El plazo para presentar solicitudes a la regularización extraordinaria de migrantes concluye este martes 30 de junio, tras más de dos meses desde que el Gobierno puso en marcha el proceso. Durante este periodo, el Ejecutivo ha recibido más de 900.000 peticiones, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aunque la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) eleva la cifra a un millón, advirtiendo de posibles duplicidades.
El Gobierno prevé que aproximadamente medio millón de personas se beneficien de la medida. Desde el Ministerio, han asegurado que “el proceso se está desarrollando con total normalidad. Tras su minuciosa revisión caso por caso, se están remitiendo ya autorizaciones provisionales a todos los puntos de España”.
Sin embargo, entidades y colectivos sociales han intensificado la presión para que se amplíe el plazo, ante el temor de que muchas personas queden fuera por no haber podido reunir la documentación a tiempo. El movimiento ‘Regularización Ya’ llevó al Congreso el pasado 10 de junio una proposición no de ley para solicitar la ampliación del plazo, con el respaldo de Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG. Victoria Columba, portavoz de ‘Regularización Ya’, manifestó frente a la Cámara Baja que “la fecha del 30 de junio es una fecha arbitraria. Sabemos que el Gobierno está diciendo que no puede extenderlo pero sabemos que si hay voluntad política esto se puede llevar adelante”.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, recogió esta reclamación en el Pleno del Congreso y criticó la falta de flexibilidad del Ejecutivo. “Si la Administración Pública tenía 15 días para admitir a trámite los expedientes, y sabe perfectamente que ese plazo no se está cumpliendo ni de lejos, ¿por qué no le dan más tiempo a las personas que no tienen capacidad material de reunir todos los papeles necesarios?”, preguntó durante la sesión de control al Gobierno.
Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió el proceso como un “éxito de país” que “culminará con el afloramiento de empleo, con derechos y obligaciones para las personas migrantes y con el refuerzo del mercado de trabajo”. Saiz subrayó que “no es un punto y final” y que en los próximos años el Gobierno continuará “modernizando la política migratoria con determinación y con evidencias”. Añadió que habrá “ocasión de hacer balance” de la regularización y que el Ejecutivo seguirá “ampliando la protección social y robusteciendo nuestro sistema público de pensiones, porque proteger a las personas permite que el crecimiento económico que se ha alcanzado en este Gobierno sea sostenible y beneficie al conjunto de la sociedad”.
En la rueda de prensa de presentación del informe anual de CEAR, la directora general de la entidad, Mónica López, cifró en un millón las solicitudes presentadas, aunque advirtió que “seguramente, en ese millón va a haber bastantes duplicados porque la gente ha presentado por distintas vías, pero, en cualquier caso, todavía faltan dos semanas para que finalice el proceso y ya están hablando de un millón”. Según los datos de CEAR, hay admitidas a trámite “unas 300.000”, es decir, un 30% de las solicitudes presentadas. López señaló que existe “retraso” en la admisión a trámite y que “los 15 días de los que se hablaron en un primer momento, en la mayoría de los casos no se están cumpliendo”.
La directora general de CEAR advirtió también que el número final de solicitudes podría superar las cifras actuales, ya que muchas personas tienen dificultades para obtener y legalizar la documentación exigida por las autoridades españolas. “Probablemente serán más”, afirmó, anticipando un posible repunte de solicitudes en los últimos días del plazo, especialmente entre personas de países donde la obtención y legalización de documentos es más lenta y compleja.
López reclamó flexibilidad en caso de que los retrasos burocráticos impidan a algunas personas completar su expediente dentro del plazo establecido y planteó la posibilidad de ampliar los plazos o adoptar medidas extraordinarias que permitan garantizar el acceso efectivo a la regularización.
