La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha destacado este jueves que, en términos generales, los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la crisis sanitaria por el COVID-19, que están siendo fiscalizados, tienen una aproximación «muy buena» a la legislación, aunque hay excepciones.
«Hay excepciones que conocemos todos -ha dicho en referencia al contrato de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid- y algunas más que conoceremos sin duda», ha aventurado la responsable del Tribunal de Cuentas que antes de participar en el campus toledano de San Pedro Mártir en la inauguración del I Foro Profesional de Auditoría Pública ha sido preguntada por este asunto.
«Ya tenemos tres informes terminados y tres pendientes para este pleno y para el siguiente. Después haremos un informe conjunto por aunar criterios, pero llevamos en ello un año prácticamente, desde que acabó el periodo de legislación específica empezamos con la fiscalización», ha explicado.
Preguntada sobre lo que el tribunal está encontrando o espera encontrar tras el caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, ha indicado que ven «cosas que se hacen mal, que es lo lógico, pero son muchos contratos y hay muchos muy bien hechos».
«En algunos, incluso, -ha proseguido Chicano- la propia legislación les exime de algunos controles que muchos ayuntamientos mantienen, por el hecho de ser más pequeños. El nivel de contratación y de recursos empleados es muy alto», ha apuntado.
Preguntada sobre si el Tribunal de Cuentas ha encontrado algún otro caso, al margen de los más mediáticos, su presidenta, que ha aseverado que «siempre que buscan encuentran», ha detallado que lo más común en estos informes de fiscalización realizados es que no se estudiaron las características técnicas a la hora de contratar el objeto, «porque era un mercado muy roto, muy ausente y se ha recurrido a incluso cualquier cosa».
«No se ha exigido solvencia a las empresas o el cumplimiento de los requisitos para contratar con las administraciones públicas. Eso es lo que más se ha ido obviando en aras a buscar el producto que era necesario y urgente tener en ese momento», ha defendido Chicano.
El Tribunal de Cuentas tiene previsto ejecutar un total de 22 fiscalizaciones relacionadas con la pandemia, que tendrían que terminar este año 2022. La mayoría de ellas se aprobaron realizar a finales de 2020.
Entre esas 22, hay siete informes de fiscalización sobre los contratos de emergencia en diferentes ámbitos del sector público. De ellos, dos ya están aprobados y los otros cinco están en curso y se aprobarán próximamente.
Además, tiene previsto ejecutar otras seis fiscalizaciones relativas a ayudas, subvenciones y otorgamiento de avales para hacer frente a las consecuencias de todo tipo derivadas del COVID-19. De esas seis, una está aprobada y otras cinco, en curso.
Así las cosas, hay otras nueve fiscalizaciones previstas relacionadas, de alguna forma, con el COVID, de las que se han aprobado una y el resto sigue su procedimiento.
