Han pasado ocho años desde que Vox irrumpió en las instituciones del Estado español, con aquel punto de inflexión en las elecciones andaluzas de 2018 que abrió una grieta por la que se coló, con rapidez y sin demasiados obstáculos, un proyecto político que llevaba años gestándose en los márgenes del sistema. Ocho años después, con Santiago Abascal al frente, la formación ultra se mueve en torno a ese 20% del electorado en Andalucía, intentando consolidar una posición que ya no es marginal ni coyuntural, sino estructural dentro del tablero político. Y lo hace, no a pesar de sus contradicciones, sino precisamente gracias a su capacidad para convertirlas en una herramienta funcional. Porque si algo ha demostrado la extrema derecha contemporánea es que la coherencia ideológica no es una condición para el éxito, sino, en muchos casos, un obstáculo prescindible.
Durante estos años, Vox ha ido modulando su discurso, tanteando el terreno, probando diferentes combinaciones de agravios y enemigos hasta dar con una tecla que, por el momento, parece ofrecerle mayor rentabilidad política: la inmigración como eje articulador de todos los conflictos sociales. No es que antes no estuviera presente; siempre fue uno de sus pilares. Pero hoy ha pasado a ocupar el centro absoluto del relato, desplazando a un segundo plano otros temas que durante años funcionaron como señas de identidad del partido, como el aborto, la violencia machista o los derechos LGTBIQ+. Este viraje no es casual ni improvisado. Como señalaba el periodista Miguel González en un análisis reciente publicado en El País, se trata de una reconfiguración estratégica que busca simplificar el conflicto social en una narrativa única, fácilmente digerible y emocionalmente potente: la idea de que hay un “otro” que amenaza el bienestar colectivo.
Aquí es donde se despliega con toda su crudeza lo que podemos llamar, sin eufemismos, chovinismo del bienestar: la gran mentira sobre la que se sostiene buena parte del crecimiento de la extrema derecha. La operación es tan vieja como eficaz. Consiste en transformar problemas estructurales —la precariedad laboral, la crisis de la vivienda, el deterioro de los servicios públicos— en conflictos culturales y, más concretamente, en conflictos identitarios. Donde hay especulación inmobiliaria, se señala a los migrantes. Donde hay recortes en sanidad o educación, se introduce la idea de la saturación provocada por quienes vienen de fuera. Donde hay violencia machista, se racializa al agresor para desplazar el foco de las estructuras patriarcales. Así, el sistema queda a salvo, intacto, mientras la ira social se canaliza hacia los eslabones más débiles.
Este mecanismo no busca solo ganar votos entre sectores tradicionalmente conservadores, sino penetrar en capas populares que sufren directamente las consecuencias del modelo económico. Vox lo ha entendido bien: para crecer, necesita disputar el sentido común en los barrios obreros, en los espacios donde la izquierda debería ser hegemónica. Y para ello ha empezado a construir una estética y un discurso aparentemente “social”, promoviendo perfiles que intentan conectar con ese electorado, pero siempre desde una lógica excluyente. La trampa es evidente: no se cuestiona la escasez artificial generada por el capitalismo, sino que se asume como un hecho natural y se plantea una competencia entre pobres.
La ecuación es perversa pero sencilla: “no hay para todos”. Y si no hay para todos, alguien tiene que quedarse fuera. Vox propone que ese alguien sean los migrantes. Lo que no dice es quién ha creado esa escasez, quién se beneficia de ella y quién toma las decisiones que la perpetúan. Porque señalar a los fondos de inversión, a los grandes propietarios, a las élites económicas que convierten la vivienda en un activo financiero o los servicios públicos en nichos de negocio implicaría cuestionar el propio sistema que Vox defiende. Es más fácil, y más rentable, señalar al vecino de abajo.
Este desplazamiento del conflicto no es exclusivo de España. Forma parte de una estrategia global que ha sido ensayada con éxito en otros contextos. El caso de Viktor Orbán en Hungría es paradigmático. Durante más de una década, Orbán construyó un régimen basado en la combinación de autoritarismo institucional, nacionalismo excluyente y una intensa batalla cultural contra lo que él mismo denominó la “ideología liberal”. Su reciente salida del poder tras 16 años no implica el fin de ese modelo, sino, en todo caso, su transformación. Las estructuras, las redes, los marcos discursivos siguen ahí, operando tanto dentro como fuera de Hungría.
Vox ha sido uno de los principales aliados de Orbán en Europa, participando en foros, encuentros y espacios de coordinación donde se comparten estrategias y se construyen narrativas comunes. La llamada “internacional reaccionaria” no es una entelequia, sino una red concreta de organizaciones, partidos y think tanks que trabajan de manera coordinada para influir en la agenda política global. En ese ecosistema también encontramos a figuras como Donald Trump, cuya influencia sigue siendo determinante a pesar de sus vaivenes políticos y judiciales.
Sin embargo, como apunta el politólogo Cas Mudde, las derrotas o crisis de estos líderes no necesariamente debilitan a la extrema derecha en otros países. Porque lo que está en juego no son solo nombres propios, sino marcos de interpretación de la realidad que han logrado calar profundamente en amplios sectores de la población. Y esos marcos, una vez instalados, son difíciles de desmontar.
En el caso español, uno de los elementos clave para entender la consolidación de Vox es la actitud del Partido Popular. Lejos de establecer un cordón sanitario o de confrontar de manera clara sus postulados, el PP ha optado por asumir buena parte de su agenda, normalizando discursos que hace no tanto tiempo eran considerados inaceptables. La llamada “prioridad nacional”, por ejemplo, ha pasado de ser una consigna marginal a convertirse en un elemento más del debate político, sin que ello genere un rechazo significativo en el espacio conservador.
