El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado que el Consejo de Gobierno regional ya ha dado luz verde al techo de gasto que tendrá que aprobar ahora el Parlamento, y que para 2026 se estima en 9.000 millones de euros, un 8,2 % más en términos absolutos.

En rueda de prensa, ha insistido en que este cálculo procede del sistema de financiación autonómica y de estimaciones propias, arrojando un resultado de 686 millones de euros más que en 2025.

Con unos ingresos de carácter no financiero que se irán a 9.117 millones procedentes de entregas a cuenta y liquidación del ejercicio 2024, Ruiz Molina ha vuelto a llamar la atención sobre la necesidad de acelerar la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación autonómica.

Acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, Ruiz Molina ha señalado que esta aprobación se produce en un «ambiente de clara incertidumbre a nivel nacional», ya que a estas alturas se desconoce si habrá Presupuestos Generales del Estado para 2026 o se continuará con los prorrogados de 2023; no se han fijado los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, ni se ha remitido propuesta por parte del Ministerio de Hacienda; y tampoco se ha publicado el informe que debe contener la estimación del crecimiento del PIB y que es la «tasa de referencia que marca la regla de gasto».

Una vez aprobado este límite de gasto no financiero, también conocido como techo de gasto, se dará traslado inmediato a las Cortes regionales, iniciándose así el trámite parlamentario preceptivo para aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, con el objetivo de que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero y se ofrezcan, como ha señalado el consejero, «los mimbres necesarios para continuar con la redistribución de la riqueza, lo más justa posible, con el objetivo de potenciar el desarrollo económico y el progreso social de la región».

Ruiz Molina ha detallado cada uno de los componentes de este techo de gasto. El primero de ellos son los ingresos propios de carácter no financiero que, como ha indicado, ascienden a 9.117 millones, variando con respecto al anterior ejercicio en un 10,5 por ciento. De esta cifra ha remarcado que el 85,7 por ciento, es decir 7.814 millones, son los ingresos que le corresponden a Castilla-La Mancha provenientes del sistema de financiación vigente, incluyendo las entregas a cuenta para 2026, que se incrementan un siete por ciento y la liquidación de 2024 que aumenta un 23 por ciento con respecto a la prevista para 2023.

Un elevado porcentaje que, como ha indicado, pone de manifiesto la importancia que tiene para la región «abordar de manera urgente la reforma del sistema de financiación autonómica», y que ha enlazado con el «absoluto rechazo» al acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral del pasado 14 de julio entre el Gobierno central y la Generalitat, en relación con una financiación singular para Cataluña, que ha calificado de «injusto e insolidario», ya que afecta a todas las comunidades autónomas, sin contar con ninguna de ellas, y que es «un ataque frontal al principio de igualdad entre españoles y españolas».

Asimismo, ha precisado, que el 14,3 por ciento restante, es decir, 1.303 millones «se corresponde con el resto de los ingresos no financieros»; del que ha resaltado dos partidas. La primera es lo que se ha presupuestado que correspondería a la región por el reparto del impuesto a la Banca en función del PIB, unos 60 millones, un criterio «ilegal e injusto, que hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional»; y la segunda, es lo que se estima que se ha recaudado por la ejecución del programa FEDER 2021-2027, unos 217 millones.

En este sentido, ha señalado que, si se eliminan estos dos conceptos, la previsión de crecimiento medio sería del 3,5 por ciento en el resto de las partidas de ingresos, pero siempre dentro del criterio de «prudencia».

En relación con el segundo componente, y con independencia de la senda de déficit que se pueda fijar para las comunidades autónomas, el Gobierno de Castilla-La Mancha, tal y como ha explicado el consejero se ha fijado como objetivo para 2026 el «equilibrio presupuestario, déficit 0, es decir, no incrementar el endeudamiento de la comunidad». Ya que, este incremento supondría «tener que soportar en los próximos años un incremento del gasto en intereses, mermando así la capacidad económica de la región para cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía».

Por este motivo, desde el Ejecutivo de García-Page se ha fijado como objetivo «seguir reduciendo la carga de intereses», como ya se viene haciendo a través de la refinanciación de la deuda, sustituyendo préstamos a tipo de interés alto por los de interés mucho más bajo, para, en ese tiempo ahorrar unos 170 millones de euros, «que se han podido destinar a financiar los servicios públicos fundamentales».

CONDONACIÓN DE DEUDA

De ahí, ha continuado, la importancia que se le da desde Castilla-La Mancha a la condonación de la deuda, «ha sido una reivindicación histórica» y que se aprueba hoy en Consejo de Ministros. Una condonación que supone para la región una reducción de la deuda de 4.927 millones, un 40 por ciento de la deuda que manteníamos con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y que va a suponer un ahorro de intereses para los próximos años de 760 millones».

«Se va a tratar, por tanto, de presentar un presupuesto equilibrado que se va a hacer compatible con «la congelación de la presión fiscal y con el incremento del gasto social, principalmente el relacionado con pilares que sustentan el Estado del Bienestar».

Y finalmente, la última magnitud de este techo de gasto son los ajustes de contabilidad nacional, necesarios para expresar las cuantías presupuestarias en términos de contabilidad nacional, y que según ha indicado, para 2026 está previsto que resten 128 millones de euros.

Se trata por tanto de un límite de gasto no financiero, que según ha indicado Juan Alfonso Ruiz Molina se ha elaborado en el marco de un «escenario macroeconómico positivo» tanto para España como para la región, reflejado en los informes de los principales servicios de estudios, que estiman un crecimiento sostenido de la economía regional desde el inicio de la legislatura y que se prevé que continue hasta 2027.

Unos datos a los que, como ha explicado hay que sumar una contención de la inflación que, según los últimos registros del mes de julio en Castilla-La Mancha es del 2,4 por ciento, tres décimas menos que a nivel nacional, y que se va a ver acrecentado «por el clima de estabilidad que impera en nuestra comunidad y que se refleja en muchos indicadores económicos».

Esto supone que, en términos de previsiones, el 2025 se espera que vaya a finalizar con un incremento del PIB en términos reales del 2,4 por ciento; mientras que para el 2026, se ha estimado un crecimiento del PIB regional en términos reales del 1,9 por ciento, y que «está en consonancia» con lo que estiman los servicios de estudios más reputados, como BBVA, Hispalik o Unicaja, y que cuenta con el respaldo de la Autoridad Independiente (AIReF), que pone en valor la metodología utilizada, «suponiendo un reconocimiento al rigor con el que desde el Gobierno regional se trabaja a la hora de administrar los recursos», ha afirmado el consejero.