La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la Masa Mancha Occidental II elevó recientemente sendas quejas formales al Defensor del Pueblo y al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno denunciando la situación “límite” generada por los retrasos
administrativos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) respecto a la resolución de expedientes de los agricultores y usuarios de esta zona de Castilla-La Mancha.
Tras el requerimiento, desde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno han remitido a Mancha Occidental II una respuesta en la que la propia CHG reconoce que “como así denuncia la comunidad existe un importante retraso en la tramitación de los procedimientos instruidos la Comisaría de Aguas de este organismo de cuenca, no siéndole posible resolver en los plazos legalmente previstos en la norma”.
Añaden que “La Comisaría de Aguas arrastra una carencia estructural de recursos humanos que ha dificultado desde hace muchos años su capacidad de gestión y, por tanto, el cumplimiento de sus atribuciones”. “Han sido numerosas las ocasiones en que se ha comunicado al Ministerio tal circunstancia, solicitando más medios humanos, mejorando la Relación de Puestos de Trabajo”.
En la contestación recogen que la situación de “colapso administrativo” responde a diversas causas, entre ellas, aspectos normativos aplicables únicamente a la zona del Alto Guadiana y a la carga de trabajo y volumen de solicitudes.
Conclusiones
La respuesta contempla en sus conclusiones que “la carencia estructural de una plantilla adecuadamente dimensionada para poder atender con mínima solvencia las competencias que la Ley de Aguas atribuye a la Comisaría de Aguas se arrastra desde, al menos, la demanialización de las aguas subterráneas por la Ley de Aguas en 1985, que supuso un incremento extraordinario de atribuciones y obligaciones a los Organismos de Cuenca en cuanto a aguas subterráneas sin dotarles de los medios suficientes.
Tal carencia perdura hasta ahora, y las consecuencias son abrumadoras en Confederaciones como la del Guadiana, donde en su zona oriental la socioeconomía se basa principalmente en la extracción de aguas subterráneas para uso agrario. Se alcanza el máximo exponente de desequilibrio entre necesidades de gestión y medios disponibles. Hay que subrayar que los propios trabajadores de Organismo padecen las consecuencias de tal desequilibrio en forma de frustración, tensión permanente, sobreesfuerzo cotidiano, y son en parte víctimas de tal precariedad.
Por todo lo expuesto se concluye que es absolutamente imprescindible y urgente la adecuada dotación de personal de la Comisaría de Aguas, tras tantos años de escasez”. La contestación también incluye la situación administrativa actual de la
CHG, con cerca de 40.000 expedientes pendientes de resolución, destacando los relativos a nuevos derechos.
“Increíble situación”
Tras este reconocimiento, calificado por la propia CHG de “colapso administrativo”, desde la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Mancha Occidental II exigen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que con carácter urgente ponga los medios para solventar esta “increíble situación que se arrastra durante décadas y que está perjudicando a miles de ciudadanos de Castilla-La Mancha”.
Desde la Comunidad insisten en que el cumplimiento de las normas y restricciones impuestas es necesario, aunque, en algunas cuestiones, no esté de acuerdo. Pero, no comparte que “la CHG sí pueda generar recursos económicos suficientes para labores inspectoras, sancionadoras y claramente recaudatorias y, sin embargo, no pueda generar recursos en favor de prestar un buen servicio al ciudadano y en favor de la salud de sus propios trabajadores”.
El año pasado, en plena pandemia, Confederación consiguió una partida presupuestaria extraordinaria para contratación de personal exclusivamente para realizar labores de inspección y sancionar con elevadas cuantías a los infractores. Sin embargo, y pese a conocer el ingente atasco en la tramitación de expedientes y la situación de estrés laboral de los funcionarios, no han solicitado -o al menos, la Comunidad no lo conoce-, partida o asignación alguna para solventar los problemas que afectan a multitud de usuarios.
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