La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha informado de que los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades están ya preparando una demanda contra el Gobierno central para que adopte las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura, que supondrían una reducción de los caudales hacia el Levante español.
En una rueda de prensa celebrada este miércoles, en la que Gómez ha anunciado los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento, la consejera ha trasladado que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha pedido a los servicios jurídicos que la demanda se realice «lo antes posible», aunque ha apuntado a que no sabe si estará lista «a lo largo del mes de enero».
Gómez ha confirmado que la Junta tiene pendiente una reunión con la vicepresidenta tercera del Gobierno como con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, para discutir las propuesta técnicas de la región.
«A día de hoy, pues como digo, no hemos obtenido ningún tipo de resultado y por lo tanto, por eso estamos preparando esta demanda», ha señalado.
Según ha expresado la consejera castellanomanchega, el Gobierno central ha trasladado a la Junta que están esperando a una sentencia pendiente en el Tribunal Supremo para aplicar esas nuevas reglas, una demora que desde la Junta no consideran «necesaria».
«Ya hay otras resoluciones judiciales que avalan perfectamente no solo los criterios establecidos en la planificación hidrológica de la Cuenca del Tajo en cuanto a los caudales ecológicos, sino que además hay otras sentencias incluso que avalan el que se tiene que ir a máximos», ha censurado.
Gómez ha lamentado que, al no haber cambiado estas reglas, en la comisión de Explotación del Trasvase, que se celebrará este miércoles, se prevé que se vuelvan a trasvasar 27 hectómetros cúbicos en tres meses, lo que se uniría, ha señalado a los 64 hectómetros cúbicos pendientes de trasvasar del año hidrológico anterior.
