadalajara y Cuenca.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, participarán distintas unidades especializadas, entre ellas la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC), el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), así como brigadas de Información y Policía Judicial, junto a otras unidades de seguridad ciudadana.

Las labores de estos equipos se centrarán en la prevención, vigilancia y respuesta ante cualquier incidencia. Entre las actuaciones previstas figuran el despliegue de dispositivos antiterroristas en zonas de alta afluencia, el control de grandes concentraciones de personas, la prevención de hurtos, robos y otros delitos contra el patrimonio, la realización de patrullas dinámicas y el establecimiento de puntos de identificación, así como el control de accesos y del tráfico en coordinación con la Policía Local y el refuerzo de la presencia policial en puntos estratégicos durante el desarrollo de las procesiones.

En este contexto, desde la Delegación del Gobierno se recuerda la importancia de la autoprotección y la colaboración ciudadana. Se recomienda «no perder de vista pertenencias personales como bolsos o teléfonos móviles, evitar distracciones en entornos con gran afluencia de público y seguir en todo momento las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Por su parte, la Guardia Civil desplegará más de tres mil patrullas en toda la región, con dispositivos especiales en Tobarra durante el Jueves Santo y el Viernes Santo, y en Campo de Criptana con motivo de la romería de la Virgen el 6 de abril, además de reforzar la seguridad en zonas rurales y vías interurbanas.

Un aspecto clave del operativo será la operación especial de tráfico, dada la previsión de numerosos desplazamientos. Se recuerda que durante la Semana Santa del pasado año fallecieron 27 personas en 26 siniestros de tráfico, de los cuales 8 eran motoristas, en muchos casos relacionados con distracciones al volante, el uso del teléfono móvil, el exceso de velocidad o el consumo de alcohol.

Por ello, las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución al volante, planificar los desplazamientos con antelación, respetar los límites de velocidad, utilizar siempre el cinturón de seguridad, abstenerse de consumir alcohol o drogas y evitar el uso del teléfono móvil para prevenir distracciones.

El dispositivo conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil tiene como objetivo garantizar el normal desarrollo de los actos programados y la seguridad de la ciudadanía durante toda la Semana Santa, apelando también a la responsabilidad individual como elemento clave para prevenir incidentes.

Uno de cada tres puestos agrarios y del hogar en C-LM lo ocupa un migrante

El 12,1 % de la población de Castilla-La Mancha es de nacionalidad extranjera, según los datos presentados este lunes en Toledo por Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha.

El informe, titulado ‘Análisis de la situación de las personas migrantes en relación con el mercado de trabajo’, revela la importancia de la mano de obra extranjera en sectores como la agricultura y el empleo doméstico, así como las desigualdades que persisten en su integración laboral.

En la rueda de prensa, Carrascosa detalló que la región cuenta con 256.435 personas extranjeras, con la mayor concentración en la provincia de Toledo (101.459), seguida de Guadalajara (47.970), Ciudad Real (40.948), Albacete (36.435) y Cuenca (29.970). En términos relativos, Guadalajara y Cuenca presentan los mayores porcentajes de inmigrantes, con un 16,8 % y un 15 %, respectivamente.

El informe subraya el papel fundamental de la población extranjera en el mercado laboral regional. «En base al estudio realizado podemos hablar del importante peso de las personas trabajadoras extranjeras en el sector agrario y en el sistema especial de empleados del hogar. En ambos casos ocupan uno de cada tres puestos de trabajo, lo que demuestra la alta dependencia de la mano de obra foránea», señaló Carrascosa.

La secretaria de Empleo destacó que «no es de extrañar que el 80 % de los contratos a personas extranjeras en Castilla-La Mancha se concentre en los sectores Servicios y Agricultura». Sin embargo, también advirtió sobre la elevada tasa de paro que afecta a este colectivo, que se sitúa en el 20 %, frente al 12 % de la media regional.

El informe también pone el foco en la brecha de género. Carrascosa apuntó que «la brecha de género es especialmente acusada entre la población extranjera, donde las mujeres registran las tasas de paro más elevadas y las tasas de empleo más bajas».

Además, el análisis del nivel educativo muestra una segmentación formativa: la mayoría de la población extranjera se concentra en niveles educativos bajos y medios, mientras que la población española presenta una distribución más equilibrada y una mayor presencia femenina en la educación superior. No obstante, la integración laboral de los extranjeros con formación superior es comparable a la de la población española, lo que, según Carrascosa, «demuestra el potencial de la educación como herramienta de reducción de desigualdades».

La responsable sindical concluyó que «la inmigración se consolida como un factor clave para compensar el bajo crecimiento natural de la población de Castilla-La Mancha y sostener la actividad económica», y defendió la necesidad de «diseñar políticas públicas orientadas a fomentar la igualdad de oportunidades, reducir las brechas de género, mejorar la estabilidad laboral y promover la integración formativa y profesional de la población extranjera».

