La Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal dedicado, presuntamente, a estafar a migrantes en situación irregular en España ofreciéndoles trámites falsos de residencia a cambio de hasta 8.000 euros, utilizando para ello documentación manipulada para simular arraigos sociales, laborales y familiares.

La organización, además, emitía falsos resguardos de protección internacional por hasta 1.000 euros, haciendo creer a las víctimas que estaban en un proceso de regulación legal. La operación ha culminado con seis registros domiciliarios y 12 detenidos en las provincias de Guadalajara (5), Madrid (4), Toledo (2) y Barcelona (1), tras una investigación de varios meses.

La investigación comenzó en octubre de 2024 cuando, en la provincia de Teruel, se detectó una solicitud de autorización de residencia inicial por reagrupación familiar que no contaba con el correspondiente certificado de inscripción de pareja. Además se constató que se había presentado ciertos documentos que podrían haber sido falsificados, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

A raíz de ese hallazgo, se identificaron decenas de trámites administrativos de extranjería en distintas provincias del país, en los que se constató que varias personas estaban siendo utilizadas como reagrupantes sin su consentimiento, con el objetivo de beneficiar a extranjeros en situación irregular. La organización operaba en varias provincias, manteniendo una red estructurada de captación y derivación de clientes.

Para estas gestiones, la red tuvo la ayuda directa de un funcionario del ayuntamiento de un municipio de la provincia de Toledo quien, presuntamente, facilitaba el acceso irregular a procedimientos administrativos, alteraba datos en registros oficiales y asesoraba a la organización sobre cómo simular arraigos y empadronamientos falsos.

Su colaboración, según la Policía, habría sido esencial para el funcionamiento de la red, proporcionando una vía directa para dar apariencia de legalidad a trámites fraudulentos. La trama hacía uso de los datos obtenidos en bases de datos de acceso exclusivo a funcionarios, para posteriormente emplearlos en la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular a cambio de elevadas sumas de dinero.

COBRABAN ENTRE 3.000 Y 8.000 POR LOS TRÁMITES

La red criminal tenía como objetivo principal captar a migrantes que carecían de permisos de residencia, ofreciéndoles supuestas vías de legalización a través de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, como arraigo social, laboral o familiar.

Para ello, los responsables de la organización elaboraban expedientes falsos en los que simulaban vínculos laborales o familiares inexistentes y elaboraban documentación fraudulenta para presentar ante las administraciones públicas.

A las víctimas, la mayoría de ellas en situación de vulnerabilidad, al encontrarse en un país que no es el suyo y con escaso conocimiento del marco jurídico, se les cobraban cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 8.000 euros, dependiendo del tipo de trámite.

Uno de los métodos más frecuentes utilizados por la red era la falsificación de resguardos de solicitud de protección internacional, los cuales eran vendidos por hasta 1.000 euros por unidad. Este tipo de documento, que normalmente se entrega a personas que inician un proceso de solicitud de asilo, era completamente falso y sin validez alguna. Aun así, era utilizado para dar tranquilidad a las víctimas, quienes creían estar protegidas frente a posibles órdenes de expulsión.

Los investigadores constataron que los miembros del grupo se aprovechaban de sus conocimientos en materia legal y administrativa para simular asesorías jurídicas y facilitar instrucciones sobre cómo actuar ante las autoridades para evitar ser detectados. Incluso se les proporcionaban guiones y directrices sobre qué declarar ante funcionarios de Policía o de la Oficina de Extranjería.

La operación ha concluido con seis registros domiciliarios que ha permitido la desarticulación de la red criminal, y se ha procedido a la detención de 12 personas en las provincias de Guadalajara (5), Madrid (4), Toledo (2) y Barcelona (1). Además, se han incautado 13.670 euros de dinero en efectivo, seis teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, cuatro discos duros y numerosa documentación probatoria relativa a la investigación.