No hay batalla cultural que pare el avance de la derecha autoritaria, del pseudofascismo que ya gobierna media Europa con o sin urnas, ni hay llamamiento identitario ni gesto de buenismo institucional que vaya a frenar lo que es, en el fondo, una contradicción material sin resolver: la clase trabajadora europea, y muy en particular la española, lleva décadas siendo expulsada de la vivienda, empobrecida en salarios reales, condenada a no formar familia o a envejecer sin red alguna que sostenga la crianza, y ese cuerpo social golpeado se encuentra hoy ante un falso dilema que las propias élites han fabricado con esmero: dejarse seducir por una derecha que es autoritaria, que es globalista en lo financiero aunque diga lo contrario en el mitin, que es trumpista en el gesto y sionista en la alianza, o resignarse a votar a quienes se llaman a sí mismos progresistas, socialistas y hasta eurocomunistas pero que llevan años administrando la misma desigualdad con otro lenguaje, sin tocar un ápice la propiedad, sin enfrentar con firmeza al imperio anglosajón ni a su proyecto sionista en Oriente Medio. Porque la política, cuando se vacía de transformación material, queda reducida a estética: a slogans que se publican y se olvidan, a gestos que se aplauden en redes y no mueven un ladrillo de la vivienda que falta ni un euro de la renta que no llega. Y mientras la izquierda institucional se entretiene en el ritual de la indignación performativa, el bloque reaccionario avanza con un programa muy concreto: desregular más, reprimir más, atar a Europa más fuerte todavía al carro de Washington y de Tel Aviv.
El caso español tiene un agravante que conviene nombrar sin eufemismos: la izquierda que gestiona el Estado —engreída de despacho, liberal en el fondo aunque roja en el cartel— no solo no construye instrumentos de defensa para la clase trabajadora, sino que entrega, una tras otra, las herramientas con las que después la derecha la va a golpear. Y esa entrega no es casual: ocurre dentro de una Unión Europea cuyo armazón jurídico hace ilegal, en la práctica, cualquier política que merezca el nombre de socialdemócrata. La arquitectura normativa de Bruselas es neoliberal por diseño, atlantista por vocación e imperialista por costumbre, y su cuerpo legal cierra el paso, con cerrojo técnico antes que político, a cualquier intento serio de redistribución, de fortalecimiento del sector público o de nacionalización de sectores estratégicos. Y así, Pedro Sánchez le regala a la derecha, paquete tras paquete, la ley mordaza que reprime la protesta, una ley sanitaria que no revierte la privatización galopante, una ley de vivienda que no toca el negocio especulativo, en una cesión que encuentra su espejo en aquella otra entrega histórica: la de Felipe González, la de Adolfo Suárez y la de toda aquella generación de la Transición que dejó intactos a los jueces y a las policías heredadas del franquismo. De aquella renuncia fundacional se ha construido, ladrillo a ladrillo, un reino cada vez más escorado a la derecha, cada vez más hostil a cualquier proyecto socialista, cada vez más soldado a los intereses de la anglosfera y de sus oligarquías financieras.
Por eso, cuando se habla hoy de politización de la justicia o de derechización de las policías, como si fuera un sobresalto reciente, yo no puedo fingir sorpresa: lo que vemos no es una desviación, es la consecuencia lógica de cincuenta años de errores, de cesiones, de traiciones pequeñas y de dejaciones constantes. Pero hay algo todavía peor que esa herencia institucional, y es que la censura y la persecución política ya han empezado a operar, no como amenaza futura sino como práctica presente.
La Unión Europea nos está preparando, con prisa y con propaganda, para un enfrentamiento con Rusia, y esa preparación bélica exige, como exige siempre toda guerra que se anuncia, cegar y perseguir cualquier disidencia que se le oponga. Las izquierdas que empiezan a organizarse internacionalmente, en proyectos como Sovintern, corren el riesgo cierto de ser declaradas ilegales, o al menos vigiladas y asfixiadas administrativamente, por oponerse a la derechización del mundo que reclaman, con entusiasmo distinto pero convergente, los aliados del régimen ultranacionalista ucraniano, los trumpistas que aplauden cualquier mano dura siempre que sea la suya, y los aliados de un proyecto sionista que —sostengo, como tesis política, no como hecho neutral aceptado por todos— ha hecho de la represión de cualquier disidencia frente a su empresa colonial en Palestina una consigna exportada al resto del bloque occidental.