Añadió que «solo a través de un enfoque integral será posible avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo, equilibrado y sostenible en el contexto demográfico actual de España».

Durante la comparecencia, Carrascosa informó además sobre el proceso de regularización de personas extranjeras que comenzará en abril, acompañado de una campaña informativa por parte del sindicato. «Se trata de un paso más para afrontar la gran bolsa de empleo irregular que existe en España y en Castilla-La Mancha y que da pie a espacios de explotación laboral», indicó.

«Para nosotros es fundamental que esta regulación vaya acompañada de medidas extraordinarias para abordar la economía sumergida y perseguir a quienes emplean irregularmente».

Por último, Carrascosa anunció que, dentro del plan de acción del sindicato en materia de inmigración, a lo largo de 2026 UGT realizará encuentros en las cinco provincias de la región para abordar de manera específica la situación de la mujer trabajadora inmigrante y construir propuestas que mejoren su situación.

«En las últimas décadas el flujo migratorio ha transformado de manera significativa la composición laboral de nuestro país, una realidad a la que debemos dar respuesta», concluyó.

El comercio minorista de C-LM encadena 20 meses de subidas

Las ventas del comercio al por menor en España aumentaron un 2 % interanual en febrero, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra supone una desaceleración de 1,7 puntos respecto al mes anterior y representa el incremento más moderado desde febrero de 2025. En Castilla-La Mancha, el crecimiento fue ligeramente superior, alcanzando el 2,2 %.

A pesar de este menor ritmo de avance, el sector encadena ya 20 meses consecutivos de crecimiento en la facturación. Por segmentos, las ventas de productos de alimentación subieron un 1,6 %, mientras que el resto de productos registraron un aumento del 3 %. Destacan los incrementos en equipo personal (6,9 %), equipo del hogar (1,3 %) y salud (1,4 %). Las estaciones de servicio también experimentaron un repunte del 2,4 % respecto a febrero del año anterior.

Por modos de distribución, las grandes cadenas lideraron el crecimiento con un 6,4 %, seguidas del comercio electrónico (2,2 %) y las empresas unilocalizadas (0,4 %). En contraste, las grandes superficies y las pequeñas cadenas sufrieron descensos del 2,8 % y 2,3 %, respectivamente.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 2,2 % en febrero en comparación con el mismo mes de 2025, lo que supone la tasa más baja desde noviembre de 2024. No obstante, la serie desestacionalizada acumula ya 39 meses consecutivos de tasas positivas. En términos mensuales, las ventas del comercio minorista descendieron un 0,1 % respecto a enero.

En la serie corregida, las ventas de productos alimenticios se mantuvieron estables, mientras que el resto de productos bajó un 0,1 %. Las estaciones de servicio, por su parte, incrementaron sus ventas un 0,6 % en febrero.

En el acumulado de los dos primeros meses del año, el comercio minorista ha aumentado su facturación un 2,9 % respecto al mismo periodo de 2025, con un crecimiento del 7,5 % en grandes cadenas, 4,9 % en comercio electrónico y 0,5 % en empresas unilocalizadas. Por el contrario, las pequeñas cadenas y las grandes superficies registraron descensos del 2,4 % y 0,6 %, respectivamente.

El empleo en el sector del comercio minorista creció en febrero un 0,7 % interanual, una décima menos que el mes anterior, aunque suma ya 54 meses consecutivos de tasas positivas. Los mayores aumentos de ocupación se dieron en las grandes cadenas (2,4 %) y grandes superficies (1,2 %).

Las empresas unilocalizadas elevaron sus plantillas un 0,4 %, mientras que las pequeñas cadenas recortaron la ocupación un 2 %. En términos mensuales, el empleo descendió un 0,8 %, destacando las caídas en grandes cadenas (-2,1 %) y pequeñas cadenas (-0,6 %).

Por comunidades autónomas, las ventas minoristas aumentaron en 15 regiones, con los mayores repuntes en Aragón (4,2 %), País Vasco (3,4 %), Murcia (3,2 %) y Madrid (3,1 %). Los incrementos más moderados se registraron en Cataluña (0,3 %) y Cantabria (0,6 %). En Baleares y Navarra, las ventas descendieron un 1,6 % y un 0,6 %, respectivamente. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las ventas subieron un 3,1 % y un 3,7 %.

En cuanto al empleo, solo disminuyó en País Vasco, con un retroceso interanual del 0,3 %. El resto de comunidades experimentaron incrementos, especialmente Asturias (2,9 %), Ceuta (2,2 %), Melilla (2,1 %), Murcia (1,7 %) y Extremadura (1,6 %).

