Desde el pasado lunes, los empleados de la Diputación de Albacete disfrutarán de 20 días por casarse, en lugar de los 15 que tienen el resto de funcionarios y trabajadores, y además conseguirán más días de vacaciones, antes que el resto de empleados públicos, ya que solo con un año de antigüedad recibirán dos días más libres al año, cuando lo “normal” es tener 1 día adicional de vacaciones por cada diez años trabajados.
Estas medidas que se incluyen en el Bloque de mejoras del nuevo convenio laboral de la Diputación de Albacete, que se suscribió el pasado lunes es uno de los motivos por los que el grupo provincial de Ganemos-IU han votado en contra del mismo.
Además, esos periodos de vacaciones y días libres habrá que cubrirlos, lo que supondrá un extra para las arcas de la Diputacion.
Este jueves sus diputados Victoria Delicado y José Ignacio Díaz, han explicado públicamente los motivos de su negativa a apoyar este convenio. Uno es este que acabamos de explicar y el otro, que aseguran que el complemento específico que recibirán los trabajadores de la institución tiene un “dudoso encaje legal”, sobre todo, en lo referente a lo presupuestado.
Según ha explicado Delicado, el pasado año la partida de 12 millones de euros con la que se abonaba el complemento específico a los empleados ya “sobrepasaba el límite legal” en algo más de millón y medio, y este año aseguran que “volverá a ocurrir lo mismo, pero con más dinero”, ya que según sus cálculos ese límite se rebasaría en unos 3 millones.
“Han hipotecado el presupuesto de la institución”, ha asegurado Victoria Delicado, porque según ella las cuantías de los gastos de personal de este convenio propuestos hasta el 2021, asfixiarán las cuentas de este capítulo. En su opinión, debería haberse aprobado solo para este ejercicio y el 2019.
Sí han aplaudido la forma en que se ha regulado la polémica “paga social”, que ahora tendrá que estar justificada y que pasa de 1 millón de euros de presupuesto a apenas 50.000 euros.
Desde Ganemos-IU han vuelto a insistir en la necesidad de “regularizar el exceso de personal interino”, a través de ofertas públicas de empleo, ya que “en algunas servicios hay un 40 por ciento de interinidad”.
