El Gobierno ha aprobado este lunes un real decreto ley que extiende el alivio fiscal a los carburantes para los hogares y establece la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, como respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. Las medidas supondrán un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones de euros en 2026, a los que se suman 2.700 millones por la supresión del citado impuesto en los años siguientes.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha confirmado la continuidad del “escudo para hogares y empresas ante el impacto de la guerra en Oriente Medio”, en línea con la desescalada del conflicto. Cuerpo ha destacado que las medidas adoptadas desde marzo han amortiguado el impacto de la guerra sobre los precios, aunque ha justificado la extensión de algunas de ellas por la persistente volatilidad: “Los precios de la energía seguirán por encima de los niveles pre-guerra durante un tiempo”.
El alivio fiscal sobre el coste de la gasolina y el gasóleo para los hogares se mantendrá, aunque se irá adaptando a la evolución de los mercados internacionales. “Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares”, ha explicado Cuerpo. En concreto, la rebaja del impuesto especial a carburantes será de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. Además, el Gobierno ha incluido una cláusula automática de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo en caso de que el conflicto se agrave y la inflación de los carburantes vuelva a dispararse: “Si el conflicto se recrudece, los precios vuelven a dispararse, la ayuda para hogares subiría directamente a 20 céntimos”, ha aclarado el ministro.
El alivio en el carburante para profesionales del sector primario y del transporte se mantiene como en el real decreto ley anterior. En el caso de la agricultura, se añaden 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes, que se suman a los 500 millones ya existentes.
Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pondrá en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de todas las estaciones de servicio, lo que “es importante para identificar los comportamientos anómalos”. Aagesen ha añadido: “Se publicará la lista de aquellas estaciones que tengan comportamiento anómalo y, por otro lado, los consumidores podrán hacer reclamaciones a la vista de cualquier práctica anómala en estas estaciones de servicio”.
En cuanto a la fiscalidad energética, Carlos Cuerpo ha anunciado la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, ajustando los tipos de manera gradual. El impuesto, que tenía un tipo del 7 % en 2026, bajará al entorno del 5% en los dos últimos trimestres de ese año, al 3,5 % en 2027 y desaparecerá en 2028. “Lanzamos ya una señal estructural de desaparición del impuesto sobre la producción que nos demandaban los sectores. Es una medida costosa presupuestariamente pero creemos que es el momento adecuado para seguir reforzando esta señal de electrificación en nuestra economía”, ha subrayado Cuerpo.
Sara Aagesen ha explicado que esta eliminación gradual en 18 meses “va a contribuir a abaratar de forma estructural la factura de los hogares, también de los sectores productivos y de la industria”. La ministra ha añadido: “Una medida que también redunda en un despliegue facilitado de las energías renovables y hemos visto cómo en el pasado hemos aplicado medidas de manera transitoria de reducción, suspensiones temporales o minoraciones, pero por primera vez establecemos esa senda clara hasta el año 2028”.
El real decreto ley también mantiene la prohibición de despedir para las empresas que accedan a las ayudas. En total, las nuevas medidas tendrán una vigencia de tres meses y supondrán un impacto fiscal de 1.825 millones de euros en 2026, además de los 2.700 millones derivados de la eliminación progresiva del impuesto a la producción de energía en 2027 y 2028.
