El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha asegurado que pone a su institución a disposición del juzgado para ofrecer «cualquier tipo de información que le fuese de necesidad o interés» después de la denuncia interpuesta por familiares de cinco fallecidos por coronavirus en la Residencia San José, gestionada por la entidad.
Gutiérrez ha señalado que no tiene constancia de la denuncia, pero ha aclarado que la residencia «está atendida por unos profesionales magníficos» de los que se siente «orgulloso».
Tras recordar que en la pasada legislatura, la primera desde que tomó las riendas de la Diputación, se consiguió revertir el plan de privatizar este centro, ha apuntado que se han mantenido los residentes y se han incrementado los puestos de trabajo.
«Nos hemos puesto a disposición del juzgado para ofrecer cualquier tipo de información que fuese de necesidad o interés. El trabajo en la residencia social por parte no solo de los gestores, sino de los profesionales, ha sido extraordinario», ha dicho Gutiérrez, que ha recordado que un total de 60 internos han fallecido por coronavirus durante la pandemia, algo que «no se pudo evitar» y que se dio «en toda España y en todo el mundo».
En su opinión, «se ha trabajado con mucha sensibilidad, con mucha alma y dotando a la residencia de todos los medios posibles, tratando a las familias y a los residentes con todo el cariño del mundo».
DENUNCIA DE 5 FAMILIARES
Así ha reaccionado Gutiérrez después de la difusión este martes de una nota de prensa facilitada por el gabinete de Cs y citando al abogado de la causa en la que se aseguraba que el Juzgado de Instrucción número 2 de Toledo «ha abierto diligencias penales» para investigar la gestión llevada a cabo durante la pandemia del coronavirus en la Residencia Social Asistida San José de Toledo, dependiente de la Diputación, tras la denuncia presentada por cinco familias de víctimas del COVID-19 que acusan al centro de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.
El abogado que representa a las familias, Francisco González, asegura según este comunicado que en una resolución fechada el pasado 4 de septiembre el juzgado toledano le ha comunicado el inicio de la apertura de diligencias de investigación sobre los hechos objeto de la denuncia y la consecuente depuración de responsabilidades.
La denuncia fue presentada el 16 de junio de 2020 por el letrado en representación de cinco familias de fallecidos por COVID-19 contra el gerente de la residencia, la diputada de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social en el Gobierno de la Diputación de Toledo, la diputada de Bienestar Social y Sanidad en la RSA y la propia Diputación de Toledo, institución responsable de este centro.
Cita esta nota como firmantes de la denuncia a la viuda de un hombre de 66 años «que falleció el 14 de abril tras permanecer 17 días confinado, sin que la familia recibiera apenas información sobre su estado de salud y sin ser trasladado a un hospital»; y el viudo de una mujer de 93, que se contagió en la residencia y que, «cuando la familia consiguió que fuera trasladada a un hospital, presentaba síntomas de deshidratación y una grave infección de orina sin tratar».
EL PP MUESTRA SU PREOCUPACIÓN
Al hilo de esta información difundida este martes, el presidente del Grupo Popular de la Diputación de Toledo, Manuel Fernández, mostró su preocupación, destacando que su partido «lleva meses denunciando» la situación de la residencia.
Destacaba Fernández el «respeto del PP a la investigación», mostrando su «total apoyo a los familiares y también a los trabajadores, que han realizado su labor en condiciones muy duras desde el inicio de la pandemia».
«Siempre hemos estado a disposición para ayudar, sin embargo, nuestras peticiones para que se garantizara la mayor seguridad de residentes y trabajadores, en muchos casos no obtenían respuesta del Equipo de Gobierno», ha lamentado Fernández, quien ha agradecido a los trabajadores su enorme esfuerzo y su compromiso, que han demostrado aún más durante esta crisis sanitaria.
CS CRITICA LA «ROTACIÓN DE TRABAJADORES»
El diputado de Ciudadanos, Julio Comendador, se ha referido al respecto a preguntas de los medios tras una rueda de prensa este miércoles, y ha señalado la necesidad de hacer una «investigación desde lo político» al margen de la judicial, para la cual, ha señalado, hay que «esperar los tiempos».
Aprovechando la pregunta, ha cuestionado «qué va a pasar con las visitas» en este centro donde la situación «es un drama», al tiempo que ha criticado que haya «mucha rotación de trabajadores», ya que de más de 500 empleados «muchos no son personal fijo y ese modelo de gestión se tiene que revisar y mejorar».
«Nosotros ya ofrecimos investigar de manera constructiva los errores de gestión que habían ocurrido en la residencia. La respuesta del equipo de Gobierno fue negar la evidencia de que había errores de gestión», ha lamentado Comendador, quien considera que en una situación como ésta hay que «ponerse las pilas».
