La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado “un nuevo episodio violento” contra un funcionario de prisiones en el Centro Penitenciario de Ocaña II, ocurrido durante el recuento de internos en el módulo 3. Según el sindicato, el incidente se produjo en la mañana del pasado 11 de mayo y terminó con tres reclusos trasladados al módulo de aislamiento.
Los hechos tuvieron lugar entre las ocho y las nueve de la mañana, cuando un funcionario pidió a uno de los internos que encendiese la luz para poder verlo durante el recuento. Según relata CSIF, fue entonces cuando el recluso adoptó “una actitud desafiante y violenta” que fue aumentando después, al bajar al patio.
Una vez allí, el interno comenzó a gritar y a golpearse el labio, fingiendo, según el sindicato, que la herida se la había provocado el funcionario. CSIF asegura además que el recluso llegó a incitar a otros dos internos para que fueran contra el trabajador. “En esos momentos se produjo un forcejo entre ellos, llegando a tirar al suelo al funcionario”, señala la organización sindical.
La intervención de otros trabajadores del centro permitió controlar la situación sin que se produjeran consecuencias de mayor gravedad para el funcionario afectado. Los tres internos implicados fueron derivados al módulo de aislamiento del centro penitenciario.
El delegado de CSIF en Ocaña II, Raúl Lirio, ha mostrado la “preocupación” del sindicato por unos hechos en los que un funcionario de servicio se vio sometido a “una situación de tensión, intimidación y riesgo físico” mientras desempeñaba sus funciones.
Lirio ha destacado también “la profesionalidad, contención y proporcionalidad” con la que actuaron los trabajadores penitenciarios implicados. Según ha subrayado, pese “a la extrema tensión vivida”, los funcionarios mantuvieron el control de la situación y evitaron consecuencias más graves tanto para el personal como para la población reclusa.
Desde CSIF lamentan la “creciente pérdida de autoridad y protección jurídica” que, a su juicio, sufren los empleados públicos penitenciarios en el ejercicio de su trabajo. El sindicato considera que muchas conductas violentas o desafiantes se reducirían si los funcionarios de prisiones fueran reconocidos como agentes de la autoridad, lo que les dotaría de una mayor protección jurídica y reforzaría el principio de autoridad dentro de los centros.
Por ello, CSIF ha solicitado formalmente el traslado de los internos responsables a centros penitenciarios “mejor preparados” para el control y tratamiento de perfiles altamente conflictivos, con más recursos de seguridad y módulos adaptados a este tipo de situaciones.
Además, la organización reclama más medios y formación para el colectivo, así como la adecuación y modernización de la ley penitenciaria y de los medios coercitivos necesarios para reducir a internos violentos. CSIF pide que se reconozca “el trabajo real y de especial complejidad” que realizan a diario los funcionarios de instituciones penitenciarias.
