La Guardia Civil ha asestado un importante golpe al contrabando de tabaco con una operación que ha tenido actuaciones en las provincias de Cuenca y Toledo, además de Alicante, Huelva, Murcia y Sevilla. El operativo ha permitido desmantelar seis fábricas ilegales de tabaco, detener a 50 personas y practicar 23 registros en viviendas, naves industriales y otros inmuebles.
La investigación, desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO), ha culminado con la intervención de más de 20 millones de cigarrillos y 38,4 toneladas de hoja y picadura de tabaco, un material cuyo valor supera los 10 millones de euros. Según los investigadores, las instalaciones podían producir hasta 7,8 millones de cigarrillos al día.
Las pesquisas han permitido desarticular dos organizaciones criminales de ámbito internacional asentadas en España que fabricaban tabaco de contrabando para distribuirlo posteriormente en distintos países europeos.
La investigación ha sido dirigida desde Tarancón
Uno de los aspectos más destacados para Castilla-La Mancha es que una de las dos operaciones judiciales ha sido dirigida por el Tribunal de Instancia número 2 de Tarancón (Cuenca), en coordinación con la Fiscalía. La otra ha estado dirigida por un juzgado de Elche (Alicante).
Además, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de las unidades de Policía Judicial de Cuenca y Toledo, junto a las de otras provincias implicadas en el operativo.
Trabajadores viviendo dentro de las fábricas
La investigación ha revelado que las instalaciones clandestinas disponían de espacios habilitados para alojar a los trabajadores, que residían de forma permanente en las propias fábricas en condiciones precarias y de hacinamiento, según ha informado la Guardia Civil.
Durante los registros también se han intervenido 18 vehículos, 170.000 euros en efectivo, armas de fuego y numerosos dispositivos electrónicos encriptados utilizados presuntamente por la organización.
Entre los detenidos figuran dos personas reclamadas por la Justicia de Polonia, que ya han sido puestas a disposición de las autoridades de ese país.
La operación ha contado con la colaboración de Europol, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y cuerpos policiales de Polonia, Portugal, Lituania, Rumanía, Italia, Francia y Ucrania, dentro de una investigación internacional iniciada hace más de siete años.
