El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contará con una inversión de 7.000 millones de euros, triplicando la dotación del plan anterior.
El objetivo principal es impulsar la construcción de vivienda pública y asequible, rehabilitar el parque residencial y facilitar el acceso al alquiler y la emancipación, especialmente para jóvenes y colectivos vulnerables. Castilla-La Mancha gestionará 280 millones de euros del presupuesto total en los próximos cinco años.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que “garantizamos que ningún euro de financiación que ponemos encima de la mesa vaya para la especulación, sino para el derecho (a la vivienda)”.
Rodríguez ha destacado que la Administración General asumirá todo el esfuerzo presupuestario de este año para asegurar la implementación del plan en todo el territorio y evitar que haya “excusas” para no ponerlo en marcha.
El plan introduce una cláusula para asegurar que los procedimientos de adjudicación de vivienda pública sean “objetivos, transparentes y públicos”, tras los recientes escándalos en el reparto de VPO en ciudades como Alicante.
“Fue objeto de atención informativa el caso de una inmobiliaria privada donde se conformaron colas para acceder a una promoción de vivienda asequible para jóvenes que parecía que estaban esperando las entradas a un concierto (…) Esto no es un concierto, es un derecho. No son las entradas para un concierto. Por tanto, tienen que existir mecanismos públicos de transparencia que lo garanticen”, ha señalado la ministra.
La distribución del presupuesto prevé que el 40 % se destine a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, un 30 % a la rehabilitación del parque de vivienda existente mediante ayudas específicas y el 30 % restante a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas. El Estado asumirá el 60 % de la inversión prevista y las comunidades autónomas el 40 % restante.
Rodríguez ha remarcado que el plan busca “cambios estructurales que eran muy demandados por la ciudadanía, por el sector que ha sido avalado por los empresarios, por los sindicatos, con todas las aportaciones y que espero que se despliegue con esa lealtad que merece una respuesta tan necesaria como esta a solventar el problema de la vivienda por parte de las comunidades autónomas”.
El proceso de elaboración del plan ha contado con 28 encuentros con las comunidades autónomas y la incorporación de 400 aportaciones del sector. Además, el Consejo de Estado ha emitido un dictamen favorable, con recomendaciones que han sido incorporadas para “mayor tranquilidad”.
El Plan Estatal de Vivienda se articula en torno a tres ejes: construir, rehabilitar y proteger. El Gobierno blinda la vivienda pública y protegida para evitar la especulación, condicionando la financiación a que sirva siempre al interés general. Se incorpora una cláusula antifraude en las adjudicaciones y se ofrecerán datos públicos sobre el mercado de la vivienda, evitando depender de portales privados.
El Consejo Asesor de Vivienda analizará anualmente el cumplimiento del plan y se establecerán mecanismos de fiscalización semestrales para garantizar el control del desarrollo de las viviendas financiadas con fondos públicos. El calendario del Gobierno prevé una ronda de reuniones técnicas bilaterales en abril para la redacción del convenio y una comisión multilateral con las comunidades autónomas.
En mayo se celebrará la primera conferencia sectorial para aprobar la distribución territorial de los fondos, con el objetivo de desplegar los efectos del plan a partir del segundo semestre del año.
En cuanto al reparto por comunidades autónomas, Andalucía recibirá la mayor dotación, con 1.197 millones de euros, seguida de la Comunidad de Madrid (1.113 millones) y Cataluña (1.015 millones). Otras comunidades como Castilla y León, Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, Islas Baleares, Asturias, Región de Murcia, Cantabria, Extremadura y La Rioja también verán incrementadas sus partidas respecto al plan anterior. Ceuta y Melilla contarán con una dotación de 7 millones de euros cada una.
