Confieso que la idea de adaptar el viejo dicho marinero sobre las ratas y los barcos a este asunto me vino a la cabeza al ver el magnífico troleo que un asesor de Mónica Oltra le dedicó a Vito Quiles, cuando este se acercó a la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana con su habitual actitud de acosador político. Quiles llegó dispuesto a convertir la calle en otro escenario de intimidación, con esa mezcla de soberbia, provocación y victimismo que tanto cultiva la extrema derecha mediática. Sin embargo, la escena se le volvió en contra: desde el móvil del acompañante de Oltra comenzó a sonar Rata de dos patas, de Paquita la del Barrio, y el agitador quedó definido en apenas unos segundos con una precisión que ningún discurso académico habría podido mejorar.
La potencia de aquella canción no está solo en su ferocidad verbal, sino en la capacidad que tiene la cultura popular para nombrar lo que muchas veces el análisis político tarda demasiado en decir. “Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio malhecho”: los versos de Paquita parecen escritos para esa fauna reaccionaria que no debate, sino que persigue; que no informa, sino que intoxica; que no fiscaliza al poder, sino que actúa como brazo sucio de quienes pretenden conquistarlo. En ese instante, el insulto no sustituía al pensamiento: lo condensaba. La canción funcionaba como una radiografía moral de quienes han hecho del acoso una profesión y del odio una mercancía.
Además, la propia historia de Rata de dos patas añade una capa política muy reveladora. Manuel Eduardo Toscano, autor del tema, explicó años después que la letra no estaba dirigida a una expareja de Paquita la del Barrio, sino a un expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, al que no podía señalar de forma directa. La rabia social tuvo que disfrazarse de despecho amoroso para poder circular. Así, una canción nacida aparentemente del resentimiento sentimental terminó convertida en un himno contra el abuso, contra la impunidad y contra quienes ejercen poder mientras arruinan la vida de los demás. Vista desde ahí, la asociación con Quiles resulta casi natural: no porque él tenga la importancia de aquellos grandes nombres del autoritarismo, sino porque representa su versión más pobre, más ruidosa y más servil.
Vito Quiles no debe analizarse como una extravagancia individual ni como un personaje aislado de las redes sociales. Es, más bien, el producto de un ecosistema político, mediático y económico que recompensa la brutalidad, premia la mentira y convierte la violencia simbólica en espectáculo rentable. Su método es conocido: señalar enemigos, difundir bulos, hostigar a personas concretas, fabricar escándalos y, cuando llegan las consecuencias, presentarse como víctima de una conspiración. Es la vieja receta de la extrema derecha: atacar primero, llorar después; convertir el daño en propaganda y la responsabilidad en martirio.
En el momento en que se escriben estas líneas, Quiles acumula problemas judiciales y causas abiertas, incluida una orden de búsqueda por no acudir a declarar ante los juzgados por un presunto delito contra un funcionario de Hacienda. Lo relevante no es solo su situación procesal concreta, sino el patrón político que revela. No estamos ante simples excesos verbales ni ante una supuesta irreverencia periodística: estamos ante una práctica de hostigamiento que busca disciplinar, intimidar y desgastar a quienes la reacción identifica como enemigos. La mentira no aparece aquí como error, sino como herramienta; el acoso no es un accidente, sino un método.
La extrema derecha necesita siempre dos rostros. Uno es el institucional: traje, bandera, despacho, tono grave y apelaciones grandilocuentes a la libertad. El otro es el rostro callejero o digital: insulto, amenaza, persecución, bulo y espectáculo. Ambos se complementan. La derecha parlamentaria marca el marco; sus agitadores lo ensucian. Los dirigentes se presentan como respetables mientras otros hacen el trabajo sucio que ellos no quieren firmar directamente. Quiles pertenece a esa segunda categoría: la del peón útil mientras golpea, pero incómodo cuando la justicia, la opinión pública o el cálculo electoral empiezan a convertirlo en un problema.
Por eso conviene mirar más allá del personaje. Quiles sirve porque hay partidos que se benefician de su ruido, medios que amplifican su violencia y sectores económicos que saben que el odio también puede ser un negocio. Vox necesita esa agitación permanente porque su proyecto político se alimenta del miedo y de la deshumanización del adversario. Una parte del PP la tolera, la jalea o mira hacia otro lado porque le resulta funcional para erosionar al Gobierno de coalición y a cualquier fuerza progresista. Y determinados espacios digitales la monetizan porque la indignación, el insulto y la persecución generan clics, audiencia y dinero.
