Los agricultores y ganaderos españoles volverán a salir a la calle entre el 26 y el 30 de enero para protestar contra los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, dos factores que, según el sector, están agravando la situación del campo en España.
Las movilizaciones han sido anunciadas este jueves por las principales organizaciones agrarias —Asaja, COAG y UPA—, que promueven concentraciones y tractoradas en distintos puntos del país. El objetivo es visibilizar el malestar del sector y concentrar el mayor número de protestas el próximo 29 de enero.
El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha explicado que esa fecha será clave dentro del calendario de movilizaciones. “Queremos concentrar el mayor número de las movilizaciones el 29 de enero como respuesta a las cuestiones que nos preocupan, como la reducción del presupuesto de la próxima PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo”, ha señalado.
Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha indicado que, además de tractoradas y protestas repartidas por el territorio, se prevén actos impulsados por asociaciones locales en Madrid, aunque ha precisado que “por el momento no hay ninguna movilización organizada oficialmente a nivel nacional”.
Las protestas ya han comenzado en la frontera entre España y Francia, en Irún, mientras que para mañana están convocadas cuatro tractoradas en Extremadura. Además, hay fechas cerradas para concentraciones agrarias en el Levante y en Valladolid en los próximos días.
Uno de los principales puntos de fricción es el acuerdo con Mercosur. Barato ha reiterado el “rotundo rechazo” de Asaja a este tratado “en su forma actual porque falta reciprocidad y supone competencia desleal”. A su juicio, “es el momento de que el campo español diga que no está de acuerdo con las medidas que nos han preparado para el futuro”.
En relación con las cláusulas de salvaguardia incluidas en el acuerdo, el presidente de Asaja se ha mostrado muy crítico. “Son imposibles de aplicar. Si no controlan la cocaína, van a controlar la carne de vacuno”, ha afirmado, advirtiendo de que se están “poniendo en peligro” sectores como el vacuno, el azúcar, los cítricos, la remolacha o el arroz.
En la misma línea, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha subrayado que el sector agrario “no está en contra del comercio”, pero sí del comercio “en condiciones”. Según ha afirmado, Mercosur implica “desigualdad” y una “competencia absolutamente desleal”. “Se está vendiendo al sector agrario por calderilla. Nos pueden usar como moneda de cambio, pero no estamos de acuerdo y vamos a seguir luchando donde sea”, ha advertido, alertando además de la desaparición de producciones como el tomate cherry, la cebolla o el espárrago.
Las organizaciones agrarias han confirmado que respetan la manifestación de ámbito nacional convocada por Unión de Uniones para el próximo 11 de febrero, una convocatoria que apoyan, aunque han señalado que no han recibido por ahora una invitación formal para sumarse.
Cautela ante las medidas del Gobierno para el relevo generacional
Durante la comparecencia, Asaja, COAG y UPA también han valorado las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impulsar el relevo generacional en el sector agrario.
Cristóbal Cano ha acogido positivamente la iniciativa de analizar las 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado para facilitar el acceso de los jóvenes a la tierra, aunque ha reconocido que aún faltan detalles. “No sabemos dónde estarán esas tierras, pero creemos que va en buena dirección. El acceso a la tierra es un limitante de primer nivel, igual que reivindicamos un banco público de agua”, ha afirmado.
Miguel Padilla ha coincidido en que la medida “parece bien”, pero ha pedido cautela. “Hay que ver qué clase de tierra se está repartiendo. Si es fértil y con agua, bien, pero si es de secano, mejor que no se molesten mucho”, ha señalado.
Otra de las medidas anunciadas por el Gobierno es destinar un 10 % de los fondos de la PAC al relevo generacional. Desde UPA consideran que se trata de una decisión “en buena dirección”, ya que la Comisión Europea fijaba ese porcentaje en el 6 %. “El envejecimiento del campo es un problema de primer nivel y todo lo que vaya a favor de cambiar esa situación tiene nuestro apoyo”, ha indicado Cano.
Barato también ha valorado positivamente la iniciativa, aunque se ha mostrado más crítico. “El 10 % me parece poco y, además, que no sea a costa de quitárselo a los otros, a los mayores, que son los que están manteniendo el sistema”, ha advertido.
