Cuando se observa el ascenso de nuevas fuerzas políticas que se presentan como superadoras del viejo eje ideológico, cuando determinados movimientos pretenden ocupar una supuesta “centralidad” del tablero apelando a la transversalidad y a una retórica de eficacia técnica despojada de contenido doctrinal, conviene detenerse y examinar con rigor qué se está diciendo realmente y, sobre todo, qué se está ocultando. Porque tras esa apariencia de novedad, de superación de los antagonismos históricos, lo que late no es otra cosa que una reformulación —más sofisticada, más ambigua— de los mismos mecanismos de dominación que han caracterizado al capitalismo contemporáneo. La pretendida obsolescencia de la dicotomía izquierda/derecha no es una constatación objetiva derivada de la evolución de las sociedades modernas, sino una operación ideológica dirigida a desarmar políticamente a las clases subalternas, privándolas del lenguaje y de las categorías necesarias para comprender su propia situación histórica.
Se nos dice, con insistencia, que las sociedades actuales ya no responden a los viejos esquemas, que los conflictos de clase han sido sustituidos por demandas técnicas de gestión, que lo que la ciudadanía exige no es ideología sino eficacia, transparencia y buena administración. Este discurso, que a primera vista puede parecer sensato o incluso deseable, encierra sin embargo una trampa profundamente reaccionaria: la negación de la política como espacio de confrontación entre intereses antagónicos. Porque afirmar que la política puede ser neutral, aséptica o meramente técnica equivale a aceptar que los conflictos sociales han desaparecido o, peor aún, que pueden resolverse sin alterar las estructuras de poder que los generan.
Desde una perspectiva marxista, esta idea resulta insostenible. No existe decisión política que no esté atravesada por intereses de clase. No hay medida económica, social o institucional que no beneficie a unos y perjudique a otros. La ilusión de una gestión imparcial del bien común no es más que la máscara bajo la cual se perpetúa la dominación de la clase capitalista. La experiencia histórica lo demuestra con claridad: cada avance en derechos sociales, cada mejora en las condiciones de vida de la mayoría, ha sido el resultado de conflictos, de luchas, de confrontaciones abiertas contra los intereses de quienes detentan el poder económico.
La llamada “paz social” que caracterizó a determinadas etapas recientes de las sociedades occidentales no fue, como a menudo se pretende, el fruto de una armonía espontánea ni de un equilibrio virtuoso entre capital y trabajo. Fue, más bien, el resultado de una correlación de fuerzas específica, en la que las clases dominantes aceptaron ciertas concesiones para garantizar la estabilidad del sistema, al tiempo que desplegaban mecanismos ideológicos y culturales destinados a desactivar la conciencia crítica de las masas. La expansión del consumo, la institucionalización del conflicto laboral, la integración de amplios sectores de la clase trabajadora en el imaginario de las clases medias, todo ello contribuyó a generar una sensación de bienestar que ocultaba la persistencia —y en muchos casos la intensificación— de las desigualdades estructurales.
Hoy, en un contexto de crisis múltiple —económica, ecológica, política—, esa apariencia de equilibrio se ha resquebrajado. La precarización del trabajo, el desmantelamiento de los servicios públicos, la concentración de la riqueza en manos de una minoría cada vez más reducida, han vuelto a poner de manifiesto la naturaleza profundamente conflictiva del capitalismo. Y, sin embargo, es precisamente en este momento cuando con más fuerza se insiste en la necesidad de abandonar las categorías clásicas, de diluir las diferencias ideológicas, de construir espacios políticos “transversales” que supuestamente puedan aglutinar a sectores diversos bajo un mismo proyecto.
Es aquí donde la reflexión sobre la izquierda se vuelve ineludible. Porque si algo caracteriza al panorama político actual es la profunda confusión en torno a lo que significa ser de izquierdas. Bajo esta etiqueta conviven posiciones no solo distintas, sino abiertamente contradictorias. Hay quienes, desde la autodenominada izquierda, aceptan sin cuestionamiento los fundamentos del orden neoliberal, limitándose a proponer correcciones marginales o políticas compensatorias. Otros, en cambio, plantean la necesidad de una transformación más profunda, aunque a menudo sin una estrategia clara ni una base social suficientemente articulada. Esta heterogeneidad no es en sí misma negativa —la diversidad puede ser una fuente de riqueza política—, pero se convierte en un problema cuando se presenta como una unidad ficticia, cuando se intenta ocultar bajo un mismo rótulo lo que en realidad son proyectos incompatibles.
