En 2021, último año con cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, se realizaron en España 90.189 interrupciones voluntarias del embarazo y solo el 15,67 % tuvieron lugar en un centro público.
Ese porcentaje subirá previsiblemente en los próximos años con la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva que aprueba este jueves el Congreso y que busca garantizar que los centros públicos realicen abortos, lo que exigirá reorganizar los servicios.
Solo Cantabria, Baleares y Cataluña realizan más abortos en la sanidad pública que en la privada, de acuerdo con los últimos datos.
Las estadísticas de Sanidad muestran también que muchas mujeres se ven obligadas a desplazarse para interrumpir su embarazo, ya que doce provincias -Jaén, Huesca, Teruel, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Palencia, Ávila, Segovia, Soria, Zamora y Cáceres, además de Ceuta y Melilla- no notificaron en 2021 ningún aborto.
La reforma elimina también la exigencia de que las menores de 16 y 17 años cuenten con autorización paterna.
En 2021 abortaron 3.734 menores (el 4 % del total) y 2.761 tenían 16 o 17 años.
