Castilla-La Mancha figura entre las comunidades autónomas donde se localizan parte de los más de 1.000 inmuebles ‘sin posesión’ que el servicer inmobiliario Hipoges ha puesto a la venta en toda España, una operación valorada en más de 120 millones de euros y dirigida exclusivamente a inversores profesionales.
Según ha informado la propia compañía, los activos —en un 92 % de carácter residencial— se encuentran ocupados por inquilinos, bien con contratos de alquiler vigentes o en situaciones pendientes de regularización. Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha concentran el 86 % de estas propiedades, lo que sitúa a la región dentro de los territorios directamente afectados por este tipo de operaciones inmobiliarias.
La comercialización de este volumen de viviendas ocupadas vuelve a poner el foco en la especulación con la vivienda y en el papel de los grandes fondos y servicers en el mercado inmobiliario, especialmente en un contexto de dificultad de acceso a la vivienda y de tensión en los precios del alquiler. Se trata de inmuebles que salen al mercado con precios ajustados, no para su uso residencial inmediato, sino como activos de inversión con expectativas de rentabilidad futura.
Hipoges defiende que estas operaciones responden al creciente interés inversor por este tipo de activos y a la búsqueda de una salida por parte de los propietarios. Así lo expone el director de Real Estate de la compañía, Borja Izquierdo, al señalar que “en los últimos meses se ha disparado el interés de los inversores por las viviendas sin posesión, tanto aquellas que están ocupadas por inquilinos con un contrato vigente como aquellas que se sitúan en una situación pendiente de regularización”.
Izquierdo reconoce que se trata de una “realidad compleja”, aunque sostiene que estas situaciones “se pueden transformar en una oportunidad con alto potencial de revalorización de un inmueble”, una afirmación que refuerza el enfoque puramente inversor de la operación y alimenta el debate sobre el uso de la vivienda como bien especulativo frente a su función social, también en comunidades como Castilla-La Mancha.