El mecanismo es perfectamente reconocible: primero se fabrica un enemigo; después se le despoja de legitimidad; más tarde se justifica su acoso; y, finalmente, cuando alguien pide cuentas, se denuncia una supuesta persecución política. Así se construye la inversión moral de la derecha española. Si se investiga a un agitador ultra, la culpa es de Pedro Sánchez. Si se investigan irregularidades en el entorno de Isabel Díaz Ayuso, también. Si aparecen denuncias, pruebas o procedimientos judiciales, el problema nunca son los hechos, sino quienes se atreven a señalarlos. De este modo, quienes llevan años persiguiendo a otros se presentan como perseguidos, y quienes erosionan la democracia se disfrazan de víctimas del autoritarismo.
Desde una izquierda transformadora, la respuesta no puede limitarse a celebrar que uno de estos agitadores tenga que rendir cuentas. Eso sería comprensible, pero insuficiente. El problema no empieza ni termina en Quiles. El problema es una arquitectura de poder que produce este tipo de figuras, las utiliza, las exhibe y, cuando dejan de ser útiles, las abandona. La cuestión de fondo es cómo una democracia permite que el acoso se disfrace de periodismo, que la mentira se venda como opinión y que la violencia política se convierta en un modelo de negocio. No basta con señalar al peón: hay que señalar también a quienes lo mueven.
La historia está llena de personajes semejantes: matones de partido, propagandistas del miedo, provocadores profesionales, fanáticos de poca monta y servidores disciplinados de causas que ni siquiera comprenden del todo. Dicen defender España, pero defienden privilegios. Dicen luchar contra la corrupción, pero callan ante la de los suyos. Dicen proteger la libertad, pero persiguen a mujeres, migrantes, sindicalistas, activistas, periodistas y representantes públicos que se niegan a obedecer su agenda reaccionaria. Su patriotismo no es amor por un país: es odio organizado contra una parte de su pueblo.
El papel de estos personajes es abrir camino a la normalización de lo intolerable. Primero llega el insulto; luego, una tertulia lo convierte en controversia. Primero llega el bulo; después, un dirigente lo reformula con lenguaje parlamentario. Primero llega el acoso; más tarde, el partido exige explicaciones a la víctima. Así se desplaza el marco democrático. Así se convierte la violencia en opinión. Así se prepara el terreno para que propuestas autoritarias, machistas, racistas y clasistas aparezcan como simples posiciones legítimas dentro del debate público. La reacción no avanza solo con leyes: avanza también degradando el sentido común.
Pero el poder tiene una lógica cruel con sus propios servidores. Los matones son útiles hasta que dejan de serlo. Mientras intimidan, reciben sonrisas, fotografías, invitaciones, palmadas en la espalda y protección simbólica. Cuando se convierten en un coste judicial, reputacional o electoral, pasan a ser material desechable. La derecha institucional puede necesitar su ferocidad, pero no quiere cargar eternamente con sus manchas. Necesita su violencia, pero no siempre su ruido; necesita sus campañas de hostigamiento, pero no sus imputaciones; necesita su capacidad para ensuciar el terreno, pero no la responsabilidad política de haberlos alimentado.
Ahí cobra sentido la imagen del barco. Mientras el proyecto reaccionario avanza hacia el poder, sus ratas corretean por cubierta convencidas de que forman parte de la tripulación. Creen que sus servicios serán recompensados, que los señoritos a los que sirven los consideran compañeros de travesía, que la brutalidad les garantiza un lugar en el camarote. Pero cuando llega la tormenta judicial o política descubren su verdadera posición: no eran aliados, sino herramientas; no eran indispensables, sino piezas sustituibles. El poder siempre ha sabido sacrificar peones para salvar la estructura que los alimenta.
Por eso la respuesta democrática debe ser firme y, al mismo tiempo, estructural. No basta con confiar en que los tribunales resuelvan lo que también es una batalla cultural y política. Hace falta una democracia capaz de defenderse del fascismo social; unos medios que no confundan información con acoso; una ciudadanía organizada que no normalice la persecución; y una izquierda transformadora que no se limite a gestionar los daños, sino que dispute el sentido común con valentía. Frente a quienes convierten la política en cacería, hay que levantar comunidad, derechos, justicia social y memoria antifascista.
Vito Quiles no es el origen de la enfermedad. Es un síntoma, un instrumento y un producto de época. Su caso permite ver con claridad la alianza entre la extrema derecha, la derecha que se dice moderada y los aparatos mediáticos que fabrican enemigos para proteger privilegios. También recuerda algo esencial: ninguna democracia se defiende sola. Se defiende con instituciones, sí, pero también con organización popular, cultura política y coraje colectivo. Y mientras los sicarios del odio sigan creyéndose protagonistas de la historia, conviene recordarles una verdad antigua: los barcos del poder prometen sitio a las ratas solo hasta que empieza la tormenta.
