El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado los dos decretos ley aprobados por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán. El paquete, dotado con 5.000 millones de euros, entrará en vigor este domingo y deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados el próximo 26 de marzo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el plan tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, en el que defendió la necesidad de actuar con rapidez ante la incertidumbre del conflicto. “Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias”, afirmó, advirtiendo además de que “nadie sabe cómo va a evolucionar esta crisis”, que podría prolongarse “días, meses o años”.
El núcleo del plan se articula en dos decretos. El primero recoge medidas económicas de carácter general destinadas a aliviar el impacto en hogares y sectores productivos. Entre ellas, destaca la rebaja del IVA del 21% al 10% en carburantes, electricidad y gas, así como la congelación del precio máximo del butano y el propano.
También se incluye la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo europeo del 0,5%. A estas iniciativas se suma la recuperación de una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la gran industria.
El decreto contempla además una rebaja del impuesto de hidrocarburos al nivel mínimo permitido y una ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Asimismo, se prohíben los despidos objetivos por causas económicas vinculadas al conflicto.
Otra de las medidas incluidas es el refuerzo del control sobre los márgenes empresariales en el sector de los combustibles, una iniciativa impulsada por Sumar dentro del acuerdo del Ejecutivo.
El segundo decreto ley se centra en la vivienda e introduce la congelación de los alquileres mediante la prórroga automática de los contratos que expiren en 2026 y 2027 durante un máximo de dos años. Según datos aportados por Sumar, esta medida podría beneficiar a más de un millón de contratos y afectar a unos 2,7 millones de personas.
