El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que planteará en la próxima Conferencia de Presidentes abrir una agenda de estudio acerca de la armonización fiscal de las comunidades autónomas y sobre el uso de las lenguas cooficiales.
Así se ha pronunciado este jueves García-Page durante el acto de toma de posesión de los miembros del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en el que ha defendido que el modelo de Estado autonómico ha sido el «principal acelerador de los cambios en el país» al «aproximar» los servicios públicos al ciudadano, si bien se ha mostrado partidario de revisar sus pautas de comportamiento.
«Al Estado autonómico le vendría bien hacer un mínimo examen de conciencia para saber qué cosas hay que modificar», ha afirmado el jefe del Ejecutivo castellano-manchego, antes de agregar que hay muchas normas regionales «generadas sin mala intención» pero basadas en «la competencia mal entendida o en la envidia insana».
García-Page ha considerado esencial reflexionar sobre la armonización fiscal entre regiones y, en ese sentido, se ha preguntado: «¿Qué es eso de que las comunidades autónomas se pasen el día pidiendo más dinero para hacer demagogia fiscal?». Dicho esto, ha subrayado que el modelo autonómico no nació para «agrandar la brecha de oportunidades entre unos y otros».
Asimismo, ha pedido inaugurar una nueva etapa en la que el Estado con las comunidades autónomas inicien un diálogo no solo sobre la armonización fiscal sino sobre el uso de las lenguas cooficiales.
«No soy contrario a que se hable el catalán en Cataluña o el valenciano en la Comunidad Valenciana pero sí soy contrario a que el idioma signifique una diferencia de igualdad de trato a los que hablamos el castellano», ha comentado García-Page.
Para el jefe del Ejecutivo autonómico, es necesario proteger la diversidad y la pluralidad cultural de España pero no a costa de impedir el ejercicio de los derechos básicos de la ciudadanía y, en este puesto, ha puesto como ejemplo la igualdad para presentarse a oposiciones públicas en determinadas comunidades autónomas.
Del mismo modo, ha pedido a los miembros del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ahondar en la legislación europea en relación a los pleitos que se puedan dar entre administraciones como el problema del agua «en el que se ha dado la razón a esta región».
