El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una nueva norma que regula por primera vez el régimen de funcionamiento de la Caja General de Depósitos y Garantías de la Administración regional. El objetivo es que empresas y particulares puedan realizar sus trámites con mayor rapidez, mejorar la claridad de los procedimientos y facilitar la gestión electrónica.
La orden, publicada este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, pretende simplificar procedimientos, reducir plazos y avanzar en la digitalización de los servicios públicos. Según informa el Gobierno regional, entre las principales novedades se incluye la posibilidad de que empresas y fundaciones públicas de la Junta puedan constituir garantías en la Caja General de Depósitos y Garantías, así como la regulación de los supuestos en los que estas se establecen mediante retención de precio en contratos públicos.
Otra de las novedades destacadas es la introducción de la cancelación automática de avales con más de 30 años y de seguros de caución con más de 10 años, lo que permitirá reducir cargas financieras para las empresas y la ciudadanía.
La Caja General de Depósitos, que actualmente gestiona 64.004 garantías, es una unidad administrativa con presencia en todas las provincias a través de las delegaciones de la consejería. Su actividad es clave en ámbitos como la contratación pública, las subvenciones, las expropiaciones o la recaudación de impuestos, así como en el inicio de determinadas actividades económicas que requieren garantías previas para proteger el interés general.
La nueva norma también establece que, si no se cumplen las condiciones establecidas, la Administración podrá gestionar de forma electrónica la incautación total o parcial de las garantías.
La Caja General de Depósitos interviene en numerosos procedimientos administrativos en los que empresas y particulares deben presentar garantías ante la administración. En estos procesos participan distintos actores, como administraciones públicas, entidades financieras o aseguradoras, lo que a menudo complica los trámites. Con la nueva regulación se definen claramente los pasos a seguir, quién debe hacer cada cosa y cómo actuar en cada caso, facilitando así el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de derechos.
Esta regulación se aprueba en el marco de las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de organización y funcionamiento. Se concretan los órganos, procedimientos y trámites relacionados con la constitución, devolución o incautación de las garantías, lo que permitirá una gestión más eficiente y reducirá los plazos.