Esta dinámica tiene consecuencias profundas. Cuando las ideas de la extrema derecha son adoptadas por partidos tradicionales, dejan de percibirse como extremas. Se produce una especie de desplazamiento del eje político hacia posiciones cada vez más autoritarias y excluyentes, en el que lo que antes era impensable se convierte en razonable, y lo que era razonable pasa a considerarse radical. Es el triunfo de la batalla cultural, no tanto en términos de hegemonía total, sino de capacidad para marcar los límites de lo decible.
En paralelo, Vox ha mantenido —aunque de manera cada vez más ambigua— su vinculación con organizaciones ultraconservadoras como Hazte Oír, que han sido fundamentales en la difusión de discursos contra los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+. Sin embargo, las tensiones entre ambos espacios han ido en aumento. La razón es, de nuevo, estratégica: mientras estas organizaciones insisten en mantener esos temas en el centro del debate, Vox parece haber decidido relegarlos para no alienar a sectores jóvenes que, incluso siendo conservadores, no comparten necesariamente esas posiciones.
Este desencuentro se ha hecho visible en episodios recientes, como las campañas públicas de presión contra el propio Abascal, o las disputas en torno a plataformas y marcas juveniles que orbitan alrededor del partido. Más allá del anecdotario, lo que revelan estos conflictos es una lucha por el control del espacio ultra, por la definición de sus prioridades y, no menos importante, por el acceso a los recursos económicos que circulan en ese entorno.
Pero sería un error sobredimensionar estas fracturas. La experiencia demuestra que las disputas internas, las contradicciones discursivas o incluso los escándalos tienen un impacto limitado en el electorado de la extrema derecha. Porque lo que moviliza a sus votantes no es la coherencia programática, sino la identificación emocional con un proyecto que promete orden, identidad y seguridad frente a un mundo percibido como caótico y amenazante. En ese sentido, Vox no necesita ser consistente; necesita ser eficaz en la producción de miedo.
Y ahí es donde la inmigración se convierte en la herramienta perfecta. Porque permite conectar con preocupaciones cotidianas —el empleo, la vivienda, la seguridad— y ofrecer una explicación simple y directa. No importa que sea falsa o incompleta; lo importante es que sea creíble dentro del marco emocional en el que se inscribe. La política, en este terreno, deja de ser un espacio de deliberación racional para convertirse en una batalla por las percepciones.
Frente a esto, la izquierda transformadora tiene un desafío enorme. No basta con desmontar los bulos o con aportar datos que contradigan el relato ultra. Es necesario disputar el marco, ofrecer una narrativa alternativa que no solo explique la realidad, sino que también conecte emocionalmente con quienes la viven. Porque si algo ha demostrado la extrema derecha es que la política no se gana solo con argumentos, sino también con relatos.
Eso implica, en primer lugar, señalar con claridad a los verdaderos responsables de la precariedad y la desigualdad. Nombrar al capital financiero, a las grandes corporaciones, a las políticas neoliberales que han desmantelado lo público y han convertido derechos en mercancías. Pero también implica construir una idea de comunidad que no se base en la exclusión, sino en la solidaridad. Una comunidad que no enfrente a los de abajo entre sí, sino que los articule en un proyecto común de transformación.
No es una tarea sencilla. Requiere tiempo, organización y una capacidad de intervención que vaya más allá de lo institucional. Requiere presencia en los territorios, en los barrios, en los espacios donde se construye el sentido común. Y requiere, sobre todo, valentía para confrontar no solo a la extrema derecha, sino también a quienes, desde posiciones supuestamente moderadas, contribuyen a legitimar sus discursos.
Porque esa es, en última instancia, la clave del momento político actual: la extrema derecha no avanza sola. Avanza porque encuentra un terreno fértil, porque sus ideas son amplificadas, normalizadas y, en muchos casos, asumidas por actores que deberían estar combatiéndolas. Avanza porque el miedo es un recurso poderoso en tiempos de incertidumbre, y porque ofrece respuestas simples a problemas complejos.
Vox lo sabe. Y por eso no necesita gobernar para influir. Su verdadero objetivo no es solo ocupar instituciones, sino moldear el sentido común, definir los marcos desde los que se interpreta la realidad. En ese terreno, cada concesión, cada silencio, cada ambigüedad juega a su favor.
No busquen coherencia en su discurso, porque no la necesitan. No esperen que sus contradicciones les pasen factura, porque su electorado no vota programas, sino emociones. No confíen en que las disputas internas los debiliten de manera decisiva, porque su proyecto va más allá de sus siglas.
La extrema derecha ha entendido algo fundamental: la política del siglo XXI se juega en el terreno de las percepciones, de los afectos, del sentido común. Y mientras siga marcando la agenda, mientras sus marcos sigan estructurando el debate, seguirá avanzando, con mayor o menor intensidad, pero siempre hacia adelante.
La pregunta no es qué hará Vox en los próximos años. La pregunta es qué estamos dispuestos a hacer para impedir que su mundo se convierta en el nuestro. Porque si algo está en juego no es solo un resultado electoral, sino el tipo de sociedad en la que queremos vivir.
Y en esa batalla, no hay neutralidad posible. O se confronta el odio con organización y conciencia, o el odio seguirá creciendo, alimentado por un sistema que lo necesita para sobrevivir.
