En el actual contexto político, marcado por la escalada armamentista en Europa y la reconfiguración del bloque occidental bajo liderazgo estadounidense, la cuestión de la OTAN ha recuperado centralidad en el debate público español. Ya no se trata de un asunto periférico, sino de un eje que permite medir la coherencia entre discurso y práctica en el seno de las fuerzas que se reclaman de izquierdas. En ese marco, la abstención de Sumar ante la propuesta de referéndum sobre la salida de la OTAN, presentada por Podemos en el Congreso el 22 de abril, no puede interpretarse como un simple matiz. Expresa una contradicción más profunda: la que existe entre una retórica crítica con el atlantismo y una práctica política condicionada por la lógica de gobierno compartido con el PSOE.
Lo sucedido no es un hecho aislado, sino una manifestación del equilibrio inestable en el que se mueve Sumar desde su entrada en el Ejecutivo. Su discurso conecta con sectores que rechazan el rearme y la subordinación de la política exterior a Estados Unidos, pero su acción institucional se desarrolla dentro de un marco que consolida precisamente esas políticas. En ese contexto, la abstención no representa una posición intermedia, sino una forma de evitar el conflicto cuando este se vuelve políticamente significativo.
Frente a ello, otras fuerzas optaron por una posición clara. Podemos, ERC, Bildu, BNG y Compromís apoyaron la iniciativa. Más allá de debates sobre oportunidad o viabilidad, su voto resulta coherente con sus planteamientos públicos: si se cuestiona la OTAN y se defiende el derecho a decidir, respaldar un referéndum es una consecuencia lógica. La abstención, en cambio, introduce una distancia difícil de justificar entre lo que se afirma y lo que se hace.
Esta diferencia también se reflejó en el ámbito territorial. En la Comunidad Valenciana, representantes de Compromís votaron a favor, mientras que diputados vinculados a Sumar e IU-EUPV se abstuvieron. No es un detalle menor: evidencia dos formas de entender la acción política, una centrada en la coherencia programática y otra subordinada a los límites de la acción gubernamental. Esa divergencia incide directamente en la credibilidad de las organizaciones implicadas.
La moción planteaba tres elementos concretos: la convocatoria de un referéndum sobre la permanencia en la OTAN, la revisión de los acuerdos militares con Estados Unidos y la incorporación constitucional de la renuncia a la guerra como instrumento de política exterior. No era una declaración simbólica, sino una propuesta con mecanismos definidos. Su rechazo por parte del bloque que sostiene el consenso atlantista —PSOE, PP, Vox, PNV, Junts y UPN— entra dentro de lo previsible. La abstención de Sumar, en cambio, revela una priorización clara: la estabilidad del gobierno por encima de la coherencia política.
Aquí aparece el argumento del “mal menor”, utilizado para justificar la evitación del conflicto con el socio mayoritario. Se plantea que tensar el gobierno podría favorecer a la derecha, por lo que conviene posponer determinadas posiciones. Sin embargo, este razonamiento tiene efectos políticos concretos: desplaza debates de fondo y alimenta la desmovilización de quienes perciben una brecha entre promesas y decisiones. La desafección no nace tanto del desacuerdo como de la incoherencia sostenida.
El dilema entre gobernar y transformar atraviesa toda la experiencia de la izquierda institucional. Negociar implica ceder en ocasiones, pero no toda cesión es equivalente. En este caso, la abstención no ha producido avances ni ha permitido visibilizar una posición diferenciada dentro del Ejecutivo. Ha operado, más bien, como un mecanismo de adaptación a una línea política ya definida.
Esa misma lógica se reproduce en el Consejo de Ministros. En él participan dirigentes vinculados al PCE y a IU integrados en la estructura gubernamental, y desde ese espacio se aprueban de forma regular partidas que incrementan el gasto militar mediante fórmulas indirectas: créditos extraordinarios, programas de modernización de las Fuerzas Armadas o compromisos industriales asociados a la OTAN. Aunque no siempre se presenten como tales, cumplen en la práctica esa función. Esto introduce un elemento adicional: no se trata solo de decisiones parlamentarias, sino de corresponsabilidad en la acción de gobierno.
La presencia del PCE e IU en el Ejecutivo implica asumir esas políticas. Esa asunción tensiona su propio discurso y refuerza la percepción de que la participación institucional está derivando en la aceptación de dinámicas que previamente se criticaban. La cuestión ya no es únicamente qué se defiende, sino qué se valida desde posiciones de poder.
En este contexto, la OTAN funciona como un eje estructural. Define el modelo de defensa, el papel internacional del Estado y el destino de una parte significativa del gasto público. Permanecer en la Alianza implica aceptar una estrategia basada en la disuasión militar y la integración en estructuras de mando supranacionales. Cuestionarla exige plantear alternativas y asumir el conflicto político que ello conlleva.
De ahí la relevancia del referéndum propuesto. No solo por su posible resultado, sino por su capacidad de reabrir un debate que quedó condicionado en 1986. Aquella consulta, impulsada tras un cambio de posición del gobierno de Felipe González, sirvió para legitimar una decisión previamente adoptada en un contexto internacional muy determinado. Cuatro décadas después, las condiciones han cambiado, pero el debate sigue pendiente.
La abstención de Sumar contribuye a mantener ese cierre. Evita que la ciudadanía se pronuncie sobre una cuestión que afecta directamente a la soberanía y al uso de recursos públicos. Al mismo tiempo, dificulta la construcción de una posición común dentro del espacio de la izquierda, no tanto por diferencias de diagnóstico como por la distinta disposición a asumir costes políticos.
El resultado es una fragmentación que debilita la capacidad de incidencia. Sin una posición clara en cuestiones estratégicas, resulta más difícil disputar el consenso dominante. Y esa dificultad no es abstracta: se traduce en menor capacidad para influir en decisiones que definen el rumbo político del país.
En paralelo, se abre un problema de representación. La legitimidad democrática no se limita al proceso electoral, sino que depende también del cumplimiento de compromisos. Cuando se produce una distancia entre ambos planos, la confianza se erosiona. La abstención plantea, en ese sentido, una cuestión de responsabilidad política que no puede eludirse.
En última instancia, lo que está en juego es el tipo de proyecto que la izquierda pretende construir. Gestionar el marco existente no equivale a transformarlo. Para lo segundo, resulta imprescindible sostener posiciones claras incluso cuando generan tensiones. La cuestión de la OTAN, por su alcance, actúa como una prueba en ese sentido.
La decisión de Sumar indica que, por ahora, ese terreno sigue condicionado por la lógica de gobierno. El debate, sin embargo, permanece abierto. Y con él, la posibilidad de definir si la izquierda actúa como fuerza de cambio o como parte de un equilibrio que, en lo esencial, no se cuestiona.
