El Congreso de los Diputados aborda el debate de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, tras su aprobación en las Cortes regionales. Un trámite en la Cámara Baja nacional que cuenta como último precedente histórico con el debate de reforma del Estatuto de 2014, cuya toma en consideración se suscitó hace casi doce años, el 19 de noviembre de 2013. Se trataba de la cuarta reforma del texto autonómico tras las de 1991, 1994 y 1997.

Un debate que no estuvo exento de polémica, entre la defensa del proyecto del Ejecutivo de María Dolores de Cospedal por parte de un Partido Popular con mayoría absoluta en el Congreso, el rechazo frontal del PSOE y la oposición minoritaria entonces representada por Izquierda Unida y UPyD, y la abstención de las fuerzas nacionalistas.

El actual alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, fue el encargado de defender el proyecto como representante de las Cortes de Castilla-La Mancha, dejando claro, desde el principio de su intervención, que no contemplaban el proyecto como una reforma de calado.

«No se trata de una propuesta de reforma del Estatuto al uso», apuntaba Cañizares. «No traemos hoy a este Congreso de los Diputados una reforma que implique una modificación sustancial de la relación de Castilla-La Mancha con el Estado. No implica, por supuesto, ninguna competencia nueva ni distinta a las existentes. No abre ninguna controversia ni territorial ni competencial con nadie», argumentaba.

El entonces diputado autonómico del PP describía la modificación, pasando de una horquilla de 47 a 59 diputados, a una de 25 a 35 -que ha seguido rigiendo hasta la actualidad- como una medida para «racionalizar un sistema autnómico que después de los años de crisis que ha padecido nuestro país y especialmente nuestra región debemos afrontar con decisión». A partir de ahí, hacía una descripción de la difícil situación presupuestaria de la región en la época, defendiendo la gestión del Gobierno de María Dolores de Cospedal.

Además, defendía la pertinencia de la reforma por el apoyo de la opinión pública que, según afirmaba, apoyaba la reducción del número de diputados en «un 94 %».

Con el eco del conflictivo Estatut de Catalunya de 2006 de fondo, Cañizares defendía que el proyecto no generaba ningún problema a la Cámara, frente a otras reformas autonómicas que comportaban «aspectos que claramente atacaban y vulneraban principios constitucionales y que suponían problemas graves de interpretación de nuestra Carta Magna».

Argumentos replicados por el diputado del Grupo Parlamentario Popular encargado de defender la posición de su partido en la Cámara, el toledano Agustín Conde, que subrayaba la defensa de su formación de «un determinado modelo de lo público, porque nosotros creemos que el Estado tiene que tener un tamaño sostenible».

EL PSOE RECHAZABA LA FORMA Y EL FONDO

Frente a esta defensa, el Partido Socialista se posicionó como principal fuerza en contra, argumentando la falta de cosenso a la hora de promover el proyecto, y la pertinencia de modificar el número de representantes legislativos regionales.

La entonces portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, Soraya Rodríguez, era la encargada de trasladar la posición del PSOE, argumentando que el proyecto estaba motivado por «un interés fraudulento, partidista, en utilizar de forma instrumental la reforma de una norma fundamental para modificar la ley electoral».

Rodríguez apuntaba que la reforma había sido promovida con el apoyo de 25 de los 49 diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha, un volumen muy alejado del «más absoluto consenso» requerido para modificar una norma «que forma parte del bloque de Constitucionalidad democrática». «Este 51 % representa solo y únicamente a un partido político, a una fuerza política que quiere utilizar de forma burda el resultado de esta reforma para sus intereses electorales», afirmaba.

Además, rechazaba los argumentos de racionalización de las administraciones, recordando que tan solo un año antes, el PP había promovido una reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha para aumentar el número de parlamentarios. «Si no tenía coste ampliarlo, ¿cómo van a ahorrar ustedes ahora disminuyendo el número?», cuestionaba la portavoz socialista.

La diputada del PSOE achacaba a una intención de suprimir el control parlamentario el proyecto. «No pueden utilizar la democracia, la mayoría que les da la democracia en las urnas, para empobrecer, debilitar la democracia», señalaba.

«ATAQUE A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS»

La oposición minoritaria nacional, en aquella época IU y UPyD, también trasladaron su oposición frontal a la reforma, señalando que suponía un daño a los principios democráticos.

El portavoz de la Izquierda Plural y entonces coordinador general de IU, el argamasillero Cayo Lara, apuntaba que la reforma se había promovido «aprovechando el clima de antipolítica». «Cuando se recorta tanto la democracia», afirmaba Lara, «lo que se termina finalmente es negando el concepto propio de la democracia».

El coordinador general de IU cuestionaba la pertinencia de dejar «una comunidad con más de dos millones de habitantes, casi 80.000 kilómetros cuadrados, cinco provincias, más de 900 ayuntamientos» con «menos escaño que ninguna otra comunidad».

Además, rechazaba el argumento de la austeridad en el gasto institucional, acusando al Ejecutivo regional del PP de incrementar «la partida de altos cargos y de los elegidos a dedo en un 60% desde 2011» de 36 a 57 millones de euros. «No es el ahorro el fondo de la medida», afirmaba.

Según Lara, el proyecto tan solo contaba con un «objetivo que se oculta, y es encajar los raquíticos escaños entre las provincias, favoreciendo a las más proclives al Partido Popular».

En la misma línea, por UPyD el diputado Carlos Martínez calificaba el proyecto como «un ataque en toda la regla a lo que son los principios de la democracia representativa».

«Proponen una reforma electoral que está hecha ad hoc para impedir el acceso a partidos políticos nuevos al Parlamento de Castilla-La Mancha y para que ustedes mantengan una posición dominante más allá de cuál sea la voluntad ciudadana», afirmaba el parlamentario ‘rosa’.

Martínez cargaba además contra la defensa del proyecto realizada por Cañizares, afirmando que «eso no es defender un proyecto de reforma de estatuto, es como le digo un mitin de fin de semana».

ABSTENCIÓN CON CRÍTICAS DE LOS NACIONALISTAS

De su lado, las principales fuerzas nacionalistas trasladaban su posición de abstención, ante la doctrina de respetar el texto emanado del parlamento regional, aunque no sin introducir críticas directas al sentido de la reforma.

El diputado del PNV, Aitor Esteban, calificaba el proyecto como un ataque a «los equilibrios institucionales».

Además, destacaba la ausencia de apoyo de ninguna otra fuerza política. «Llama la atención que una modificación de una materia tan delicada sea únicamente apoyada por un único grupo de las Cortes», apuntaba el parlamentario vasco.

En la misma línea, el diputado de la entonces fuerza mayoritaria en Cataluña, CiU, Jordi Xuclá i Costa, apuntaba a la responsabilidad de su grupo de «entrar en el fondo de la cuestión», afirmando que el contenido de la reforma no contaba con «un umbral mínimo de calidad democrática» para que «un Parlamento que pueda desarrollar sus competencias».

Con su contenido, afirmaba, «se deben disparar las alarmas de unas cuantas reflexiones», argumentando que desmantelaba «un sistema proporcional» para establecerse «un sistema mayoritario de facto».

La reforma pasó el corte de la Cámara Baja finalmente con el voto favorable de 168 diputados del Partido Popular, frente a los 124 votos contrarios de PSOE, IU, UPyD y Grupo Mixto, y 21 abstenciones de PNV y CiU.