El Juzgado de Instrucción Número 2 de Albacete celebrará el próximo lunes, 29 de junio, el juicio contra J.C.L., peluquero y propietario de un negocio, acusado de agredir sexualmente a una de sus empleadas, identificada como A. El Ministerio Fiscal sostiene que los hechos ocurrieron entre 2017 y 2021, periodo en el que la víctima trabajó junto al acusado y otras dos compañeras en la peluquería que él regentaba.
Según el escrito de acusación, J.C.L. se acercaba a la empleada mientras atendía a clientas, tocándole la cintura y, en ocasiones, dándole pellizcos en los brazos. En una ocasión, llegó a susurrarle al oído: «al final lo voy a hacer cueste lo que cueste». Además, el fiscal relata que el acusado entró en el almacén que las trabajadoras utilizaban como vestuario justo cuando A. se estaba cambiando para ponerse el uniforme, aunque salió tras la petición de la empleada.
A pesar de que el comportamiento de J.C.L. incomodaba a A., quien le pedía que la dejase tranquila, el acusado persistió en su actitud. El episodio más grave, según la Fiscalía, tuvo lugar una tarde de agosto de 2021, cuando el acusado, aprovechando que aún no habían llegado las demás trabajadoras ni clientas, siguió a la víctima, la agarró con fuerza por detrás e intentó tocarle los pechos introduciéndole una mano por el escote de la camiseta. La víctima trató de evitarlo cruzando los brazos, pero el acusado llegó a tocarle los glúteos. Finalmente, A. se puso en cuclillas y le gritó que la dejase, consiguiendo que el acusado cesara en su agresión.
Como consecuencia de estos hechos, A. ha sufrido daño psicológico, presentando sintomatología y alteraciones anímicas que requieren intervención profesional de la Unidad de Salud Mental.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y solicita para el acusado una pena de tres años de prisión, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, pide libertad vigilada durante cinco años tras la pena de prisión, la prohibición de aproximarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por ella a menos de 500 metros, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante seis años.
Asimismo, el Ministerio Fiscal solicita la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que implique contacto regular y directo con menores de edad durante seis años. En concepto de responsabilidad civil, reclama que el acusado indemnice a la víctima con 8.000 euros por los perjuicios causados.
