La irrupción de la extrema derecha en la política internacional ha vuelto a abrir un viejo cajón teórico del que todos sacan conceptos, pero pocos saben ordenarlos con rigor. El debate público se ha llenado de etiquetas, comparaciones históricas precipitadas y discusiones terminológicas que, más que aclarar la realidad, muchas veces la enturbian. De Washington a Roma, de Madrid a Buenos Aires, la pregunta parece repetirse como un estribillo: ¿estamos ante el retorno del fascismo?
Pero para los que intentamos analizar la política desde una perspectiva materialista, la cuestión no puede reducirse a una simple discusión nominalista. No se trata de encontrar la palabra correcta para clasificar la realidad, ni de utilizar la historia como un repertorio de advertencias morales. La tarea consiste en comprender qué fuerzas sociales están actuando bajo la superficie, qué intereses de clase se están reorganizando y qué papel desempeñan las nuevas derechas en la crisis prolongada del capitalismo contemporáneo.
La confusión conceptual que domina el debate no es accidental. Forma parte de un clima ideológico en el que buena parte de la izquierda institucional ha ido perdiendo, durante décadas, su capacidad para interpretar el conflicto social en términos materiales. El eje político se ha desplazado progresivamente desde la lucha de clases hacia una constelación de debates culturales, identitarios y simbólicos que, aunque puedan tener su importancia, han terminado ocupando casi todo el espacio del discurso progresista.
Pero ese desplazamiento no surgió de la nada. Es el resultado de una mutación ideológica profunda que acompañó a la hegemonía neoliberal desde los años ochenta y que terminó penetrando incluso en sectores que históricamente se habían identificado con la tradición socialista o comunista. A medida que el capitalismo global consolidaba su dominio económico, el progresismo institucional fue abandonando el terreno del conflicto material para refugiarse en un lenguaje moral cada vez más abstracto.
El fenómeno que hoy se etiqueta de forma imprecisa como “woke” es uno de los síntomas más visibles de esa transformación. No se trata aquí de cuestionar la defensa de derechos individuales ni la lucha contra discriminaciones reales, que forman parte de cualquier proyecto democrático digno de ese nombre. El problema aparece cuando ese discurso se separa completamente del conflicto económico que estructura la sociedad capitalista.
Bajo la apariencia de radicalidad moral, buena parte de ese progresismo cultural, ha terminado integrándose sin grandes dificultades en el propio capitalismo liberal. Grandes empresas multinacionales adoptan con entusiasmo la retórica de la diversidad mientras continúan aplicando políticas laborales que precarizan a sus trabajadores. Las campañas publicitarias celebran la inclusión al mismo tiempo que las cadenas globales de producción siguen dependiendo de salarios miserables en amplias regiones del planeta.
Cuando el discurso progresista abandona el terreno material —salarios, empleo, vivienda, servicios públicos— y se concentra casi exclusivamente en cuestiones simbólicas, deja a millones de trabajadores sin una representación política clara de sus intereses. Y ese vacío político, como ha ocurrido tantas veces en la historia, termina siendo ocupado por otras fuerzas.
La extrema derecha ha comprendido esa grieta con una rapidez que la izquierda institucional ha sido incapaz de igualar. Allí donde el progresismo habla en un lenguaje cada vez más tecnocrático o moralizante, las nuevas derechas ofrecen relatos simples que conectan con experiencias cotidianas de inseguridad económica, frustración social o pérdida de expectativas.
No lo hacen para transformar esas condiciones, sino para redirigir la frustración hacia enemigos culturales o simbólicos: inmigrantes, feministas, minorías sexuales, instituciones autonómicas o cualquier otro colectivo susceptible de convertirse en chivo expiatorio. Es una operación política antigua, pero sigue funcionando porque conecta con emociones reales producidas por una economía cada vez más desigual.
Ahora bien, confundir este fenómeno con el fascismo histórico sin matices puede convertirse en un error analítico. El fascismo no fue simplemente una derecha agresiva ni una ideología particularmente autoritaria. Fue una forma específica de reorganización del poder burgués en un contexto de crisis profunda del capitalismo europeo.
Para comprenderlo hay que regresar a la Europa de entreguerras. En la Italia posterior a la Primera Guerra Mundial, el país vivía una situación de agitación social extraordinaria. Entre 1919 y 1920, el llamado Bienio Rojo sacudió el norte industrial con huelgas masivas, ocupaciones de fábricas y una movilización obrera que llegó a poner en cuestión la propia continuidad del sistema capitalista.
En este contexto emergió, como una plaga de ratas inmundas, el movimiento dirigido por Benito Mussolini. El fascismo no nació como una revolución social, sino como una respuesta contrarrevolucionaria. Fue la forma violenta que adoptó la defensa del orden capitalista cuando las instituciones liberales parecían incapaces de contener la movilización obrera.
Los escuadrones fascistas, financiados por industriales y terratenientes, se dedicaron sistemáticamente a destruir sindicatos, cooperativas y sedes de partidos socialistas. Cuando Mussolini marchó sobre Roma en 1922 no lo hizo para derribar el Estado burgués, sino para integrarse en él. La monarquía lo nombró jefe de gobierno y el fascismo se convirtió en un nuevo instrumento de estabilización del sistema.
La experiencia alemana siguió un camino algo similar. La devastadora crisis económica tras el crack de 1929 debilitó gravemente a la República de Weimar. En ese escenario, el movimiento de “langostas criminales” dirigido por Adolf Hitler se presentó como una alternativa capaz de restaurar el orden social.
