Se cumplen cinco años de la Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha. Y lo digo sin rodeos. No fue una ley más. Fue una decisión política clara. O garantizábamos derechos en el medio rural o asumíamos que nuestros pueblos estaban condenados.
Tuve la responsabilidad de ser ponente de esta ley como diputada regional. Y cinco años después, lo importante no es lo que dijimos entonces. Es lo que ha pasado desde entonces.
Durante años se habló mucho de despoblación. Informes, estrategias, diagnósticos. Pero la realidad seguía igual. Pueblos perdiendo habitantes, servicios cerrando y familias que se marchaban porque no podían quedarse. Por eso, dimos un paso distinto. Convertimos el problema en derechos.
Ese es el cambio. No hablamos de ayudas. Hablamos de derechos. Derecho a tener un colegio abierto aunque haya tres alumnos. Porque cerrar una escuela es cerrar un pueblo. Derecho a una sanidad accesible, con urgencias a menos de 30 minutos. Derecho a transporte a la demanda cuando no hay líneas regulares. Derecho a conectividad. Derecho a vivienda. Derecho a vivir en tu pueblo sin estar en desventaja.
Cinco años después, esto ya no es teoría. Es realidad. En la Sierra Norte de Guadalajara llevamos tres años seguidos creciendo. Hemos pasado de perder población durante décadas a alcanzar 11.449 habitantes en 2025.
No es casualidad. Es el resultado de políticas concretas. En 28 municipios hay más vecinos que hace un año. Sigüenza, donde soy alcaldesa, Jadraque o Cogolludo están tirando del conjunto de la comarca. Y no hablamos solo de números. Hablamos de familias que llegan, de casas que se abren, de actividad económica que vuelve.
Precisamente, en Sigüenza lo vemos con claridad. Cuatro años consecutivos de crecimiento. 4.911 habitantes. Un 14 por ciento más desde 2021. No es un pico puntual. Es un cambio de ciclo.
Esto no ha ocurrido solo. Ha habido una estrategia detrás. Servicios, inversión, proyecto. Y, sobre todo, una ley que cambió el enfoque. La Ley contra la Despoblación ha sido una herramienta útil. Ha reforzado el emprendimiento, ha facilitado la llegada de nuevos vecinos y ha dado seguridad a quienes quieren quedarse. Pero, sobre todo, ha enviado un mensaje claro. Vivir en un pueblo tiene que ser una opción real.
Ahora bien, tampoco voy a decir que todo está hecho. No lo está. El principal problema hoy es la vivienda. Lo estamos viendo cada día. Hay familias que quieren venir y no encuentran casa. Emprendedores que quieren instalarse y no pueden. Jóvenes que quieren quedarse y no tienen dónde vivir.
En la Sierra Norte hemos actuado. Desde ADEL Sierra Norte, el grupo de desarrollo rural que presido, fuimos los primeros en Castilla-La Mancha en apostar por la rehabilitación de vivienda municipal para alquiler. Hemos movilizado cerca de un millón de euros desde 2022. Está funcionando. Pero no es suficiente. Si no hay vivienda, el crecimiento se frena.
El segundo reto es la normativa. No se puede gestionar un municipio de 200 habitantes con las mismas reglas que una gran ciudad. No tiene sentido. Necesitamos un Estatuto del Pequeño Municipio.
El 80 por ciento de los municipios de España tiene menos de 5.000 habitantes. Y, sin embargo, la legislación no está pensada para ellos. Eso complica la gestión, ralentiza proyectos y pone trabas donde debería haber soluciones.
Si queremos que el medio rural tenga futuro, hay que adaptar las reglas. También hay algo que no siempre se dice. La despoblación no se combate solo con dinero. Se combate con autoestima. Con proyecto. Con creer que tu pueblo tiene futuro.
En Sigüenza, lo hemos vivido. Hemos recuperado visibilidad, actividad económica y confianza. Se han puesto en marcha cerca de cuarenta proyectos empresariales en los últimos años. Eso también es fijar población.
Cuando alguien decide quedarse o venir a vivir a un pueblo, no lo hace solo por una ayuda. Lo hace porque ve una oportunidad. Por eso, insisto. La ley fue importante porque cambió el marco. Dejó claro que los servicios no son negociables. Que hay unos mínimos que hay que garantizar vivas donde vivas.
Y eso tiene consecuencias. Mantener un colegio abierto, asegurar una ambulancia cerca o poner en marcha transporte a la demanda no es un gasto. Es una inversión en equilibrio territorial.
España no se puede permitir vaciar su territorio. No es solo una cuestión demográfica. Es económica, social y también de cohesión. Cinco años después, hay algo que sí podemos decir con claridad. Hemos cambiado la inercia.
Hoy hay más gente viviendo en nuestros pueblos. Y eso, después de años de caída, es el mejor indicador de que vamos en la dirección correcta.
Ahora toca consolidarlo.
María Jesús Merino Poyo
Diputada Socialista por Guadalajara en las Cortes de CLM
