Hay una pregunta que casi nunca se formula en los discursos institucionales del Día del Orgullo, y es la siguiente: ¿quién pudo siempre vivir su deseo sin que le costara el salario, la vivienda o el lugar en la mesa familiar, y quién no? Porque la historia que se suele contar sobre estos cincuenta años de democracia española —la de los derechos que se amplían, las leyes que se aprueban, el reloj que avanza inexorablemente hacia más libertad— es verdadera, pero incompleta; le falta el dato que la antropología social lleva décadas señalando, y es que el armario nunca fue un fenómeno simétrico, sino una institución de clase, repartida de forma muy distinta según quién tuviera capital, apellido o tierra que proteger, y quién solo tuviera su cuerpo y su jornal.
Pensemos en quién podía permitirse, incluso en el franquismo más cerrado, una vida discreta de salón cerrado y casa de verano, lejos del escarnio del pueblo, y quién, en cambio, tenía que disimular afectos delante del capataz, del cura, del vecino que decidía si te contrataban para la próxima campaña. La burguesía agraria de provincias como Ciudad Real, la misma que hoy financia campañas y banquetes con discursos sobre la «familia natural», nunca pagó el precio del silencio con el mismo cuerpo que lo pagaba el jornalero, la criada o el aprendiz de taller. El closet, dicho con el lenguaje de la antropología, no fue solo una imposición moral: fue también un mecanismo de control social que se ejercía con mayor crudeza sobre quienes dependían económicamente de otros para sobrevivir. Quien no tenía propiedad ni renta tenía, además, menos margen para la disidencia sexual; la represión moral y la explotación económica caminaban juntas, reforzándose la una a la otra.
Por eso resulta especialmente cínico que sean hoy el Partido Popular y Vox quienes pretendan presentarse como garantes de una «normalidad» que, en realidad, nunca dejó de excluir a las clases populares LGTBI. Conviene recordar los hechos, no las versiones suavizadas que circulan en campaña electoral. El PP recurrió la Ley de matrimonio igualitario ante el Tribunal Constitucional pocos meses después de que el Congreso la aprobara en 2005, alegando que la norma «desnaturaliza la institución constitucional del matrimonio», y se opuso también a la adopción por parejas del mismo sexo argumentando que el ámbito natural de filiación de los menores era la unión heterosexual. No fue un episodio aislado ni un exceso retórico de un dirigente concreto: formó parte de una hemeroteca extensa, en la que Mariano Rajoy llegó a sostener que el matrimonio siempre ha sido una institución entre un hombre y una mujer, mientras el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmaba que la pervivencia de la especie no está garantizada por estas uniones. Quien hoy escucha al PP hablar de «respeto» y «convivencia» debería tener presente que ese mismo partido fue, el único no invitado a un Orgullo reciente por no apoyar la Ley LGTBI que tramitaba el Congreso.
Vox, por su parte, ha llevado la cuestión un paso más allá, no ya hacia la tibieza institucional sino hacia la derogación expresa. En octubre de 2025, el grupo parlamentario defendió en la Comisión de Igualdad del Congreso una proposición no de ley para promover la derogación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de las personas LGTBI, pidiendo además al PP su apoyo para extender esa derogación a las leyes autonómicas. La proposición no se quedó en lo técnico: el propio texto, cargaba contra unas «políticas woke» que «han tenido nefastas consecuencias en las sociedades donde han tratado de implantarse», señalando directamente a las llamadas leyes trans, a las que califica de dañinas para la sociedad en su conjunto con especial incidencia en mujeres y menores. El lenguaje no es casual ni espontáneo: es el mismo procedimiento retórico con el que toda reacción conservadora ha tratado históricamente de presentar la conquista de derechos ajenos como una amenaza para el cuerpo social, sustituyendo el argumento por el pánico moral.
A nivel municipal, donde el discurso se vuelve menos diplomático que en los pasillos del Congreso, las posiciones se manifiestan con una crudeza que merece ser recordada y no archivada como anécdota. En Alcalá de Henares, ante una moción para ratificar la celebración de bodas entre personas del mismo sexo, el portavoz local de Vox llegó a declarar que a su partido le parecía «un pensamiento retrógrado las uniones entre personas del mismo sexo, igual que nos parece retrógrado el aborto», añadiendo que sus concejales no iban a «ratificar compromiso alguno en esta cuestión» ni a oficiar ese tipo de ceremonias. La frase con la que cerró su intervención condensa todo el procedimiento ideológico de la nueva derecha: presentar la negación de derechos como una simple «opinión distinta», como si la igualdad fuera una cuestión de gusto personal y no una cuestión de dignidad colectiva. No hace falta acudir a la hemeroteca lejana para encontrar este patrón; basta con mirar los plenos municipales de cualquier pueblo de la España rural, donde la derecha y la extrema derecha siguen ensayando, en pequeña escala, el mismo libreto que querrían aplicar a escala nacional si gobernaran con mayoría suficiente.
