La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado el “colapso” de las citas previas en las oficinas de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), una situación que también afecta a Albacete, donde los ciudadanos deben esperar entre 28 y 32 días para realizar algunos trámites.
Según el estudio elaborado por la organización, estas demoras dificultan el acceso a gestiones esenciales como la solicitud de la pensión de jubilación o de la prestación por desempleo, lo que, en algunos casos, puede provocar incluso la pérdida de derechos económicos si no se realizan dentro de los plazos establecidos.
El análisis se llevó a cabo en oficinas de 26 provincias mediante varios intentos de solicitud de cita durante dos semanas. En el caso del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la OCU asegura que en más de la mitad de los intentos no se consiguió cita en la misma ciudad, lo que refleja, a su juicio, una situación “inaceptable”.
La organización también examinó el funcionamiento del SEPE, especialmente para tramitar la prestación por desempleo, un proceso que debe completarse en un máximo de 15 días hábiles. Sin embargo, en ciudades como Albacete, las citas disponibles se ofrecían entre 28 y 32 días después, un plazo que puede obligar a los usuarios a realizar el trámite por vía telemática o asumir la pérdida de parte de la ayuda.
Ante esta situación, la OCU ha reclamado eliminar la cita previa obligatoria para la atención presencial, al menos en trámites urgentes. También propone establecer atención prioritaria para personas vulnerables, mayores o ciudadanos con dificultades para utilizar herramientas digitales.
Además, la organización plantea habilitar mesas de apoyo sin cita previa en las oficinas para ayudar a los usuarios a obtener o utilizar certificados digitales y desarrollar campañas informativas y puntos de asistencia en barrios que faciliten el acceso a la administración electrónica.
Por último, la OCU reclama fijar plazos máximos garantizados para los trámites, de forma que los urgentes se resuelvan en un máximo de cinco días y el resto en diez, con estadísticas públicas mensuales por oficina y medidas correctoras cuando se produzcan retrasos injustificados.
