El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado a las plataformas ‘Stop Biometano’ el borrador del futuro decreto regional de Biometano, invitando a estos colectivos a «alegar las consideraciones que crean oportunas cuando esta nueva normativa salga a participación pública». Así lo ha señalado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante una reunión mantenida en la Consejería para trasladar personalmente a los representantes de las plataformas las novedades del nuevo decreto y conocer sus inquietudes.
Durante el encuentro, Mercedes Gómez ha puesto en valor el «diálogo abierto» que mantiene el Ejecutivo regional con los diferentes actores implicados. Según ha informado el Gobierno regional, la consejera ha recordado a los asistentes que el periodo de consulta pública está abierto desde el pasado lunes 22 de junio hasta el 3 de julio. Posteriormente, se abrirá la fase de información pública, en la que «tanto las plataformas, como los promotores de proyectos de biometano, ayuntamientos y público en general, van a disponer de 45 días naturales para presentar sus aportaciones».
En relación al contenido del borrador, Gómez ha destacado que el decreto recogerá la resolución aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha, estableciendo «la normativa más garantista de Europa para regular la implantación de plantas de Biometano en la comunidad autónoma». Entre las medidas incluidas, la consejera ha subrayado que se otorgará poder de decisión a los ayuntamientos antes de iniciar las tramitaciones, de modo que «las puedan llevar a sus plenos los proyectos y someter a votación». Además, se establece que las plantas «tienen que estar mínimo a dos km de los centros urbanos» y que «el 80 por ciento de los residuos que traten procedan de la comarca, de un área máximo de 35 kilómetros».
El borrador contempla también una serie de normas regulatorias «que van a garantizar mediante medidas de obligado cumplimiento cero olores y tratamiento hermético de los residuos, como, por ejemplo, que las balsas tengan que ser cerradas, o que no se puedan transportar por los núcleos urbanos», ha explicado Gómez.
La consejera ha concluido señalando que todos los proyectos deberán adaptarse completamente a la normativa recogida en el decreto, «para lo que contarán con un plazo de entre 12 y 14 meses para acometer las transformaciones que pudieran ser necesarias».
La reunión, celebrada en un ambiente de diálogo y transparencia, marca un nuevo paso en el proceso de elaboración de la normativa, que busca equilibrar el desarrollo de las energías renovables con la protección del entorno y la participación ciudadana.
