El jurado popular ha declarado por unanimidad a J.J.S.A. culpable de los delitos de asesinato y aborto, tras el juicio celebrado desde este lunes en la Audiencia Provincial de Toledo. El acusado fue juzgado por la muerte de su esposa, M.E.B.C., de 34 años y embarazada de 40 semanas, en la localidad de Escalona (Toledo) el 28 de diciembre de 2022.
Según el escrito de la Fiscalía, J.J.S.A. mantenía una relación matrimonial con M.E.B.C., con quien convivía junto a sus dos hijos menores, A. de 13 años y B. de 14 años. En el momento de los hechos, M.E.B.C. estaba embarazada de M.A.G., con quien mantenía una relación extramatrimonial que era conocida y asumida por el acusado.
La tarde del 28 de diciembre, M.E.B.C. decidió abandonar el domicilio familiar junto a sus hijos para trasladarse a vivir con M.A.G., tras varios intentos previos fallidos por miedo a represalias. Mientras los menores sacaban sus pertenencias al coche, el acusado cerró la puerta de la vivienda y, en el patio delantero, asestó a M.E.B.C. ocho puñaladas en el abdomen y la espalda. La Fiscalía detalla que «el procesado asestó a M.E.B.C. ocho puñaladas en la zona abdominal y en la espalda», lo que provocó la muerte de la víctima y del feto, pese a la intervención de los servicios sanitarios que practicaron una cesárea de urgencia.
El informe forense recoge que las heridas fueron dos en la región infraescapular izquierda, una por debajo de la zona deltoidea izquierda, tres en el abdomen izquierdo y dos en el antebrazo izquierdo, sin que ninguna presentara signos de defensa. El fiscal sostiene que el ataque fue motivado por «el desprecio hacia su esposa y su falta de voluntad de respetar su libre decisión de reanudar su vida sentimental», y que el acusado insultó a la víctima por «tener un hijo con otro».
Tras el ataque, J.J.S.A. arrojó el cuchillo al patio de la vivienda contigua e informó a su hijo A. de la autoría del crimen, manifestando que «se lo tenía merecido». También reconoció los hechos ante su hija B. y el vecino P.C.C. Posteriormente, pidió que llamaran a la Guardia Civil, admitiendo que sabía «muy bien lo que había hecho y no iba a ir a ninguna parte».
El acusado permanece en prisión provisional desde el 30 de diciembre de 2022, a la espera de la sentencia definitiva tras el veredicto del jurado.
