La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha pedido este miércoles al Ministerio de Transición Ecológica auditar e «investigar» las cuentas del Almacén Temporal Centralizado, pues ha asegurado que en la construcción del silo en la localidad conquense de Villar de Cañas «había mucho negocio», en alusión a determinadas publicaciones que mantienen que «una empresa vinculada a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, cobró 37 millones de euros de Enresa para hacer el ATC sin mover si una sola piedra».
Así lo ha indicado Fernández, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno de la presente semana, donde, a preguntas de los medios, ha detallado que de momento esa petición de auditoria es «política, no formal».
«Llegado el momento tomaremos la decisión oportuna», ha añadido la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, que ha puntualizado que dado el contacto directo que mantienen con el Ministerio que dirige Teresa Ribera «no cree que sea necesario formular esta petición formal».
Y es que Fernández ha abundado en la necesidad de acometer, por medio de esta auditoria, un «ejercicio de transparencia», a fin de saber «por qué se invirtió tanto dinero en los primeros tiempos del ATC cuando no se movió una piedra y cuando los informes técnicos desaconsejaban la elección de Villar de Cañas».
Según la portavoz del Ejecutivo querer construir el silo nuclear en Villar de Cañas fue «una quimera en ojos de algunos que proponían esta auténtica barbaridad», como evidencia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «haya enterrado la posibilidad» de edificarlo, al renunciar esta semana a los procesos de adjudicación de cuatro licitaciones.
Dicho esto, Fernández ha querido hacer «cronología» del silo, y tras defender que el Ejecutivo socialista siempre estuvo en contra de su instalación, ha añadido que Cospedal, en plena campaña electoral de 2011 se mostró contraria a esta infraestructura, pero cuando ganó las elecciones lo apoyó, siendo su construcción aprobada por el Consejo de Ministros del 28 de diciembre, con la «aquiescencia», de la que por entonces era presidenta castellanomanchega y secretaria general del PP.
«A las pocas semanas López del Hierro fichó por una empresa que sería beneficiaría de contratos multimillonarios, como se ha publicado en medios de comunicación y entre tanto Cospedal maniobraba para poner en Enresa a Francisco Gil Ortega, diputado regional y exalcalde de Ciudad Real, persona de su confianza. Parece que el negocio está servido», ha advertido.
«Por esto queremos que se investigue y se aclaren las cuentas y saber por qué se destinó tanto dinero a las empresas vinculadas a López del Hierro, a la sazón de marido de Cospedal. El medio ambiente es sagrado y el dinero público es sagrado y parece que había más basura en esos presuntos negocios que la basura nuclear que se quería enterrar en Villar de Cañas», ha agregado.
De otro lado, y después de que en 2016 la Plataforma contra el ATC en Villar de Cañas elevará ante la Fiscalía Anticorrupción el cobro por parte de empresas vinculadas a López del Hierro, Fernández ha dicho desconocer cómo va ese proceso judicial.
Así las cosas, y también a preguntas de los medios, ha indicado que alguno de los proyectos de energía renovable que el Ejecutivo regional tramita «si no es ahora podría estar en el futuro en Villar de Cañas», pues la economía circular es el modelo por el que apuesta el Gobierno regional, «no por el basurero nuclear».
De ahí que la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego haya finalizado pidiendo al Ministerio de Transición Ecológica que conceda a la región una mayor capacidad de evacuación de dicha energía.
SILOS INDIVIDUALIZADOS
De su lado, el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Macha, José Luis Martínez Guijarro, ante la decisión de la empresa pública Enresa de renunciar a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad conquense de Villar de Cañas, ha apuntado que cada vez hay más expertos que se inclinan por la gestión de estos residuos en las propias centrales nucleares, es decir, pasar del modelo de ATC al modelo de ATI.
No obstante, ha precisado Martínez Guijarro desde Guadalajara, es algo que tiene que decir el Gobierno de España, al tiempo que ha defendido que la Junta de Castilla-La Mancha tiene muy claro que, si se vuelve a retomar la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC), no quiere que se ubique en la región castellanomanchega, que ya ha contribuido a la energía nuclear de forma «más que suficiente».
Martínez Guijarro ha insistido en que el Gobierno regional pedirá explicaciones sobre a qué se han destinado los 90 millones que se han gastado en un proyecto en el que «desde el minuto cero» se dijo que era «una barbaridad» porque, además, la ubicación concreta que habían elegido era, además, «de las peores posibles» por las características concretas de Villar de Cañas (Cuenca).
Martínez Guijarro ha añadido que había «muchos intereses de muchas empresas» y que por eso el Ejecutivo castellanomanchego quiere que el conjunto de la ciudadanía «sepa a qué se ha destinado el dinero».