Y si la derecha española, ya envalentonada, arrasa tanto en los juzgados como en los platós a esa izquierda socioliberal que ha gestionado el Estado sin tocar sus estructuras, no nos engañemos: después irá también a por quienes reivindicamos abiertamente el socialismo, la república y la igualdad sustantiva. Esa derrota futura, si llega, será la responsabilidad directa de quienes, teniendo en sus manos la posibilidad de cambiar las cosas de raíz, optaron en cambio por fortalecer al régimen surgido del 78 y a su pacto fundacional con el capital. Por eso creo que la cuestión ya no puede plantearse en términos de defender una Unión Europea agotada, una Unión que ha hecho el más triste de los ridículos en la última cumbre del G7 ante un histrión como Trump, sino que la tarea urgente es unir nuestra voz, nuestra fuerza organizativa y nuestro destino político a quienes, desde el Sur Global, desde el llamado Eje de la Resistencia, desde los BRICS o desde las múltiples resistencias anticoloniales que recorren el planeta, se enfrentan hoy, con desigual fortuna pero con dirección clara, al imperio que durante dos siglos decidió por todos los demás.
Esto hay que decirlo alto, sin matices que lo diluyan, porque el bloque Occidente-Unión Europea-OTAN, en una convergencia que es a la vez autoritaria y abiertamente prosionista, se dispone a reprimir a cualquiera que se atreva a imaginar otro mundo posible, a cualquiera que reclame el derecho a la vivienda como derecho y no como mercancía, a cualquiera que defienda lo público frente al saqueo privatizador.
Menos mal que Bulgaria y Eslovaquia han dicho que no a esa lógica bélica que se les quería imponer desde Bruselas. Menos mal que Irán, Hezbolá y las distintas facciones de la resistencia palestina han dicho que no al proyecto que pretende borrarlas del mapa. Menos mal que Ibrahim Traoré, desde Burkina Faso, está dando al mundo una lección de soberanía que ya pocos en Europa se atreven a dar. Menos mal que el pueblo boliviano y el pueblo peruano se han echado a la calle cuando sintieron que su soberanía estaba en juego.
Y sobre todo, que China ha demostrado con hechos que el capitalismo occidental no resuelve nada de lo que promete, y que mientras tanto ha optado por socializar el desarrollo de la inteligencia artificial como bien compartido en vez de mercancía exclusiva, justo cuando los capitalistas de Occidente calculan a cuántos cientos de millones de trabajadores podrán despedir gracias a esa misma tecnología que ellos sí privatizan sin pudor. Puede ser que un texto como este, dentro de unos meses, sea declarado ilegal, y que su autor sea perseguido simplemente por haberlo escrito. Por eso ya no hay tiempo que perder: hace falta hacer política de verdad, con consecuencias materiales y no solo simbólicas, y hace falta organizarse, porque la historia no espera a quien llega tarde ni perdona a quien confunde la resistencia con la resignación.
No se puede frenar a la extrema derecha defendiendo la misma arquitectura económica que produce la desesperación social de la que se alimenta. No se puede combatir el autoritarismo aplaudiendo al mismo bloque atlantista que financia y legitima el genocidio en curso contra el pueblo palestino, ni pedir coherencia democrática mientras se mira hacia otro lado ante la actuación impune del Estado de Israel.
Quien calla ante eso, o lo justifica con el lenguaje diplomático de la «complejidad regional», cede terreno moral exactamente al mismo bloque que después usará ese silencio para legitimar la represión interna contra cualquiera que ose nombrar las cosas por su nombre. La organización, entonces, no puede ser solo retórica de congreso ni ejercicio de pureza ideológica entre quienes ya están convencidos: tiene que traducirse en estructura sindical, vecinal, política, capaz de sostener la presión allí donde de verdad se decide la vida material de la gente, y en una política internacional propia que no dependa de la aprobación de ninguna cancillería occidental. No hay atajo cultural para esta crisis, ni gesto identitario que sustituya a la organización material de quienes producen la riqueza y no la disfrutan. El tiempo para constatar el desastre con resignación ya se ha agotado; lo que queda es el tiempo de organizarse para revertirlo.
