Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha valora el esfuerzo realizado por el Gobierno de España y por la Consejería de Agricultura para establecer un «amplio paquete» de medidas de apoyo a agricultores y ganaderos afectados por la sequía, pero advierte que se necesitan otras medidas de apoyo extraordinario dirigidas a preservar la actividad de las cooperativas agroalimentarias, las cuales han quedado fuera de las actuales medidas aprobadas por el Gobierno central, así como de las hasta ahora anunciadas por la Junta.
Según apunta en nota de prensa, aunque los agricultores y ganaderos reciban ayudas directas, tendrán también que soportar gastos fijos de sus empresas cooperativas, que verán «mermada notablemente» su actividad a causa de la sequía, como ya se ha producido en las cooperativas cerealistas, las cuales recibirán de sus socios poco más del 20% de producción de una cosecha habitual.
«Las empresas cooperativas son una pieza clave para superar la actual situación en el medio plazo, son decisivas para asegurar el correcto funcionamiento de la cadena de abastecimiento alimentario y para la asegurar la rentabilidad en el mercado de agricultores y ganaderos», subraya.
Además, afirma que una parte importante de los más de 6.500 trabajadores de las cooperativas de la región se podrían verse afectados por regulaciones de empleo en caso de no contar con ayudas que compensen a las cooperativas agroalimentarias por las innumerables perdidas que están sufriendo por una sequía que, en caso de alargarse mucho más, afectar no solo a las producciones de cereal, sino también a los cultivos hortofrutícolas, viñedo, frutos secos y olivar.
MEDIDAS PROPUESTAS
Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha ha presentado a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural un catálogo de posibles ayudas a las cooperativas afectadas por la sequía en función de la bajada de entrada de producto que sufran, tales como ayudas directas para compensar los gastos de funcionamiento de la campaña, además de otros incentivos sociales, fiscales y de financiación en condiciones preferentes.
Es consciente de la complejidad de la situación y aboga por que los apoyos diseñados tengan tanto una parte paliativa para las explotaciones de los agricultores y los sectores más afectados, pero también una parte estructural que preserve la actividad de las empresas agroalimentarias para la próxima campaña, evitando que los efectos de la esta crisis persistan el año que viene y afecten nuevamente a las 158.645 familias y 6500 empleos a los que dan soporte estas empresas de economía social, así como a la estructura que abastece de alimentos a nuestro país.
