La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Seseña (Toledo) por su presunta implicación en una red criminal dedicada a captar ciudadanos extranjeros en situación irregular y facilitarles, a cambio de una contraprestación económica, la documentación necesaria para regularizar su situación administrativa en España. La operación ha permitido identificar a cerca de 400 afectados y ha sacado a la luz prácticas de falsificación documental y empadronamientos masivos en domicilios particulares.

La investigación comenzó tras detectarse un aumento inusual de solicitudes de empadronamiento en Seseña. Según fuentes de la Guardia Civil, en algunos domicilios llegaron a figurar hasta 91 personas empadronadas en una sola vivienda. El análisis de los expedientes permitió constatar que numerosas solicitudes se habían presentado de forma reiterada por las mismas personas o mediante contratos de arrendamiento con claros indicios de falsedad documental.

Los agentes han determinado que la red captaba principalmente a ciudadanos de Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto, cobrando entre 300 y 400 euros por persona para facilitarles el acceso a un empadronamiento irregular. Los métodos empleados incluían la falsificación de documentos y la presentación de autorizaciones supuestamente firmadas por propietarios de viviendas. La investigación ha recopilado múltiples denuncias y testimonios de víctimas, afectando en total a unas 400 personas.

En rueda de prensa, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha querido dejar claro que la operación «no es contra el proceso de regularización», sino que se centra en «esclarecer empadronamientos ilegales en Seseña». Sabrido ha recalcado que «la regularización en ningún caso contempla empadronamientos ilegales ni la regularización va a permitir que a través de ella se pueda haber cometido ningún tipo de delito».

El delegado ha precisado que «muchos de ellos, probablemente más del 50 por ciento, corresponden a antes del 31 de diciembre de 2025 o antes del 1 de enero de 2026», y ha añadido que se está investigando si en torno a 200 empadronados son legales antes del 1 de enero de 2026. Además, ha recordado que el empadronamiento «es una competencia exclusivamente municipal» y que Seseña «deberá comprobar o haber comprobado si estos empadronamientos responden a la realidad o no». Las comprobaciones, ha dicho, también deberán realizarse «respecto a los ciento y pico que hay después del 1 de enero».

Sabrido ha concluido señalando que «la Guardia Civil, en este caso, lo que está vigilando es que se cumpla la ley y que se cumpla la ley es bueno para todos, para los empadronados y para los no empadronados, y por supuesto para la regularización».