El portavoz de la Asociación Provincial de Bomberos de Cuenca, Alejandro Plans, ha asegurado este viernes que, si el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto «considera que no tiene ninguna responsabilidad» en el despido de un compañero y el traslado desde el parque de Tarancón al parque de Motilla de otro, lo que debe hacer es «comunicarlo al pleno de la Diputación y dimitir».

Así lo ha manifestado Plans minutos antes de registrar en la Diputación de Cuenca casi 42.000 firmas recogidas en los últimos 16 días en el marco de la campaña ‘ASINObenjamin’, que cuenta con el apoyo de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, sindicatos y efectivos de todos los servicios de España, lo que, a su juicio, «demuestra que algo ha podido ocurrir».

Con estas firmas, los impulsores de la campaña solicitan «encarecidamente» a Prieto «que se siente, dialogue y se logre un acuerdo que beneficie a todas las partes» y, de esta forma, «tornar en un ‘así, sí, Benjamín'» si se paralizan el despido y el traslado forzoso.

Plans ha conocido por la prensa la interposición, este jueves por parte de Benjamín Prieto, de una demanda contra los instigadores de esta campaña de denuncia y ha espetado no saber si dicha demanda tiene el «ánimo de cambiar la intención de diálogo» de la plataforma, «que es lo que más le está dejando a él en el foco de la atención de toda la provincia».

«La gente se está preguntando si tenemos un presidente que dialoga y llega a acuerdos para solucionar los problemas o todo lo contrario», ha resuelto Plans, para, a continuación, subrayar que el presidente de la institución provincial es «la única persona que tiene la competencia para despedir o trasladar forzosamente a alguien a 120 kilómetros», recordando que, cada día que pasa, «José y Óscar siguen sufriendo las consecuencias de esta catástrofe».

Y es que, a su entender, «lo que tiene que hacer Prieto es dialogar y solucionar los problemas» y no esperar a que un juez «pueda dirimir otro tipo de responsabilidades». En este sentido, el día 2 de octubre harán entrega de más de 50.000 firmas que, para entonces, esperan haber recogido, con la esperanza de que «tenga a bien dialogar y pactar» antes del juicio, fijado para el 11 de octubre.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT Cuenca, María del Carmen Jiménez, ha calificado de «grave atropello» las sanciones impuestas a los dos bomberos, «que nunca antes se habían visto en la Diputación Provincial y, desde luego, en ningún otro sitio de España».

El alcance de un posible acuerdo con la representación legal de ambos efectivos no sería, a su juicio, «dar ningún paso atrás, sino un paso adelante, mostrando una responsabilidad total y absoluta».