La vivienda es algo más que un espacio físico: es una de las estructuras elementales de esta sociedad. Su importancia es tal, que un alojamiento digno y estable se constituye como un bien necesario sin el cual resulta imposible mantener una vida adecuada, pues sobre él se cimientan muchos de los procesos de socialización. Sin embargo, hoy día el acceso a la vivienda es uno de los dramas sociales más importantes que existe en nuestro país, y que afecta con mayor dureza a las clases populares.
El artículo 47 de la Constitución Española dice textualmente que “todos los españoles tienen derechos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Y una vez establecido el derecho, el artículo instruye a “los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Entre estas normas está la de “regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Es más, en su artículo 33 que habla del derecho a la propiedad (en este caso de la vivienda que se vende o que se alquila), la Constitución establece que los derechos de la propiedad privada estarán condicionados por la función social de estos derechos. En otras palabras, lo que la Constitución está diciendo es que el derecho a la propiedad está supeditado a la función social que realiza. Es decir, la Constitución reconoce que la vivienda no es solo un bien económico sino también social, tema en el que el Estado, con su enorme insensibilidad hacia el drama social que crea su desobediencia a tal mandato constitucional, muestra una enorme desatención.
Hoy estamos viendo una burbuja enorme del alquiler. Los precios están creciendo a una velocidad desmesurada y no se adoptan medidas para evitarlo. El precio medio de la vivienda de alquiler en España creció un 14,32 % en el tercer trimestre del año comparado con el mismo periodo del año anterior. Además, se encareció un 4,14 % comparado con el trimestre anterior y los jóvenes que buscan casa en alquiler no lo han logrado ha pasado de representar un 6 % en 2018 a un 12 % en 2019. La precariedad laboral, especialmente entre los jóvenes, les impide comprar y por tanto, les empuja a unos arrendamientos cada vez más caros; y las zonas que más sufren el crecimiento desaforado de precios son aquellas donde la demanda es alta, la oferta limitada y la vivienda un bien muy apreciado por los inversores que buscan altas rentabilidades. Además, el Banco de España subraya que son los hogares con menos recursos los que más viven de alquiler y los que soportan cargas más excesivas para poder hacer frente a la renta en relación a sus ingresos medios. La desprotección del usuario en España es tal que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) ha condenado al Estado español por violar el derecho de la vivienda de las familias desahuciadas. El derecho a la vivienda que supuestamente garantiza la Constitución es ignorado por el Estado español (sin que, por cierto, nadie haya ido a la cárcel o haya recibido sanción alguna por ello). Y el resultado de ello se debe, a la enorme influencia que los intereses financieros e inmobiliarios tienen sobre el Estado español, tratando a la vivienda como una mercancía.
Desgraciadamente, Azuqueca de Henares no es una excepción a esta realidad. La burbuja del alquiler, fruto de movimientos especulativos con el derecho básico a la vivienda, está pasando factura en nuestro municipio por mucho que el señor Alcalde, José Luis Blanco, lo niegue. Actualmente, en nuestra localidad es imposible encontrar un alquiler por menos de 500 euros mensuales, a lo que hay que añadir las garantías que se exigen para poder formalizarlo. Esta situación, unida a la no existencia de vivienda pública en alquiler, hace que para muchas familias sea un verdadero calvario encontrar un lugar donde vivir. Y esto es una desgraciada realidad a la que el señor Alcalde ha decidido no darle solución.
Son muchos los Ayuntamientos (Valladolid, Gijón, Sestao, Aragón, etc.), de todos los colores políticos los que han decidido poner en marcha políticas públicas en materia de vivienda, porque entienden que son un instrumento clave para lograr un equilibrio social y que todas las personas, independientemente de sus características socio-económicas, puedan tener un acceso a una vivienda digna.
La actuación municipal en materia de vivienda debe dar un cambio radical con la puesta en marcha de servicios especializados en materia de vivienda y a la puesta a disposición de las familias de vivienda pública. Sin embargo, Para el PSOE de José Luis Blanco es más gratificante seguir con su política de pan y circo, despilfarrar el dinero de los contribuyentes, mirar para otro lado y votar en contra de la iniciativa de IU con la que poner en marcha un parque público-municipal de viviendas para fomentar programas de alquiler asequible para la población empadronada, erradicar así la proliferación de mafias y acabar con el serio problema de la ocupación que sufre el municipio.
Nosotros sí que estamos preocupados ante la actitud de un Alcalde que no defiende el interés común de la ciudadanía y sí el de su grupo.
