(A todas las mujeres
que tengan el nivel cultural que tengan,
se ven obligadas a convivir
con la violencia de género).
El recrudecimiento de la reacción antifeminista no constituye una anomalía histórica ni un fenómeno coyuntural atribuible a excesos retóricos o a tensiones pasajeras. Por el contrario, responde a una dinámica reconocible en todo proceso de transformación estructural: cuando un orden social comienza a ser cuestionado en sus fundamentos, quienes se benefician de él activan mecanismos de defensa destinados a preservar su posición. Así puede entenderse que, a medida que se consolidan políticas de igualdad, se amplían derechos y se visibiliza la violencia machista como problema público, emerja una contraofensiva cada vez más articulada.
Conviene precisar, en primer lugar, que el feminismo contemporáneo no se limita a una agenda simbólica. Incide en dimensiones materiales del poder: redistribuye recursos, cuestiona jerarquías laborales, impugna la división sexual del trabajo y problematiza la asignación histórica de los cuidados a las mujeres. En consecuencia, afecta intereses concretos. El patriarcado, lejos de ser un vestigio cultural, funciona como una estructura que organiza la economía reproductiva, segmenta el mercado de trabajo y naturaliza formas de autoridad masculina tanto en el ámbito doméstico como en el institucional. De ahí que cada avance en términos de igualdad genere resistencias proporcionales.
En este marco, la virulencia del discurso reaccionario adquiere un significado específico. No se trata únicamente de expresiones individuales de malestar, sino de estrategias discursivas y políticas orientadas a desactivar el potencial transformador del feminismo. La relativización de la violencia machista, la inversión retórica que presenta a los varones como víctimas de una supuesta hegemonía feminista y la descalificación sistemática de la educación en igualdad forman parte de un repertorio coherente. Dicho repertorio se ve amplificado, además, por entornos mediáticos y tecnológicos que favorecen la simplificación y la polarización.
Por consiguiente, afirmar que hombres y mujeres deben gozar de los mismos derechos y oportunidades no es una obviedad carente de implicaciones. Supone reconocer que la igualdad jurídica no ha eliminado la desigualdad efectiva y que la violencia contra las mujeres posee una raíz estructural. Asimismo, implica aceptar que la intervención pública en esta materia requiere políticas específicas, recursos suficientes y un marco conceptual claro. Sin esa base, la respuesta institucional se diluye en declaraciones genéricas que no alteran las condiciones que hacen posible la violencia.
La advertencia formulada por Antonio Gramsci sobre los “monstruos” que emergen en los periodos de interregno resulta particularmente esclarecedora para interpretar el presente. Cuando un modelo de organización social pierde legitimidad sin que otro haya logrado consolidarse plenamente, se abre un espacio de inestabilidad donde proliferan discursos restauradores. Estos no siempre adoptan formas explícitamente autoritarias; con frecuencia se presentan como defensores del sentido común o de una normalidad supuestamente amenazada. Sin embargo, su función consiste en rearticular el orden previo bajo nuevas condiciones.
En el plano internacional, la persistente vinculación de, Prince Andrew, con el entramado delictivo asociado a Jeffrey Epstein ha puesto de relieve la intersección entre poder, impunidad y explotación sexual. Más allá de las responsabilidades individuales, estos episodios evidencian la existencia de circuitos de privilegio en los que la cosificación de mujeres y menores puede integrarse en dinámicas de sociabilidad elitista protegidas por influencias políticas y económicas. En consecuencia, la violencia sexual no puede reducirse a comportamientos desviados; debe analizarse también como expresión de relaciones asimétricas de poder.
En el ámbito estatal, la acusación de agresión sexual contra quien ocupó el máximo rango uniformado de la Policía Nacional introduce una dimensión adicional. Cuando la presunta conducta delictiva se atribuye a una figura situada en la cúspide de una institución encargada de garantizar la seguridad, la cuestión trasciende el plano individual. Obliga a examinar las culturas organizativas, los sistemas de control interno y las condiciones que pueden desalentar la denuncia. En otras palabras, plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para proteger efectivamente a quienes deberían estar bajo su amparo.
De manera paralela, la reiteración de asesinatos machistas y de casos de violencia vicaria confirma la persistencia estructural del problema. La frecuencia de estos crímenes desmiente cualquier intento de interpretarlos como episodios excepcionales. Si bien la condena pública resulta necesaria, no es suficiente. Sin una evaluación constante de las políticas implementadas y sin una asignación adecuada de recursos, el riesgo es que la respuesta institucional se convierta en un ritual incapaz de modificar las condiciones de fondo.
En este contexto, la disputa política en torno a la denominación misma de la violencia adquiere relevancia estratégica. Cuando formaciones como Vox rechazan el concepto de violencia machista y proponen categorías alternativas, están cuestionando el diagnóstico estructural que sustenta la acción pública. Asimismo, la disposición del Partido Popular a normalizar ese discurso —incluida la afirmación de que los de Santiago Abascal representarían una variante legítima del feminismo— contribuye a difuminar los límites conceptuales del debate.
Ahora bien, las palabras no son intercambiables. Nombrar la violencia como machista implica reconocer su carácter estructural y, por tanto, la necesidad de medidas específicas. Sustituir esa denominación por fórmulas neutras facilita su trivialización y reduce la presión para mantener políticas diferenciadas. En consecuencia, la controversia semántica refleja una pugna más profunda por la orientación de las instituciones y por la jerarquía de prioridades en la agenda pública.
Además, el entorno digital actual favorece la circulación de narrativas reaccionarias. Los algoritmos que priorizan contenidos polarizantes y la lógica de la viralidad contribuyen a amplificar discursos simplificadores. De este modo, el viejo orden no solo resiste, sino que se adapta a las nuevas infraestructuras comunicativas para reconfigurar su hegemonía cultural.
Frente a esta situación, una estrategia meramente defensiva resulta insuficiente. Es necesario articular la agenda feminista con un proyecto más amplio de justicia social que aborde las condiciones materiales de la desigualdad. La autonomía económica de las mujeres, la redistribución de los cuidados mediante servicios públicos robustos, la educación crítica desde edades tempranas y la protección efectiva de quienes denuncian constituyen pilares indispensables para consolidar avances.
En última instancia, la igualdad entre hombres y mujeres no puede concebirse como un ámbito sectorial de política pública. Se trata de un criterio transversal que condiciona la calidad democrática. Por ello, el conflicto actual debe entenderse como parte de un proceso de redefinición del orden social. La cuestión decisiva no es la existencia de resistencias, sino la capacidad colectiva para sostener y profundizar las transformaciones iniciadas.
Si el interregno se resuelve en una restauración del privilegio, los discursos reaccionarios habrán logrado traducirse en retrocesos efectivos. Si, por el contrario, la sociedad persevera en la ampliación de derechos y en la clarificación conceptual del problema, el claroscuro al que aludía Antonio Gramsci podrá interpretarse retrospectivamente como una fase transitoria hacia una democracia más sustantiva. La dirección final dependerá de la coherencia, la organización y la lucidez con que se enfrente el desafío presente.
