La alta funcionaria del servicio de Urbanismo expedientada disciplinariamente por la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) y suspendida en sus funciones ha enviado una comunicación a la Junta de Personal y los grupos políticos en el seno del consistorio en la que defiende su comportamiento frente a un expediente disciplinario «carente de fundamentación y basado en meras suposiciones», al tiempo que denuncia una situación de «acoso» por parte del alcalde, el concejal de Obras y el concejal de Urbanismo, y avanza las acciones «administrativas y penales» que correspondan.
Por su parte, el alcalde, Miguel Ángel Ruiz, ha reiterado que hasta la fecha no tiene conocimiento de que la funcionaria haya tramitado una denuncia, se ha remitido al procedimiento de instrucción y ha negado que la trabajadora se encuentre en una situación de «desprotección», toda vez que el consistorio cuenta con un protocolo contra el acoso laboral.
«Desde hace meses vengo sufriendo una situación de acoso por parte de ciertos cargos políticos del Ayuntamiento de Puertollano (alcalde, concejal de Obras y concejal de Urbanismo), la cual culminó el día 7 de marzo con un incidente de todo punto inadmisible, y del que fueron testigos varios compañeros de trabajo, que, a día de hoy, intuyo, podrían estar sufriendo presiones e incluso represalias por parte del Ayuntamiento», relata.
A raíz de ello, el viernes día 7 de marzo, tras informar a los sindicatos, la trabajadora decidió comunicar los hechos ante el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ayuntamiento de Puertollano, mediante la presentación de un escrito, relatando lo acontecido.
«La contestación a dicho escrito aún no se ha producido, si bien, el lunes día 11 de marzo, esto es un día hábil después, se me notificó la incoación de un expediente disciplinario, carente de fundamentación y basado en meras suposiciones, en el que de manera inmediata se me suspendía de mis funciones y se me apartaba de mi puesto de trabajo, retirándome en ese mismo momento mi acceso al ordenador», sostiene la funcionaria, quien lamenta que «la situación es tal que, a día de hoy, ni tan siquiera se me ha permitido retirar mis propios enseres personales de las dependencias municipales».
«Evidentemente ante tal escenario, ya anuncio que ejerceré las acciones tanto administrativas como penales que correspondan frente a los responsables de estos hechos, los cuales no pueden quedar impunes», remacha.
En todo caso, la trabajadora ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido durante estos días de compañeros de trabajo del Ayuntamiento, compañeros de profesión, familiares y allegados, así como del Colegio de Arquitectos de Ciudad Real. «Os pido que como parte de la corporación del Ayuntamiento veléis por la limpieza y transparencia del proceso, así como la protección de mis datos personales como estipula la legislación», concluye.
NO HAY CONSTANCIA DE DENUNCIA
De su lado, el alcalde de Puertollano ha reiterado que hasta la fecha no tiene conocimiento de que la funcionaria expedientada disciplinariamente haya tramitado una denuncia por acoso laboral contra parte del equipo de Gobierno y ha vuelto a remitirse al propio procedimiento de instrucción, que en su momento, ha sostenido, dictaminará «y cada uno sacará sus conclusiones». Además, ha negado que la trabajadora se encuentre en una situación de «desprotección», toda vez que el consistorio cuenta con un protocolo contra el acoso laboral.
A preguntas de los portavoces de los grupos municipales de PSOE e IU, Esther Mora y Jesús Manchón, durante la celebración del pleno municipal ordinario, el alcalde ha recordado este jueves que sus declaraciones en prensa responden a las preguntas realizadas por los periodistas en un encuentro informativo para abordar otra temática, y que se limitó a confirmar los términos de esas preguntas. «Los periodistas tenían esa información previamente y puedo asegurar que no se la di», ha remachado. En todo caso ha subrayado que si hubiese denuncia, el equipo de Gobierno se defenderá consecuentemente en los juzgados.
En la formulación de su pregunta plenaria, la edil socialista Esther Mora se ha referido a la funcionaria como «presunta víctima» de la que ha destacado su «valentía», al tiempo que ha preguntado «qué se ha hecho para proteger a esta trabajadora», a lo que el primer edil ha respondido que el consistorio cuenta con protocolos contra el acoso en los que también forman parte los sindicatos, junta de personal y departamento de Recursos Humanos, «por lo que no ha habido ninguna desprotección».
El Grupo Municipal Socialista ha mostrado «toda su empatía hacia la presunta víctima». «Este tema no solo afecta a una trabajadora, sino que pone en tela de juicio la integridad de nuestra administración local, en concreto a una parte del equipo de Gobierno», ha subrayado.
En este sentido, la concejala socialista ha señalado que «además de abrir un expediente de suspensión de empleo y sueldo contra esta trabajadora el día 11 de marzo, no se sabe qué medidas tomó el alcalde el 7 de marzo, cuando la presunta víctima acudió al servicio de prevención de seguridad y salud en el trabajo». «El alcalde no lo ha dejado claro y es llamativo que este expediente se abra después de la denuncia; ha sido significativa la reacción del alcalde, de nuevo, en un tema tan delicado, se ha mostrado esquivo, sin dar ninguna respuesta clara».
También ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que «tenga empatía y no se emitan juicios de valor, sin ningún fundamento en las redes sociales». «Nadie debería tener miedo de asistir a su lugar de trabajo, todos y todas merecemos un ambiente seguro y respetuoso; y esta situación la podría vivir cualquiera, bien en primera persona o a través de algún familiar o amigo».
También ha aludido a este tema el concejal de Izquierda Unida Jesús Manchón, quien ha reprochado al alcalde que «aireara» este expediente ante la prensa, algo que «jamás ha ocurrido anteriormente», y se ha mostrado partidario de que lo mejor es «estar lo más callado posible» para proteger los derechos de la funcionaria. Eso sí, ha advertido de que IU estará «vigilante» en la resolución del expediente.
