El Gobierno regional y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) han cerrado filas este viernes contra el «hachazo» al trasvase Tajo-Segura ante la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, del segundo escalón del caudal ecológico del Tajo, fijado en 8 metros cúbicos por segundo.

Esta medida implica restar adicionalmente en torno a 70 hectómetros cúbicos anuales de agua para el Levante respecto a lo vigente hasta el segundo ciclo de planificación.

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha mantenido una reunión con el presidente de Scrats, Lucas Jiménez, y con los integrantes de su junta directiva, en la que han advertido de que esta medida supone «un nuevo recorte efectivo» al Tajo-Segura por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Tras el encuentro, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha denunciado que este incremento «no sólo carece de justificación técnica sólida, sino que se adopta sin una evaluación real del primer escalón, dado que el Miteco no ha constituido la Comisión de Seguimiento del Plan Hidrológico del Tajo, que es obligatoria».

«Esto responde a una estrategia clara: la de los recortes progresivos que ponen en riesgo el futuro del trasvase, la agricultura del sureste español y miles de puestos de trabajo», ha añadido.

El caudal ecológico de 8 metros cúbicos por segundo implica la detracción adicional de en torno a 70 hectómetros cúbicos anuales, algo que para Ortuño «es una decisión política que tiene consecuencias económicas, sociales y territoriales muy graves».

A la vez, el responsable autonómico ha criticado la «falta de transparencia» del Gobierno de España, «que sigue sin facilitar información clave sobre concesiones, consumos reales y criterios de explotación en la cabecera del Tajo».

Ortuño ha denunciado, además, la «arbitrariedad» del régimen de caudales ecológicos, «con exigencias muy superiores en el tramo que condiciona directamente el trasvase, mientras en otros tramos regulados de la propia cuenca del Tajo se aplican criterios mucho menos restrictivos».

«No hay coherencia técnica ni ambiental, pero sí un claro sesgo contra la cuenca receptora, lo que supone un agravio hacia el Levante español», ha afirmado el portavoz.

Durante la reunión se ha analizado, según ha precisado Ortuño, que la entrada en vigor de este nuevo escalón «reduce aún más la garantía de los envíos, incrementa la incertidumbre para los regantes y encarece el acceso al agua, sin que existan alternativas viables que puedan sustituir los recursos del trasvase».

Por su parte, Lucas Jiménez ha explicado que el Gobierno central prometió a la Junta de Castilla-La Mancha un recorte del trasvase Tajo-Segura y 3.150 millones de euros para mejorar la depuración del Tajo y las infraestructuras en la cuenca del Segura, pero «la parte que está cumpliendo con exquisitez es el recorte del trasvase».

«Estamos expectantes a ver qué va a ocurrir con el tema de los recursos subterráneos en esta cuenca y estamos expectantes, por supuesto, también de lo que vaya a ocurrir en el futuro en los tribunales con la sentencia que tiene que aparecer a la demanda presentada por el sindicato en torno a la planificación del Tajo», ha añadido.

Jiménez ha criticado que mientras se imponen recortes al trasvase Tajo-Segura, el Gobierno esté dispuesto a financiar proyectos de transferencia entre cuencas e infraestructuras hídricas en Marruecos, lo que considera «una traición de primer nivel» para el sector agrícola.

«Esto puede ocurrir en países o debería ocurrir en países tercermundistas, con direcciones políticas tercermundistas, pero no en un país civilizado como España, pero está ocurriendo», ha lamentado.

Sobre las reglas de explotación del trasvase, Jiménez ha apuntado que el Gobierno «les da miedo sacarlas» porque saben que son «todo fruto de una maniobra política». En este sentido, ha señalado que la situación actual, con 1.160 hectómetros cúbicos almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendía, permite al Gobierno «dejar el cuerpo muerto» sin necesidad de cambiar las reglas.

Asimismo, Jiménez ha hecho un llamamiento a los agricultores y ganaderos del Levante para que acudan a la asamblea que Scrats celebrará a finales de enero en el Altiplano, en la que se abordará la situación de los recursos subterráneos.

«Hago un llamamiento a todos los agricultores y ganaderos del Levante para que esa asamblea sea un éxito y que el Gobierno entienda que con el sector no se puede jugar, en primer lugar, y en segundo lugar, que los pozos y el trasvase no se pueden cerrar si no hay un recurso alternativo previsto antes», ha zanjado.

CORREGIR LA DERIVA ACTUAL

Ante esta situación, Gobierno regional y el Scrats han coincidido en que «el cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033 debe ser el punto de inflexión para corregir la deriva actual, revisar la metodología de caudales ecológicos y garantizar la compatibilidad real entre la protección ambiental del Tajo y el mantenimiento del trasvase como infraestructura estratégica de Estado», ha destacado Ortuño.

Para ello «será necesario la incorporación de datos reales y la activación de mecanismos de coordinación efectiva, además del necesario abandono por parte del Gobierno de España del enfoque ideológico actual, que es el principal obstáculo para la puesta en marcha de una verdadera política hídrica de Estado. Y para eso es imprescindible un Plan Hidrológico Nacional», ha dicho el consejero.

Finalmente, el portavoz ha reafirmado «la firme posición común de defensa del trasvase Tajo-Segura» y ha anunciado que «seguiremos actuando de forma coordinada en el ámbito político, institucional y jurídico frente a decisiones ideológicas que ponen en riesgo el equilibrio territorial y el futuro del Levante».