La planta de tratamiento de residuos biosanitarios del Grupo Athisa en Socuéllamos (Ciudad Real), escenario del trágico accidente laboral que el pasado lunes costó la vida a una trabajadora de 51 años y dejó dos empleados heridos de gravedad, será sancionada con 85.000 euros por una infracción grave detectada antes del siniestro.
Así lo ha confirmado este miércoles la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, quien ha detallado que el expediente sancionador se abrió tras una inspección realizada el 6 de agosto y se encuentra actualmente en periodo de alegaciones. “Ese expediente va a salir adelante con una falta grave y con una multa de 85.000 euros”, ha afirmado.
Operaba con una exención, pese a dos negativas previas
Según ha explicado la delegada, la planta operaba acogida a una exención recogida en el artículo 34 de la Ley 7/2022 de residuos, que permite la actividad de ciertos proyectos de investigación mediante declaración responsable, sin necesidad de autorización expresa.
No obstante, la Junta denegó en dos ocasiones la ampliación de esa actividad. La primera negativa se produjo en julio, cuando la empresa solicitó trabajar con un mayor volumen de residuos. La segunda, el 2 de octubre, cuando la compañía comunicó su intención de prolongar el proyecto más allá del 9 de octubre, fecha en la que expiraba el plazo autorizado.
“A esa nueva declaración responsable les volvimos a decir que no”, ha asegurado Fernández, quien ha calificado la segunda solicitud como “de mala fe”, dado que se realizó poco antes del vencimiento del plazo.
Solo podía tratar residuos citostáticos
Fernández ha recordado que la planta tenía autorización únicamente para el tratamiento de residuos citostáticos, como materiales procedentes de terapias oncológicas, que no presentan riesgo de explosión. Por ello, ha señalado que será necesario determinar qué otros productos se manipulaban en la instalación en el momento del accidente.
Además, ha indicado que la Junta ya había advertido a la empresa de deficiencias observadas durante las inspecciones, que fueron ratificadas por el Seprona.
En cuanto a la licencia de actividad, la delegada ha aclarado que esa competencia recae sobre el Ayuntamiento de Socuéllamos, por lo que la Junta desconoce si la empresa contaba o no con dicha autorización municipal.
Investigación judicial en marcha
Sobre las causas del siniestro, Fernández ha pedido prudencia y ha explicado que están siendo investigadas por la Policía Judicial de la Guardia Civil. “Si ha habido alguna negligencia o irresponsabilidad por parte del empresario, tiene que caer el peso de la ley sobre la empresa”, ha advertido.
Por último, ha trasladado las condolencias del Gobierno de Castilla-La Mancha a la familia de la trabajadora fallecida y ha mostrado su apoyo a los dos heridos, que continúan en estado crítico. “Es un hecho tan dramático que no conviene frivolizar. Hemos cumplido taxativamente la ley y ahora solo esperamos que se investigue y se aclaren las causas cuanto antes”, ha concluido.
