La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha reclamado un Pacto de Estado por el Agua para luchar contra la sequía y evitar el encarecimiento de los alimentos, al tiempo que han cuestionado el uso del agua como arma electoral.
Así se han expresado el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, y el secretario general de esta organización, Juan Valero de Palma, al trasladar a los medios el plan que acaban de presentar al Gobierno al respecto.
Según los regantes, la situación es «muy complicada» y cultivos de secano (como cereales u oleaginosas) de la mitad sur peninsular ya están perdidos, sin prácticamente cosecha. En cuanto a los de regadío, hay cuencas como la del Guadalquivir, por ejemplo, con una dotación de 700 m3/ha que sólo da para regar poco más de una de cada 10 hectáreas lo que lleva al sector a una «ruina completa», según las previsiones de Fenacore. En cuanto a los daños económicos por las restricciones vaticina que se elevarán, en el caso de Andalucía, a más de 3.000 millones de euros en la campaña de riego.
En el caso de las Cuencas Internas de Cataluña y en zonas del Ebro, han señalado que la situación es igual de «desastrosa» que la del Guadalquivir, mientras que en las cuencas del Guadiana y Segura también se van a enfrentar a «restricciones importantes en el riego». En el resto de las cuencas, han alertado de que la situación está empeorando «semana a semana» y creen que se agravará por la previsión de ausencia de lluvias para las próximas semanas.
Por ello Fenacore –que representa a más de 500.000 agricultores y más de 2 millones de hectáreas– ha reclamado una batería de actuaciones «urgentes y necesarias», en el marco de un Plan de acción coordinado contra la sequía que consideran que el Gobierno debe poner en marcha para garantizar la producción de alimentos y una contención de los precios.
Fenacore cree que la lucha contra la sequía debería incumbir a los ministerios de Agricultura, Hacienda, Seguridad Social y Transición Ecológica. Según Del Campo, «el regadío es el motor que alimenta el mundo y, si el Gobierno sigue mirando hacia otro lado, la viabilidad de un gran número de cultivos correrá un serio peligro por la falta generalizada de agua».
«Las pérdidas van a ser históricas para los agricultores y la ciudadanía sufrirá una escalada de precios sin precedentes en los últimos años», ha alertado.
MEDIDAS COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES
En este contexto, los agricultores de regadío reclaman una serie de medidas coyunturales y estructurales contra la sequía. En el primer caso, apuestan por medidas administrativas-fiscales como Decretos de Ley de Sequía que contemplen la exención de los Cánones de Regulación y las Tarifas de Utilización del Agua en todas las cuencas afectadas por la sequía para minimizar las pérdidas y no pagar por un agua que no se recibe.
También piden un IVA reducido al 5% para el suministro de energía al regadío, el apoyo al uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas mediante la agilización de los trámites para la apertura de pozos de sequía y los aprovechamientos estratégicos de aguas subterráneas que complementen los déficits de agua en situación de sequía así como el respaldo al uso de recursos no convencionales, con utilización de aguas regeneradas y procedentes de desaladora en condiciones económicas y de calidad adecuadas para el sector.
Además, abogan por facilitar y apoyar los contratos de cesión de derechos de uso del agua entre comunidades de regantes y entre regantes dentro de cada comunidad para asegurar el uso del agua más eficiente y productivo; flexibilizar las ayudas de la PAC en el contexto de sequía; apoyar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en las Comunidades de Regantes y explotaciones agrícolas; exención del IBI en todas las instalaciones de regadío (balsas de regulación, estaciones de bombeo, canales principales, etc) y bonificar las cuotas sociales y reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva para el periodo impositivo 2022 y 2023.
En cuanto a las medidas estructurales, piden políticas de ahorro de agua que afecten especialmente a la modernización de regadíos, e incremento de los fondos Next Generation destinados a este objetivo, al tiempo que solicitan a las CCAA con competencias sobre las demandas de agua incrementar sus inversiones en mejorar la eficiencia de todos los usos y, en especial, en la modernización de regadíos.
También apuestan por elaborar un Plan Hidrológico Nacional que tenga como objetivo la coordinación entre los diferentes planes hidrológicos de cuenca, con soluciones a todos los problemas de agua que hay en España; incrementar la capacidad de regulación ya que la falta de inversión en obras de regulación agravará la amenaza que suponen las sequías. En este punto, denuncian que se han ejecutado dos de cada diez euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos por lo que abogan por una política hidráulica que permita la construcción sostenible de infraestructuras.
Además, piden prudencia en los caudales ecológicos al considerar que no se deberían haber incrementado en el tercer ciclo de Planificación Hidrológica y apuestan por medidas operativas de infraestructuras, como un plan de fomento e incentivos de ejecución de balsas en las zonas regables para el aprovechamiento de las aguas de escorrentías que se generan con las lluvias y guardar agua para atender las demandas de cultivos.