Así, el primer objetivo del nazismo no fueron las minorías raciales. Fueron los comunistas y socialdemócratas que organizaban a la clase trabajadora alemana. Los primeros campos de concentración se llenaron de militantes de izquierda. La propaganda nazi identificaba el marxismo con el llamado “bolchevismo judío”, una construcción ideológica que permitía fusionar antisemitismo con contrarrevolución.
España tampoco fue una excepción a ese patrón histórico. El golpe militar de 1936 respondió al miedo de las clases dominantes ante el avance de las reformas sociales durante la Segunda República. El movimiento falangista fundado por José Antonio Primo de Rivera intentó revestir esa reacción con un discurso pseudo-revolucionario de carácter nacional-sindicalista.
En la práctica, sin embargo, la Falange actuó como instrumento político de un bloque de poder formado por terratenientes, jerarquía eclesiástica, sectores conservadores de la burguesía y buena parte del estamento militar. La dictadura que siguió a la guerra civil se sostuvo sobre una represión sistemática que destruyó las organizaciones obreras y persiguió durante décadas cualquier forma de oposición política.
Recordar ese pasado no es un ejercicio retórico. Es una forma de entender cómo reaccionan las élites económicas cuando perciben amenazado su poder.
Hoy el contexto es distinto. Las derechas radicales del siglo XXI no necesitan destruir de inmediato las instituciones democráticas. Durante décadas de hegemonía neoliberal, la propia democracia liberal ha ido perdiendo buena parte de su capacidad real para intervenir en la economía.
Las decisiones fundamentales sobre inversión, producción o distribución de la riqueza se toman cada vez más lejos del control democrático. Y en ese escenario, la extrema derecha puede presentarse como una fuerza antisistema sin cuestionar realmente las bases económicas del sistema.
En España, el ascenso de VOX responde en buena medida a esa lógica. Su discurso se centra en la defensa de la nación, la confrontación cultural permanente y la construcción de enemigos internos. Pero cuando se examinan sus propuestas económicas aparece un programa ultraliberal clásico: rebajas fiscales para las grandes fortunas, privatizaciones y debilitamiento de derechos laborales.
El contraste entre su retórica popular y su agenda económica es evidente. Sin embargo, una parte significativa de su electorado procede precisamente de sectores populares que sienten que nadie está defendiendo sus intereses materiales.
Ese espacio político tampoco surgió de la nada. Es también el resultado de la trayectoria de la derecha tradicional representada por el Partido Popular. Durante décadas, este partido ha actuado como el principal representante político de las élites económicas españolas.
Desde los gobiernos de José María Aznar hasta las políticas de austeridad aplicadas bajo Mariano Rajoy tras la crisis de 2008, el Partido Popular consolidó un modelo económico basado en privatizaciones, desregulación financiera y reformas laborales que debilitaron la capacidad de negociación de los trabajadores.
La retórica de la estabilidad y la responsabilidad fiscal ha servido con frecuencia como cobertura ideológica para políticas que trasladan el coste de las crisis económicas a las clases populares mientras protegen los intereses del gran capital.
Pero si la derecha española tiene una responsabilidad evidente en la consolidación de ese modelo económico, la socialdemocracia también ha jugado un papel decisivo en su legitimación. El Partido Socialista Obrero Español ha sido durante décadas el principal partido de la izquierda institucional. Sin embargo, su evolución política ha estado marcada por una creciente integración en el consenso neoliberal europeo.
Desde los gobiernos de Felipe González hasta las decisiones adoptadas durante la crisis financiera por José Luis Rodríguez Zapatero, el partido aceptó buena parte de los límites impuestos por la arquitectura económica de la Unión Europea y los mercados financieros.
Incluso en la etapa actual, con Pedro Sánchez a la cabeza y, a pesar de algunas medidas sociales positivas, el PSOE continúa actuando fundamentalmente como gestor del modelo económico existente. Introduce reformas parciales, amortigua algunos efectos de la desigualdad, pero rara vez cuestiona las estructuras que la generan.
No obstante, este papel de gestor moderado del sistema tiene consecuencias políticas profundas. Cuando la socialdemocracia renuncia a impulsar transformaciones estructurales, el descontento social busca otras vías de expresión. Y en ausencia de una izquierda capaz de articular un proyecto alternativo claro, ese descontento puede ser canalizado por fuerzas reaccionarias.
En este sentido, la tarea de una izquierda transformadora no consiste simplemente en denunciar a la extrema derecha ni en competir con ella en el terreno cultural en el que, se mueve con mayor comodidad. La verdadera batalla política se libra en el terreno material.
Volver a hablar de salarios, vivienda, precariedad, desigualdad y poder económico. Reconstruir organizaciones sociales capaces de defender los intereses de la mayoría trabajadora. Recuperar la idea de que la democracia no puede limitarse a votar cada cuatro años mientras las decisiones económicas fundamentales quedan fuera del alcance de la ciudadanía.
Solo recuperando ese terreno podrá desmontarse el relato que permite a fuerzas reaccionarias presentarse como defensoras del pueblo mientras, en realidad, trabajan para consolidar el poder de las mismas élites que históricamente han dominado la economía española.
Cuando la izquierda abandona el conflicto social real, la reacción siempre encuentra el camino para ocupar ese espacio. La historia lo demuestra con una claridad incómoda. Y cuando eso ocurre, el precio lo paga siempre la misma mayoría silenciosa: la clase trabajadora.
