La Comisión de Sanidad de las Cortes regionales ha aprobado este miércoles 14 enmiendas a la modificación de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha, de las cuales ocho han sido transadas entre PSOE, PP y Vox. Sin embargo, ha quedado fuera la propuesta del PP para regular la publicidad sanitaria, una cuestión que ha generado debate entre los grupos.
En la sesión, la mayoría socialista ha rechazado 13 enmiendas de Vox y cuatro del PP, aprobando cinco del PSOE, incluyendo una transada. El portavoz del PSOE en la comisión, Ángel Tomás Godroy, ha explicado que la reforma busca adaptar la normativa autonómica a la legislación básica estatal y a la jurisprudencia constitucional para «generar seguridad jurídica».
Además, ha señalado que la modificación clarifica tipos de infracciones y actualiza el sistema de inspección y sanción en materia de consumo. Godroy ha detallado que «la parte más amplia de la reforma afecta al régimen sancionador de la ley, modificando artículos con un nuevo modelo que establece que las infracciones y sanciones se regirán principalmente por la regulación estatal básica en consumo».
Por su parte, el portavoz del PP, Juan Antonio Moreno Moya, ha lamentado que su enmienda para garantizar una publicidad sanitaria «veraz», con información sobre tratamientos y precios, y un mayor control administrativo sobre prácticas engañosas, haya sido rechazada. Moreno Moya ha defendido que esta propuesta responde a «las preocupaciones de profesionales sanitarios» y ha criticado que el Ejecutivo regional «lleva retrasando cinco años» la aprobación de una ley específica en esta materia.
Asimismo, el diputado popular ha destacado otra enmienda para que las entidades que operan en Castilla-La Mancha garanticen mecanismos accesibles de información a consumidores sobre la cesión de créditos, especialmente en créditos hipotecarios o préstamos cedidos a fondos de titularización, señalando que «esta enmienda responde a una preocupación real de miles de consumidores».
El diputado de Vox, Iván Sánchez, ha justificado las 14 enmiendas presentadas por su grupo argumentando que la reforma «da menos garantías para el consumidor y más poder sancionador para el PSOE». Sánchez ha abogado por una regulación estatal uniforme para evitar diferencias territoriales que puedan derivar en sanciones arbitrarias y ha subrayado que «no se puede tratar igual a una gran empresa que a una pyme o a un autónomo».
Entre sus propuestas, ha sugerido que las administraciones públicas garanticen atención presencial a personas mayores, con menor renta o residentes en municipios pequeños, y que el órgano autonómico competente en consumo cuente con medios suficientes para sancionar conductas infractoras. No obstante, ninguna de estas enmiendas ha prosperado, salvo una que ha sido transada.
La sesión ha evidenciado las diferencias entre los grupos sobre el alcance y contenido de la reforma, especialmente en lo relativo a la regulación de la publicidad sanitaria y la protección de los consumidores frente a prácticas engañosas. La mayoría socialista ha priorizado la adaptación a la normativa estatal y la seguridad jurídica, mientras que PP y Vox han reclamado medidas más específicas y un mayor control en ámbitos sensibles para los consumidores.
Las enmiendas que no han sido aprobadas permanecerán abiertas para su debate en el pleno de las Cortes regionales.