Conviene, sin embargo, no caer en la simplificación de que esta hostilidad afecta a todas las personas LGTBI por igual, porque tampoco eso sería rigor antropológico, sino comodidad narrativa. La derecha española ha aprendido, con cierta sofisticación, a distinguir entre el gay asimilable —blanco, de clase media, vestido de traje, sin reivindicación colectiva, útil como argumento contra la inmigración o el feminismo— y el resto del colectivo, al que sigue tratando como amenaza. Esta misma semana, en un acto en Barcelona, el propio líder de Vox sostuvo que su partido apoyaba los derechos de los homosexuales, mientras su programa seguía defendiendo que solo el matrimonio entre hombre y mujer es «natural» y que la unión civil sería, como mucho, permisible; el mismo programa prohibiría, además, la adopción por parte de parejas homosexuales. Esta operación tiene nombre en la teoría social y se conoce como homonacionalismo: la instrumentalización de una parte muy concreta del colectivo LGTBI —generalmente varones, blancos, de clase acomodada— para legitimar discursos de exclusión hacia otros colectivos racializados, migrantes o empobrecidos, mientras se mantiene intacta la hostilidad hacia las personas trans, hacia las familias homoparentales y hacia cualquier forma de disidencia sexual que no sea fácilmente digerible para el electorado conservador. No es casualidad que esa misma operación coincida, en este caso, con una intención electoral explícita: el propio dirigente se mostró confiado en lograr una parte significativa del voto gay español, aun cuando los estudios del colectivo siguen situando a su partido en cuarta posición entre las preferencias de la comunidad LGTBI, muy lejos de la intención de voto de la población general.
Y aquí es donde la perspectiva de clase vuelve a resultar indispensable para entender lo que de verdad está en juego. Porque mientras la derecha discute en los platós si el Orgullo es o no «necesario» cincuenta años después de democracia, los datos materiales siguen describiendo una realidad de exclusión que ninguna ley, por avanzada que sea sobre el papel, ha conseguido todavía revertir del todo: las personas trans enfrentan en España una tasa de desempleo que se sitúa en torno al ochenta y cinco por ciento, una cifra que no se explica por falta de capacidad ni de formación, sino por la discriminación estructural del mercado laboral; y solo en 2024 se registraron en el conjunto del país más de cuatrocientos cincuenta delitos de odio dirigidos contra el colectivo, según ha recogido el propio Ministerio del Interior. Estas dos cifras, leídas juntas, dicen algo que ninguna proclama institucional suele decir con esta claridad: el problema no es únicamente jurídico, es económico y de clase, y por eso no basta con tener leyes si el mercado de trabajo, la vivienda y el acceso a recursos básicos siguen funcionando como mecanismos silenciosos de castigo para quienes se desvían de la norma heterosexual y cisnormativa impuesta.
Desde una mirada transformadora, esto obliga a plantear el Orgullo no como una fiesta de la diversidad despojada de contenido político, sino como lo que originalmente fue: una revuelta contra la policía, contra el Estado y contra el capital que necesitaba disciplinar los cuerpos y las familias para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo dentro de moldes previsibles. La familia nuclear heterosexual no fue defendida durante siglos por motivos puramente morales, sino porque resultaba funcional a un sistema que necesitaba unidades domésticas estables, gratuitas en su trabajo de cuidados y predecibles en su transmisión de patrimonio; todo lo que se saliera de ese molde —la pareja del mismo sexo, la familia homoparental, la persona trans que rompía la asignación de género al nacer— representaba, para ese orden, un elemento de desorden que había que corregir, ocultar o, en última instancia, reprimir. Entender esto no resta ni un ápice de legitimidad al amor, ni a la identidad, ni al deseo de cada persona; al contrario, permite comprender por qué la derecha y la extrema derecha insisten tanto, generación tras generación, en presentar los derechos LGTBI como un capricho ideológico y no como lo que realmente son: la extensión, lenta y disputada, de la misma promesa de dignidad que el movimiento obrero reclamó para sí mismo hace más de un siglo.
Los más de ochenta y dos mil matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo desde 2005 no son, por tanto, una simple estadística demográfica que pueda archivarse como anécdota curiosa de los manuales de sociología política; son la prueba empírica, contrastable y cotidiana, de que ampliar derechos no resta nada a quienes ya los tenían, y de que el miedo que la derecha agita —la disolución de la familia, el fin de la «sociedad natural», la amenaza a los menores— nunca encontró su confirmación en los hechos, sino únicamente en el discurso. Lo que sí ha cambiado, de manera profunda y todavía incompleta, es la posibilidad de que miles de personas dejen de medir cada palabra, de disimular cada gesto, de vivir media vida hacia dentro; pero ese cambio no ha llegado por igual a todas las clases sociales, y seguirá sin llegar mientras la pobreza, la precariedad laboral y la discriminación estructural sigan operando como una segunda forma de armario, menos visible que el primero pero igualmente eficaz.
Por eso, frente a quienes hoy pretenden reabrir debates que parecían superados, conviene recordar que el Orgullo nunca fue una concesión gratuita del Estado ni un capricho cultural de minorías privilegiadas: fue, y sigue siendo, una conquista colectiva arrancada con organización, con memoria y con lucha. Sostenerla frente a quienes querrían derogarla no es nostalgia ni sectarismo, sino la forma más elemental de defender que la libertad, cuando se reparte de verdad entre todas las clases sociales y no solo entre quienes pueden permitirse pagarla, no resta dignidad a nadie. La multiplica.
