La falta de apertura ininterrumpida, la atención telefónica no especializada, la escasa información accesible y las discriminaciones interseccionales figuran entre los principales obstáculos que se encuentran las víctimas de violencia sexual en los centros de crisis 24 horas, según Amnistía Internacional.
La organización he hecho público este lunes un informe que analiza la situación de los centros de crisis en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia, y constata que existe un funcionamiento «dispar» entre estas regiones que provoca que las mujeres se encuentren «perdidas» ante una situación violencia sexual.
Seis comunidades autónomas en las que se ha observado que no se garantiza la atención presencial los siete días de la semana durante las 24 horas del día, tampoco la atención telefónica u online por personal especializado. También se ha constatado que no existen suficientes recursos para ofrecer las víctimas y que las barreras son aún mayores si las víctimas son migrantes, mujeres en contextos de prostitución o de etnia gitana.
El informe revela que solo Galicia y Asturias cumplen con la apertura ininterrumpida que deben ofrecer los centros de atención a las víctimas. En Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía y Cataluña los horarios son limitados -solo de lunes a viernes-, y en Cataluña ni siquiera ofrecen información online específica sobre violencia sexual.
Según la investigadora responsable del informe, Virginia Álvarez, los centros de atención 24 horas son un «recurso especializado esencial para la atención y recuperación integral y multidisciplinar» de las mujeres víctimas o supervivientes de cualquier tipo de violencia sexual.
«Si las víctimas no cuentan en un primer momento con una información adecuada, accesible y pedagógica, esto puede provocar que se perpetúe el silencio, el aislamiento o incluso la cronificación del trauma derivada de la agresión sexual vivida», añade Álvarez en el comunicado.
Pese a esto, ponen de manifiesto que se ha abierto al menos un centro en cada provincia española, excepto en Ceuta que todavía sigue sin estar en funcionamiento. Sin embargo, España aún no cumple con la recomendación de contar con un centro por cada 200.000 habitantes.
Del estudio también se desprende que, de las comunidades autónomas estudiadas, la mayoría de los centros solo tiene una o dos psicólogas, trabajadoras sociales o asesoras jurídicas. Solo Asturias cuenta con personal laboral entre las que hay 7 abogadas y 8 psicólogas.
La madre de una víctima de abusos sexuales de 12 años denuncia lo siguiente: «El primer día no me cogieron el teléfono, tuve que volver a llamar y me dieron cita tres días después. Me dijeron que la psicóloga estaba de baja, pero a los pocos días mi hija fue al centro y tuvo una reunión en la que estaban otras niñas. Le explicaron cómo decir que no y esas cosas».
Las víctimas, precisa Amnistía Internacional, también se topan con una «doble discriminación», ya que muchas mujeres expresaron «desconfianza» a la hora de acudir a estos centros por estereotipos y prejuicios que pesan sobre ellas cuando revelaban su actividad o de dónde venían.
En esta línea, también denuncian las dificultades que traviesan las mujeres rurales para acceder a cierto tipo de servicios. Solo Asturias dispone de un servicio de taxi para facilitar la accesibilidad de las víctimas al centro de crisis, o contempla la posibilidad de trasladar a las trabajadoras para visitar a las víctimas.
Amnistía Internacional advierte de que las autoridades no pueden justificar recortes o carencias en los centros de crisis porque se tratan de recursos «caros o de difícil financiación».
Por tanto, la organización exige tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas que los centros 24/7 sean accesibles y cuenten con atención telefónica especializada y directa, equipos multidisciplinares con experiencia en violencia sexual y una financiación estable procedente de los Presupuestos del Estado, entre otras medidas.