El caso español resulta especialmente ilustrativo en este sentido. El espectro de fuerzas y figuras que se reclaman de izquierdas es tan amplio que acaba por vaciar de contenido el propio término. Se agrupan bajo esa denominación desde quienes han sido responsables directos de la implementación de políticas neoliberales hasta quienes han tratado de resistirlas; desde defensores de la integración acrítica en las estructuras del poder global hasta partidarios de una ruptura con las mismas; desde posiciones claramente alineadas con los intereses del capital hasta otras que, al menos en el plano discursivo, se sitúan del lado de las clases trabajadoras. Esta amalgama genera una enorme confusión, no solo entre los votantes, sino también en el propio campo de la izquierda, que ve dificultada su capacidad de articulación y de acción coherente.
La apelación recurrente a la “unidad de la izquierda” se inscribe en este contexto de ambigüedad. Se presenta como un objetivo deseable, casi como una condición necesaria para hacer frente a la derecha, pero rara vez se especifica sobre qué bases debería construirse esa unidad. Sin un programa claro, sin unos principios compartidos, la unidad corre el riesgo de convertirse en una mera consigna vacía, en un recurso retórico que sirve para enmascarar las diferencias reales y para legitimar alianzas que, en última instancia, pueden resultar perjudiciales para los intereses de las clases populares.
Desde una perspectiva comunista, la unidad no puede ser un fin en sí mismo. Debe ser el resultado de un proceso de clarificación ideológica y de convergencia programática en torno a objetivos concretos: la superación del capitalismo, la socialización de los medios de producción, la construcción de una democracia real basada en el poder de la clase trabajadora. Cualquier unidad que no se base en estos ejes corre el riesgo de diluirse en el reformismo, de quedar atrapada en la lógica del sistema que dice combatir.
Esto no significa negar la necesidad de alianzas o de frentes amplios en determinados momentos. La historia del movimiento obrero está llena de ejemplos en los que la cooperación entre fuerzas diversas ha sido clave para lograr avances significativos. Pero esas alianzas han sido efectivas cuando se han construido sobre la base de un análisis claro de la realidad y de una definición precisa de los objetivos. Cuando, por el contrario, se han basado en la ambigüedad o en la renuncia a principios fundamentales, han terminado por reforzar el statu quo en lugar de transformarlo.
Repensar la izquierda implica, por tanto, recuperar la centralidad del análisis de clase. Implica volver a situar en el centro del debate político las relaciones de producción, la distribución de la riqueza, las formas de explotación y de dominación que estructuran nuestras sociedades. Implica también cuestionar las narrativas que presentan el capitalismo como un horizonte insuperable, como el único sistema posible. Frente a la resignación que se nos quiere imponer, es necesario reivindicar la capacidad de imaginar y de construir alternativas.
Pero esta tarea no puede limitarse al plano teórico. Requiere una práctica política coherente, una inserción real en los conflictos sociales, una capacidad de organización que vaya más allá de los ciclos electorales. La izquierda no puede seguir siendo un conjunto de siglas que compiten entre sí por un espacio institucional cada vez más estrecho. Debe convertirse en un movimiento arraigado en la sociedad, capaz de articular las demandas de los distintos sectores de la clase trabajadora y de dotarlas de una dirección política.
En este sentido, resulta fundamental superar ciertas inercias que han lastrado históricamente a la izquierda. Entre ellas, el sectarismo, que impide la construcción de espacios comunes incluso cuando existen afinidades claras; el electoralismo, que reduce la acción política a la disputa por cargos institucionales; y el abandono de la formación ideológica, que deja a amplios sectores militantes sin herramientas para interpretar la realidad y para intervenir en ella de manera efectiva.
Al mismo tiempo, es necesario reconocer los cambios que se han producido en la composición de la clase trabajadora y en las formas de explotación. La precariedad, la fragmentación del mercado laboral, la expansión de sectores como el de los servicios o la economía digital, plantean nuevos desafíos para la organización y la acción política. Pero estos cambios no invalidan el análisis de clase; al contrario, lo hacen más necesario que nunca. Porque detrás de la diversidad de situaciones laborales y vitales sigue existiendo un elemento común: la subordinación al capital, la dependencia de un salario, la vulnerabilidad frente a decisiones que se toman en esferas ajenas al control democrático.
Repensar la izquierda, en definitiva, no significa diluirla ni adaptarla a los marcos ideológicos dominantes. Significa fortalecerla, dotarla de claridad, de coherencia y de capacidad transformadora. Significa asumir que la política no es un espacio neutral, sino un campo de batalla en el que se enfrentan proyectos antagónicos. Y significa, sobre todo, recuperar la convicción de que otro mundo no solo es posible, sino necesario.
Porque mientras persistan la explotación, la desigualdad y la injusticia, la distinción entre izquierda y derecha seguirá siendo no solo pertinente, sino imprescindible. Negarla no nos acerca a una sociedad más justa; nos aleja de la posibilidad de construirla.
