El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este martes en pleno la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que restringirá el acceso al centro de la ciudad a los conductores que no estén empadronados. La propuesta ha salido adelante con los votos del Gobierno del Partido Popular y los concejales no adscritos, mientras que PSOE, Vox y Unidas Podemos han votado en contra.
El alcalde, Manuel Serrano, ha defendido la iniciativa asegurando que “todos los ciudadanos empadronados en la ciudad tendrán libertad para circular las 24 horas del día, sin restricción alguna, con independencia del vehículo que tengan”. Serrano ha recordado que la medida responde a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a implantar este tipo de zonas.
Según el primer edil, el perímetro afectado incluye calles y tramos de las vías Alcalde Conangla, Hermanos Falcó, Batalla del Salado, avenida de España, Octavio Cuartero, Feria, San Julián, Martínez Villena y paseo de la Libertad. La restricción se aplicará a los conductores no empadronados cuyos vehículos no dispongan de etiqueta ambiental y no paguen el impuesto de circulación en Albacete. No obstante, podrán acceder si adquieren un ticket de la zona azul o si entran a un parking público, hotel o comercio.
El concejal de Movilidad, Francisco Navarro, ha subrayado que el equipo de Gobierno “no quiere percibir el importe de una sola multa derivada de la aplicación de esta ordenanza” y ha anunciado campañas informativas y la regularización de los procedimientos de autorización antes de la entrada en vigor de la ZBE. Navarro ha añadido que “la ordenanza se ha diseñado pensando en el desarrollo económico de la ciudad y en evitar perjuicios innecesarios tanto para los vecinos como para los visitantes”. El concejal ha justificado la flexibilidad de la regulación en que “la calidad del aire es buena en Albacete”.
La medida ha generado un amplio rechazo en la oposición. La concejal de Unidas Podemos calificó la ZBE de “coartada administrativa”, al considerar que no aplica suficientes medidas para frenar la contaminación y el ruido en el centro.
Por su parte, el portavoz socialista, José González, ha considerado que la propuesta “es una oportunidad histórica perdida”, y ha criticado que el nuevo contrato “nace caducado y no responde a la realidad de una ciudad con 200.000 habitantes”. González ha cuestionado si el modelo presentado es el que Albacete necesita para los próximos 20 años y ha señalado que “si nos quedamos en la superficie de la propaganda, con nuevos vehículos y menos ruido, la respuesta parece positiva. Pero al profundizar, la conclusión es demoledora, ya que estamos ante una propuesta continuista que intenta cubrir necesidades del siglo XXI con parches del siglo XX”.
La portavoz de Vox, Lorena González, ha calificado la medida de “innecesaria, incoherente y potencialmente perjudicial”, y ha denunciado que el equipo de Gobierno busca “cumplir un expediente ideológico a costa de la libertad de los ciudadanos”. González ha señalado que “sus propios informes oficiales dicen que la calidad del aire en Albacete es buena y no se superan los límites. ¿Qué problema real vienen a solucionar si no existe un riesgo ambiental?”. Además, ha considerado que la ordenanza es “una maniobra política” y ha advertido que “nos presentan una ZBE descafeinada por la presión social y la de este partido. Si no va a cambiar nada sustancial, ¿para qué la aprueban? Solo buscan justificar subvenciones y crear la estructura para endurecerla en el futuro”.
La aprobación de la ZBE en Albacete se produce en un contexto de debate político y social sobre el equilibrio entre la protección ambiental y la movilidad urbana, con posturas enfrentadas sobre el alcance y la necesidad de la medida.