Comprar una primera vivienda con menos de 36 años en C-LM tendrá más deducciones desde este martes

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este lunes la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida como la ley de acompañamiento al presupuesto, que introduce un paquete de deducciones fiscales destinadas a favorecer el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y colectivos vulnerables. La norma, firmada por el presidente regional Emiliano García-Page el pasado 26 de marzo, entra en vigor este martes.

Entre las principales novedades, la ley contempla una reducción del 40% en el tipo impositivo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que pasa del 5 % al 3 % para la adquisición de la primera vivienda habitual por parte de jóvenes menores de 36 años.

Además, se reduce a la mitad el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, del 0,50 % al 0,25 %, y se introduce una nueva deducción autonómica en el IRPF del 15 % de las aportaciones realizadas a cuentas ahorro en entidades de crédito.

Estas medidas se complementan con la concesión de préstamos a tipo cero por parte de la Administración regional, destinados a cubrir la parte de la financiación que no sea asumida por los bancos. Así, la Junta de Castilla-La Mancha busca facilitar el acceso a la vivienda a quienes encuentran más dificultades para obtener financiación en el mercado tradicional.

La ley también incrementa en un 11 % el límite máximo de la deducción por arrendamiento de vivienda, que pasa de 450 a 500 euros. Esta ampliación no solo beneficia a los jóvenes menores de 36 años, sino también a familias numerosas y monoparentales. Asimismo, el límite del valor de la vivienda para poder acogerse a estas deducciones se eleva de 180.000 a 240.000 euros.

Junto a estas medidas, la norma incluye otras desgravaciones y reducciones de tasas dirigidas a disminuir el esfuerzo fiscal de los colectivos más vulnerables. Además, se incorporan medidas de simplificación y agilización administrativa, así como disposiciones relacionadas con la política de recursos humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Si tu contrato de alquiler en C-LM vence en 2026 o 2027, esto te interesa: podrías optar a dos años de prórroga

Un total de 2.687.392 personas en España se verán afectadas por el vencimiento de sus contratos de alquiler entre 2026 y 2027, según los datos desagregados por un equipo técnico de la Secretaría General de Consumo, que ha empleado como fuente el Panel de Hogares desarrollado por la Agencia Tributaria en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales.

Madrid y Cataluña concentran más del 40 % de los afectados, mientras que el nuevo real decreto de vivienda, en vigor desde el pasado fin de semana, introduce medidas de prórroga y limitación de rentas.

Madrid lidera la lista de comunidades autónomas con mayor número de personas afectadas, con 623.142 ciudadanos cuyos contratos de alquiler finalizan en 2026 y 2027 (404.090 en 2026 y 219.052 en 2027). Cataluña ocupa el segundo lugar con 474.814 afectados (300.984 en 2026 y 173.830 en 2027). Ambas comunidades suman 1.097.956 personas, más del 40% del total nacional, sin contar los datos del País Vasco y Navarra, que no figuran en el Panel de Hogares de la Agencia Tributaria debido a su régimen foral.

El impacto del vencimiento de contratos también es significativo en Andalucía, con 360.040 personas afectadas, seguida de Canarias (268.053), Castilla y León (145.430) y Baleares (112.484). Por debajo de las 100.000 personas se encuentran Aragón (96.236), Castilla-La Mancha (87.648), Murcia (77.212), Asturias (46.375), Extremadura (37.707) y Cantabria (28.431). El menor impacto se registra en Ceuta y Melilla, con 6.306 y 7.417 personas respectivamente.

En cuanto al número de contratos de alquiler que finalizan en este periodo, la cifra asciende a 1.037.603 en toda España. Madrid encabeza el listado con 224.961 contratos, seguida de Cataluña con 177.833 y Andalucía con 144.016.

El nuevo real decreto de vivienda, que entró en vigor el pasado fin de semana, establece la posibilidad de prorrogar durante dos años los contratos de arrendamiento de vivienda habitual cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027. De este modo, todos los contratos que finalicen entre el 22 de marzo de 2024 y el 31 de diciembre de 2027 podrán acogerse a esta prórroga extraordinaria.

La normativa también introduce una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta del 2 %. En el caso de que el arrendador no sea considerado «gran tenedor», la actualización deberá realizarse mediante acuerdo entre las partes.

Los datos presentados no incluyen la información relativa al País Vasco y Navarra, ya que estas comunidades autónomas cuentan con un régimen foral propio y sus datos no figuran en el Panel de Hogares de la Agencia Tributaria.

El análisis de la Secretaría General de Consumo, basado en fuentes oficiales, pone de manifiesto el alcance de la medida y la magnitud del colectivo afectado por el vencimiento de los contratos de alquiler en los próximos años.